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Caso de los espías

La Audiencia de Madrid obliga por tercera vez a reabrir el 'caso de los espías' a sueldo de la Comunidad

Por tercera vez en seis años, la Audiencia de Madrid ha forzado la reapertura del caso de los espías a sueldo de la Comunidad de Madrid, que la jueza instructora, Carmen Valcarce, había archivado de nuevo pese a los informes que acreditan la existencia de seguimientos a enemigos políticos internos de Esperanza Aguirre y su sucesor al frente del Gobierno regional, Ignacio González.

En su resolución, la Audiencia remarca que la jueza del caso, Carmen Valcarce, titular del juzgado de instrucción 5 de Madrid, debe obedecer su decisión. Y recuerda que, aunque la Fiscalía no ha recurrido el archivo de la causa, esta debe seguir adelante aunque solo tenga el impulso de la acusación popular, ejercida por los socialistas madrileños (PSM).

La Audiencia acepta así el recurso del PSM contra el carpetazo dictado por la juez el pasado 23 de febrero en una causa que estalló en mayo de 2009 después de que el diario El País revelase que altos cargos del PP madrileños enfrentados a Esperanza Aguirre habían sido sometidos a vigilancia por empleados de la Comunidad de Madrid. Entre los espiados figuraban el vicealcalde de la capital, Manuel Cobo, y un exvicepresidente del Gobierno regional, Alfredo Prada.

Como en las dos ocasiones anteriores, y en todas ellas a instancias del abogado Wilfredo Jurado, que representa a los socialistas madrileños (PSM) como acusación popular, la Audiencia obliga a la magistrada a reabrir el caso con un auto de gran contundencia.

La resolución recuerda a la magistrada que la misma sección que ahora se pronuncia, la 16, ya dejó sentado en marzo de 2011 "que existen indicios suficientes acerca de la comisión de un delito de malversación de caudales públicos".

El auto de reapertura pone en evidencia a la juez al enumerar los indicios que ya en marzo de 2011, es decir, hace cuatro años, quedaron recogidos en sendas resoluciones de la Audiencia.

Y entre esos indicios destacan el de "que los informes policiales llegan a determinar la autoría de los partes de seguimiento", el resultado de la pericial que señaló a uno de los cinco imputados como autor de los partes de seguimiento y la "vaguedad" y "ausencia de credibilidad" de las declaraciones prestadas por los subordinados del principal implicado, Sergio Gamón, exdirector de Seguridad de la Comunidad de Madrid.

"La resolución que ahora se recurre -señala la Audiencia en relación al auto de sobreseimiento dictado en febrero por la juez Valcarce- no recoge ninguna circunstancia que, acaecida posteriormente al precitado pronunciamiento sobre existencia de indicios hubiera podido provocar una decisión diferente". Es decir, no ha pasado nada que pudiera explicar la decisión de archivar el caso.

La Audiencia subraya que la juez debe obedecer

El tercer intento de cerrojazo de la juez Valcarce se produjo, en efecto, el 23 de febrero. Para entonces, Pedro Sánchez ya había fulminado a Tomás Gómez como líder de los socialistas madrileños. Que el recurso contra el auto de Valcarce se presentara con posterioridad a esa fecha indica, por tanto, que la nueva dirección del PSM mantiene sobre el caso del espionaje la misma línea que el equipo anterior.

En su recurso, el PSM censuraba que una y otra vez la juez hubiese desoído el mandato de la Audiencia de Madrid. El tribunal de apelación hace suyo ese reproche a tenor de la escueta pero inequívoca orden que transmite a la instructora del caso: "El juzgado de instrucción debe cumplir con lo resuelto por el órgano jurisdiccional superior y proceder por lo tanto en el sentido que ya fue acordado por esta sección de continuación del procedimiento".

Los socialistas entienden que la instrucción ha de darse ya por finalizada para que comience la cuenta atrás hacia el juicio oral. Y eso es lo que, en teoría, debe ocurrir ahora salvo que la juez articule alguna nueva maniobra para cerrar el caso.

Ni la juez ni la Fiscalía quieren que el caso siga adelante. En defensa de su posición, la juez argumenta prácticamente lo mismo que el primer año de instrucción: que no es posible cuantificar la presunta malversación, es decir, el desvío de fondos públicos utilizados para vigilar -supuestamente tambiénh- a los enemigos políticos de Esperanza Aguirre e Ignacio González.

"Fines ajeno a la causa pública"

Pero la Audiencia vuelve a marcar a hierro su doctrina tanto sobre la ausencia de acusación pública como sobre la malversación: basta que haya acusación popular, dice el auto, para el caso siga adelante. Y sí es posible evaluar el desvío y, por tanto, los "perjuicios" derivados de destinar a varios funcionarios "a fines ajenos a la causa pública", tarea para la que se destinaron "jornadas enteras durante muchos días al mes, al menos durante tres meses".

Y todo eso, razona el auto de reapertura, es susceptible de cuantificación "a través de las nóminas correspondientes, los vehículos usados, el combustible repostado y los consumos de móviles".

La exmujer de Gamón, sin derecho al silencio

El auto aborda también uno de los hitos más importantes de la instrucción en los últimos meses: la citación de la exmujer de Sergio Gamón, Yolanda Laviana, como testigo y la posterior dispensa para declarar que le ofreció la juez Valcarce. Esa dispensa, sostiene la Audiencia, no cabe aquí porque solo resulta aplicable al cónyuge o análogo y no a alguien que ya ha roto con la persona sobre la que debe declarar, que es lo que ocurre aquí.

La citación de Laviana, igualmente rechazada por la instructora y forzada por la Audiencia, se produjo a raíz de unas declaraciones al diario El País en las que aseguró que su exmarido "ya investigaba desde 2006 a Alfredo Prada para Ignacio González".

Laviana no ha llegado a declarar aún. Pero la causa dio un salto cualitativo en enero de 2013 cuando uno de los imputados, el guardia civil José Oreja, lanzó la misma acusación: pero por escrito y en un texto dirigido a la juez.

Según Oreja, se les ordenó espiar no solo a Manuel Cobo y Alfredo Prada sino también a Alberto Ruiz-Gallardón porque el entonces vicepresidente y ahora presidente regional en funciones, Ignacio González, tenía "especial interés"en ellos. En otras palabras, Oreja vino a confirmar las declaraciones de Laviana, aunque la juez Valcarce no hizo nada: se limitó a concluir que su confesión carecía de crédito. 

Valcarce ya había intentado en julio de 2010 cerrar la investigación con el siguiente razonamiento: dado que era imposible cuantificar el dinero público malversado para los hipotéticos seguimientos, no hay causa que investigar. Nueve meses después, marzo de 2011, la Audiencia de Madrid forzó la reapertura: los hechos –adujo el tribunal– ofrecen claros indicios de un posible delito de malversación.

Durante un año, la jueza mantuvo abiertas las diligencias pero, a efectos prácticos, en estado de hibernación. Y en febrero de 2012 archivó por segunda vez el caso. De nuevo, pero ahora solo tres meses después, la Audiencia de Madrid impuso la reapertura.

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