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Corrupción

Hacienda sugiere que 12 millones del mayor pelotazo de la 'Gürtel' acabaron en la 'operación Calderón'

Francisco Correa

La Agencia Tributaria considera que 12 de los 25 millones que Francisco Correa percibió por su intermediación en la adjudicación de unos terrenos en Arganda del Rey (Madrid), considerado el mayor pelotazo del caso Gürtel, pudieron acabar en la operación urbanística del estadio Vicente Calderónoperación urbanísticaestadio Vicente Calderón, según consta en un informe remitido al magistrado que instruye el caso en la Audiencia Nacional, José de la Mata, al que ha tenido acceso infoLibre.

"Queda pendiente de conocer qué ha ocurrido con los 12 millones de euros", indica el documento de Hacienda, que apunta dos opciones. La primera, que pasaran a formar parte del precio de las acciones pagadas por el imputado Manuel Salinas al empresario Fernando Martín por la venta del 5,01% de la empresa RTM Desarrollos Urbanísticos y Sociales.

La familia Gil traspasó en 2006 el estadio Vicente Calderón, valorado en 226,18 millones, a la división inmobiliaria del Atlético de Madrid (Dicam), promotora de la Operación Calderón-Mahou. Y en su constitución vendieron el 10% (22,6 millones) a RTM y el 5% a Caja Madrid, obteniendo en total 33,9 millones. 

Ese dinero, según el club, fue devuelto años después al no fructificar la operación urbanística, que preveía la construcción de 2.000 viviendas libres, pero también el traslado de la sede deportiva del Atlético de Madrid al conocido como estadio de La Peineta, que según la previsión del Ayuntamiento de Madrid iba a ser el Estadio Olímpico de Madrid, edificado por la constructora FCC.

RTM, constituida en 2004

RTM fue constituida el 19 de abril de 2004, dos meses antes de que el Atlético de Madrid, presidido por Enrique Cerezo, traspasara el estadio a la división inmobiliaria del Atlético de Madrid. Y según el informe de Hacienda Fernando Martín, que acabó siendo presidente del Real Madrid, se hizo con el 33% del capital de RTM.

Posteriormente, el empresario Manuel Salinas adquirió el 5,01% del total de RTM a Fernando Martín, por lo que pagó 5 millones de euros. Pero tal y como adelantó infoLibre, otros cuatro millones habrían sido abonados desde paraísos fiscales, por lo que el dueño de Martinsa habría percibido 9 millones de euros por el 5,01% de RTM.

A los 9 millones habría que añadir los mencionados 12 millones hasta ahora sin destino conocido: "De forma que el precio total [por las acciones de RTM] sería de 21 millones de euros", completa el informe remitido por la Agencia Tributaria al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. 

Amando Mayo Rebollo, uno de los imputados por este pelotazo, reconoció en un escrito dirigido al juez de Gürtel que el destino de su inversión de 700.000 euros fue la participación en la compra de Martinsa-Fadesa de acciones de la compañía mercantil RTM "para un proyecto inmobiliario sobre los terrenos privados del Estadio Vicente Calderón".

La documentación remitida por el banco de Fernando Martín en Mónaco especifica que una transferencia de 4 millones a Correa era una inversión en los terrenos del Atlético de Madrid "a través de la sociedad RTM". Pero en realidad la inversión en RTM, según la contabilidad de Martinsa, ya se había producido en los años 2004 y 2005.

12 millones por la operación Argandaoperación Arganda

Pero el informe de Hacienda indica un posible segundo destino de los 12 millones de euros que el empresario zaragozano Manuel Salinas transfirió a Correa en Suiza en 2004. Que fueran una participación "oculta"  en la operación Arganda operación Argandapor parte del propio Salinas.

Según consta en el mencionado documento remitido al juez De la Mata, los beneficios brutos que Martinsa habría obtenido por la venta de viviendas en los terrenos adjudicados en Arganda habrían superado los 535 millones de euros.

En este sentido, la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre reconoció en su declaración por escrito en la Audiencia Nacional haber participado en una reunión en el despacho de Mariano RajoyMariano Rajoy en la sede del PP en la que el que fuera tesorero del PP Álvaro Lapuerta alertó de un posible pelotazo en Arganda del Rey.

Recientemente, el comisario José Manuel Villarejo, quién junto a su compañero en el Cuerpo Nacional de Policía Enrique García Castaño fue acusado por el presidente de la Comunidad de Madrid de haberle "chantajeado" durante una entrevista mantenida en 2011 en un establecimiento de la madrileña Puerta del Sol, donde se encuentra la sede del Gobierno de esta Comunidad, vinculó al presidente en funciones madrileño Ignacio González con el pelotazo de Arganda.

Diez delitos fiscales

El documento de Hacienda confirma, además, que los imputados en la operación urbanística de Arganda habrían podido cometer una decena de delitos contra la Hacienda pública por defraudar 4,8 millones. En concreto, el informe sostiene que el empresario Fernando Martín, el supuesto autor de la segunda transferencia a Correa, en este caso de 13 millones, podría haber cometido dos delitos por el impago del IRPF de 2005 (122.452 euros) y 2006 (1.034.256 euros), así como el impago de 178.138 euros por el Impuesto sobre el Patrimonio de 2005.

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A su vez Martinsa, que hasta el concurso de acreedores era la mayor promotora de España, habría cometido, siempre según el informe de la Agencia Tributaria, un delito fiscal por no abonar hasta 1,4 millones del Impuesto de Sociedades. De este delito sería responsable también el propio Fernando Martín, propietario de la firma.

Pero el imputado que más acusaciones de delitos tendrá que afrontar por el pelotazo de Arganda del Rey será el ya mencionado Amando Mayo Rebollo, considerado uno de los intermediarios de la trama. En total serían tres delitos fiscales por no abonar el IRPF en 2006 (485.182 euros); 2007 (503.431 euros); y 2008 (607.828 euros), y otros dos por el Impuesto sobre el Patrimonio de 2006 (123.943 euros) y 2007 (216.629 euros).

El que fuera alcalde del PP de Arganda del Rey Ginés López cierra el colectivo de posibles defraudadores, ya que también habría cometido un delito contra la Hacienda Pública por no abonar 148.500 euros en el IRPF de 2006.

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