Caso Gürtel

Dos exvocales del Poder Judicial propuestos por el PP juzgarán la primera pieza del ‘caso Gürtel’

El magistrado Enrique López, en una imagen de archivo.

Tono Calleja | Alicia Gutiérrez

El magistrado próximo al PP Enrique López será el ponente del tribunal, marcadamente conservador, que juzgará a los 40 procesados por la primera pieza del caso Gürtel, según informó un portavoz de la Audiencia Nacional.

López dimitió hace un año como integrante del Tribunal Constitucional, nombrado a propuesta del PP, tras ser cazado conduciendo ebrio y sin casco por el paseo de la Castellana por Madrid, por lo que acabó incorporándose a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Enrique López había sido miembro del Consejo General del Poder Judicial, también a propuesta del PP, órgano del que fue portavoz (2001-2008).

Además de López, en el tribunal estará la magistrada Concepción Espejel, que fue nombrada en 2008 vocal del CGPJ a propuesta del Partido Popular y que ahora presidirá la vista oral. El tercero de los jueces es Julio de Diego, que también cuenta con un perfil conservador. 

Tras conocerse la composición del tribunal, elegido por reparto, la sombra de la recusación planea tanto sobre Enrique López, portavoz del Poder Judicial entre 2001 y 2005, como sobre Concepción Espejel.

Porque entre los hechos que el tribunal deberá enjuiciar figuran aquellos de carácter delictivo que, según el auto de apertura de juicio del caso Gürtel, beneficiaron económicamente al PP. Al PP, como persona jurídica, no se le atribuye ningún delito -el juez Pablo Ruz precisó en uno de sus autos que el anterior Código Penal le impedía tal opción- pero sí consta como partícipe a título lucrativo. 

Un relevante papel en la causa por el incendio de Guadalajara

Entre los hitos profesionales de Concepción Espejel se cuenta su actuación como presidenta de la Audiencia de Guadalajara tras el incendio forestal que en 2005 acabó con la vida de 11 bomberos forestales. Como presidenta del tribunal provincial, Espejel ordenó a la juez que instruía el caso que siguiera investigando a responsables políticos de la Junta de Castilla-La Mancha -entonces gobernada por el PSOE- cuando esta ya había descartado que hubiera indicios para seguir en esa dirección.

Ocurrió en 2007. Y esa juez acababa de ganar un ascenso que implicaba su traslado a San Sebastián, pero su condición de presidenta de la Junta Electoral preceptuaba que ese traslado no debía producirse hasta transcurridos 100 días de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de aquel año. Así lo ordena la Ley Electoral pero, con los votos -mayoritarios- de los vocales del PP en el Poder Judicial, la juez recibió instrucciones de marcharse a su nuevo destino en el plazo de 10 días. 

Su sustituta en Sigüenza sí encontró razones para avenirse a los planes de Espejel: procesó a 15 políticos de la Junta castellano-manchega. En 2012, con Espejel ya en la Audiencia Nacional, la Audiencia de Guadalajara los exoneró al completo y tumbó esos procesamientos.

El infortunado accidente, decía la resolución, "no se debió a la falta de medios o ausencia de formación del personal que intervino en la extinción", sino al "aumento repentino e imprevisto de la velocidad de propagación del fuego al sur de la zona donde operaban los trabajadores".

Vinculado a Ulibarri

La participación en el juicio de López es polémica porque a través de un familiar está vinculado a José Luis Ulibarri, uno de los principales empresarios imputados por su participación en la pieza principal del caso Gürtel.

Miguel Manovel, casado con una hermana del magistrado, trabajó para Ulibarri como directivo y miembro de los consejos de varias de sus sociedades por lo que fue quien firmó las cuentas de 2005 presentadas por su empresa UFC, clave en la Gürtel.

UFC obtuvo en 2005 la adjudicación de una parcela municipal en Boadilla (Madrid). La empresa ganó pese a que ni siquiera estaba dada de alta en la Seguridad Social y a que su oferta era peor que las de otras compañías que acudieron al concurso.

Según las citadas fuentes jurídicas, el juicio se celebrará como muy pronto a finales de 2016 ya que el tribunal tiene procedimientos señalados hasta febrero de ese año y antes de que se celebre el primer juicio de Gürtel en la Audiencia Nacional se desarrollarán otros ocho, tres de ellos con carácter prioritario por existir presos entre los acusados.

En el banquillo de los acusados se sentarán 40 personas, entre los que se encuentran el presunto líder de la trama, Francisco Correa, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 125 años de cárcel, así como tres extesoreros del PP: Luis Bárcenas (para el que el Ministerio Público pide 42 años y medio de cárcel), Álvaro Lapuerta (tres años) y Ángel Sanchís (ocho años).

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La Fiscalía también reclama que el Partido Popular y la exministra de Sanidad Ana Mato respondan como partícipes a título lucrativo de los delitos investigados. Mato, en concreto, se habría beneficiado de 28.468 euros en regalos realizados por la red y el 50% de sus fiestas familiares, mientras que la Gürtel habría sufragado al PP con 328.440 euros: 216.576 en Majadahonda y 111.864 en Pozuelo.

Las fiscales del caso, Concha Sabadell y Concha Nicolás, acusan a un total de 40 personas, entre las que destacan el presunto número dos de la trama y exsecretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo, que podría ser condenado a un total de 85 años y medio de cárcel; y el contable de la organización, Pablo Izquierdo, que se enfrentará a una pena de 43 años y ocho meses.

También serán juzgados el exconsejero de Deportes y exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, que se enfrenta a 46 años de cárcel; el exviceconsejero de Inmigración y Cooperación Carlos Clemente (diez años y medio de cárcel); el exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda (15 años y cuatro meses); y el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega (50 años y diez meses).

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