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Caso Gürtel

De la Mata rechaza que los juzgados de Plaza de Castilla juzguen la ‘caja B’ del PP

  • Desestima la petición de los arquitectos que reformaron la sede de Génova porque este caso tiene una "evidente" conexión con la 'Gürtel'
  • El magistrado argumenta que la atribución de esta pieza separada del caso a la Audiencia Nacional se determinó desde el primer momento con la "aquiescencia de las partes"

infolibre Publicada 15/06/2015 a las 17:27 Actualizada 15/06/2015 a las 17:28    
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El arquitecto Gonzalo Urquijo, que hizo las obras en Génova, conversa con Mariano Rajoy en presencia de Ángel Acebes y Luis Bárcenas.

El arquitecto Gonzalo Urquijo, que hizo las obras en Génova, conversa con Mariano Rajoy en presencia de Ángel Acebes y Luis Bárcenas.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata rechazó este lunes enviar la causa en la que se investiga la caja B del Partido Popular a los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, por su "evidente" conexión con la trama 'Gürtel' y porque no es "arbitrario ni irrazonable" que este procedimiento sea competencia de la Audiencia Nacional.

En un auto, De la Mata rechaza la petición de los responsables del estudio de arquitectura Unifica, que reformó la sede central del partido en la calle Génova de Madrid, Gonzalo Urquijo y Belén García. El PP se adhirió a su solicitud al entender que la supuesta defraudación a Hacienda no ha tenido "repercusión en la economía nacional".

El magistrado argumenta que la atribución de esta pieza separada del caso Gürtel a la Audiencia Nacional se determinó desde el primer momento con la "aquiescencia de las partes", incluida la defensa de Urquijo y García, que "ha instado la práctica de diligencias y deducido las pretensiones que ha estimado convenientes para sus intereses, sin cuestionar la competencia a lo largo de toda la instrucción de la causa".

De este modo, recalca que los socios de la empresa Unifica, para quienes la Fiscalía pide sendas penas de tres años y diez meses de cárcel por fraude fiscal y falsedad documental, han aceptado "pacíficamente" la competencia de la Audiencia Nacional durante toda la fase de investigación y que en este momento, cuando se ha abierto juicio oral, este extremo es "irrecurrible".

"Las propias partes se han aquietado en todo momento a la competencia de la Audiencia Nacional", prosigue el juez, para añadir que la llevanza por este órgano judicial no se basa en una "mera expresión de voluntad" ni en "razones meramente formales o sin conexión lógica" con la causa principal, en la que se investigan las actividades de la trama de presunta corrupción liderada por Francisco Correa.

Además de la coincidencia de alguno de los responsables, como los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, y la "coetaneidad" de la comisión de los hechos, el juez ve "evidente" que "el objeto de la causa es el mismo". Alude así a las "relaciones entre el PP y distintas empresas proveedoras de servicios que mantenían relaciones personales de confianza con responsables políticos nacionales y regionales del partido".

Cargos que determinaron, "mediante la adjudicación irregular de contratos públicos, la simulación de contratos, la donación de fondos para conseguir contratos o la falsificación documental para ocultar pagos, un flujo de comisiones ilegales para distintos cargos públicos y una prestación de servicios y recursos económicos al Partido Popular, algunos de los cuales quedaron parcialmente ocultos al circuito económico legal, al cumplimiento de las obligaciones tributarias y al control y fiscalización del Tribunal de Cuentas".

De la Mata abrió el pasado mayo juicio oral contra los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, el exgerente del PP Cristóbal Páez, los socios de Unifica Gonzalo Urquijo y Belén García, y su empleada Laura Montero. Además, consideró que el partido debe ser juzgado como responsable civil subsidiario de los presuntos delitos que estos habrían cometido.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 estableció una fianza civil de 1,2 millones de euros para la formación presidida por Mariano Rajoy. En concreto, reclamaba algo más de un millón de euros por el Impuesto de Sociedades de 2007 que dejó de abonar la empresa Unifica, que renovó Génova, y 220.000 por la cantidad que habría dejado de ingresar ante Hacienda por el Impuesto de Sociedades de 2008, en el que recibió donaciones presuntamente irregulares por valor de 1.055.000 euros.


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