El Congreso apoya derogar el traspaso del Registro Civil a los registradores

El traspaso de la gestión del Registro Civil a los registradores de la Propiedad y mercantiles queda enterrado definitivamente con las enmiendas al proyecto de ley del Gobierno que todos los grupos parlamentarios han firmado y registrado la tarde del jueves en el Congreso. Finalmente, la Ley del Registro Civil de 2011 no entrará en vigor hasta el 30 de junio de 2017, en lugar del 15 de julio próximo como estaba previsto.

Se trata, pues de la tercera vacatio legis que sufre esta norma. Y reproduce la petición que le habían hecho los sindicatos al Ministerio de Justicia, que en principio había anunciado una prórroga de sólo un año.

Además, todos los grupos se han puesto de acuerdo en que deben quedar derogadas las cinco disposiciones adicionales de la Ley 18/2014, de 15 de octubre que encomendaron la gestión del Registro Civil a los registradores e imponían un sistema informático único tanto para las oficinas de ese organismo como para las de los registros de la Propiedad y mercantiles y para las consulares. Sí se mantiene, en cambio, la disposición que garantizaba la gratuidad de los servicios que el Registro Civil presta a los ciudadanos.

La iniciativa llega tras una tramitación en el Congreso que se prolongaba desde el pasado mes de septiembre y tras una polémica que no ha cejado: todos los sectores implicados, desde los funcionarios de Justicia hasta los jueces, los secretarios judiciales y los propios registradores se han opuesto frontalmente al traspaso del Registro Civil en los términos diseñados por el Gobierno. Primero por Alberto Ruiz-Gallardón y después por Rafael Catalá al frente del Ministerio de Justicia.

Ni siquiera el intento de este último por enmendar la reforma del primero ha conseguido superar los numerosos obstáculos que han bloqueado el proyecto. Sindicatos, oposición, funcionarios y jueces rechazaban una reforma que consideran una “privatización” del Registro Civil. Ni siquiera los registradores, en principio beneficiarios de la medida, la apoyaban. Acusaban al ministerio de endosarles un trabajo añadido sin haber calculado el coste. El contrato para desarrollar la plataforma informática, además, sembró la división en el gremio, que veía en la adjudicación un “pelotazo” instado por un puñado de registradores próximos al hermano del presidente del Gobiernopróximos al hermano del presidente del Gobierno, también registrador como él.

De hecho, Justicia llegó a adjudicársela, a través de un organismo dependiente del Ministerio de Defensa, Isdefe, a dos empresas, Indra y Telefónica. Tras la llegada de Catalá al departamento, la adjudicación decayó. Sin embargo, el Colegio de Registradores incluyó en sus presupuestos para este año una partida de 18,6 millones de euros para desarrollar el nuevo sistema informático. Indra y Telefónica son algunas de las empresas con las que el órgano colegiado contrató esos trabajos, ahora con destino incierto.

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Los registradores no querían sufragar el Registro de sus propios bolsillos y, mientras el ministro Catalá reiteraba en sus declaraciones públicas que los servicios al ciudadano iban a seguir siendo gratuitos, el Colegio Oficial negociaba con Justicia en una comisión ad hoc qué trámites iban a empezar a cobrarse y cuáles no.

Antes, el Consejo de Estado había inutilizado, con un duro dictamen, la Corporación de Derecho Público, una suerte de colegio de registradores paralelo, que Ruiz-Gallardón había diseñado para hacerse cargo de los nuevos registros integrados.

Durante los últimos meses los sindicatos de funcionarios del Registro no han dejado de movilizarse para exteriorizar su rechazo al traspaso a los registradores. Y los secretarios judiciales, de repetir su disposición a hacerse cargo de esas oficinas. Una opción que rechazó Ruiz-Gallardón y no satisface tampoco a Catalá. Cuando éste anunció que la reforma quedaba en suspenso, en cualquier caso, abrió la puerta a negociar con todas las partes implicadas el diseño de un nuevo modelo. Será el que salga del anteproyecto de ley que continúa ahora su tramitación en las Cortes, quizá con mayor consenso que hasta ahora a la vista de la iniciativa conjunta que ha quitado el Registro Civil de las manos de los registradores mercantiles.