La empresa que denunció ilegalidades en Aznalcóllar asegura que no se le permitió ver el expediente

Emerita Resources España SLU, cuya denuncia contra la concesión de la mina de Aznalcóllar a una compañía rival para la que trabajaba un ex alto cargo socialista desencadenó la investigación judicial que ha dinamitado el tercer intento de investidura de Susana Díaz como presidenta de Andalucía, sostiene que la Administración autonómica le impidió en todo momento acceder al expediente. 

Basándose en un informe policial de la UDEF, la jueza que investiga la denuncia de Emerita acaba de vapulear a la Junta al dar por hecho en un auto que el procedimiento estuvo plagado de irregularidades y que la Junta lo resolvió “sin observar el más mínimo rigor”, tal como adelantó el miércoles el diario El Mundo.

Mientras que el Gobierno andaluz, que ha paralizado la adjudicación definitiva de manera precautoria, defiende a capa y espada la limpieza del proceso, Emerita sostiene que la apertura de sobres de la segunda fase del concurso llegó a hacerse “en secreto”. infoLibre intentó con insistencia a última hora de la tarde de este jueves verificar ese extremo a través de los portavoces del Gobierno andaluz para esta materia. Pero no fue posible contactar con quienes conocen el detalle del expediente, al parecer "muy complejo" desde el punto de vista jurídico. 

Los denunciantes admiten en su denuncia que desde el inicio del concurso albergaban sospechas por lo sucedido previamente con otra licitación, la de una mina de Paymogo (Huelva) cuya concesión recayó en Matsa, empresa que años atrás saltó a los titulares porque una hija del expresidente Manuel Chaves trabajaba para ella. “Para comprobar que estas irregularidades en los procesos de adjudicación de las concesiones mineras –dice la denuncia– no son un hecho aislado, basta con ver que en la franja pirítica de Huelva, las concesiones se han dado siempre a una misma empresa”. A renglón seguido, la denuncia menciona a Matsa y relata cómo –supuestamente– obtuvo la concesión de Paymogo pese a que su oferta contenía errores que habrían debido llevar a su exclusión como licitante.

Frente a las acusaciones de Emerita, los socialistas remachan que todo está claro en el concurso de Aznalcóllar, el municipio sevillano donde la rotura de una balsa de desechos tóxicos de la empresa que entonces explotaba la mina, Boliden, provocó en 1998 una catástrofe ecológica sin precedentes que puso en jaque a Doñana.

Entre los argumentos centrales de los socialistas figura este: que para amañar el concurso tendrían que haberse confabulado no 13 cargos socialistas sino 13 funcionarios de carrera, los que participaron en el proceso. Los denunciantes, en cambio, entienden que el escenario de opacidad que describen en su denuncia y en las dos ampliaciones posteriores refuerzan los indicios de juego sucio.

IU solo pudo ver “el lomo” de los proyectos

Fuentes cercanas a la cúpula del Ejecutivo autonómico remacharon no obstante que Izquierda Unida (IU) “tuvo acceso al expediente”, por lo que pusieron en duda que Emerita no hubiera tenido la mista potestad a su alcance. Pero lo que mantiene IU es que, una vez anunciada la identidad de la empresa ganadora, se le permitió el 23 de febrero ver los informes administrativos incorporados al expediente pero no cotejarlos con los dos proyectos que habían llegado a la segunda y última fase, el de Minorbis y el de Emerita. “Nos dijeron, literalmente, que si queríamos podíamos ver el lomo de los proyectos”, resumió por la noche un portavoz oficial de IU en Andalucía.

Este diario no ha podido contrastar esa afirmación ni conocer qué precepto legal habría invocado la Consejería de Economía, Innovación y Empleo –convocante del concurso– para impedir el acceso de Emerita Resources al expediente durante su tramitación o el de IU una vez finalizado el proceso selectivo. Antes de la aprobación de la Ley de Transparencia, la ley estatal 30/92, de Procedimiento Administrativo, ya garantizaba a “los interesados” el acceso a los expedientes administrativos y “a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos”, así como a “obtener copias de documentos contenidos en ellos”.

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Sellada el pasado 26 de febrero, cuatro días después de que se anunciara la identidad de la empresa ganadora, la denuncia de Emerita Resources incorpora el siguiente párrafo en el relato de hechos: “Que si bien en la primera fase del concurso los sobres se abrieron públicamente en dependencias de la Consejería [de Economía], para la segunda fase se anunció que se haría mediante una retransmisión en directo que se podría ver por internet. Sin embargo, llegado el día, en lugar de la apertura de sobres lo que se retransmitió fue la lectura de un acta donde se daban a conocer las puntuaciones”. “Es decir –añade el texto–, que los sobres se habían abierto previamente en secreto, y supuestamente había dado tiempo a estudiarlos y emitir las puntuaciones. Es más, los departamentos de las diferentes Consejerías tendrían que haber emitido preceptivos informes para poder efectuar dichas valoraciones”.

“El caso –concluye este apartado– es que dichos informes permanecen ocultos y se nos niega el acceso a ellos, de modo que no se explica cómo se han concedido los puntos, criterios tenidos en cuenta ni detalle alguno por mínimo que sea”.

El Ejecutivo andaluz presentó el miércoles un informe jurídico que reafirma la legalidad del procedimiento aplicado en tres puntos cuestionados tanto por los denunciantes como por la juez que instruye el caso, la titular del juzgado de instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández. El informe sostiene que no se vulneró la legislación sobre contratos públicos al no suspenderse la tramitación del expediente una vez que Emerita interpuso el llamado recurso especial en materia contratación; que tampoco se vulneró al no exigirse a Grupo México que aportase un informe del consulado español en el país azteca para acreditar su aptitud para contratar con el sector público español; y que las conclusiones de la Mesa de Contratación en relación al cumplimiento de los requisitos de solvencia exigidos a Minorbis –la empresa en la que participa Grupo México y ganadora del concurso– se ajustan a derecho.