Construyen un club de playa de lujo sin licencia de obra en la ‘milla de oro’ del litoral de Valencia

Iba a ser la joya mimada de la playa de Valencia, pero se ha quedado varado por las irregularidades y la falta de permisos. Se trata del Marina Beach Club, un exclusivo chiringuito de playa en sintonía con el concepto de ocio elegante del puerto del America's Cup, uno de los emblemas del Partido Popular. Una ubicación privilegiada, inédita en la ciudad y con grandes perspectivas de negocio. De hecho era el único chiringuito permitido por Demarcación de Costas, del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, para instalarse sobre la arena de la playa, ya que ese pedazo pertenece a la Marina Real Juan Carlos I y no al dominio público marítimo terrestre. En ese sentido, cuatro peticiones similares ya han sido rechazadas por Costas en los últimos días.

Pero la burocracia y las prisas han dado al traste con la operación. Recaba Inversiones Turísticas, SL ha edificado por completo el club de playa pese a tener sólo licencia para colocar los cimientos. En total una superficie de 4.338 metros cuadrados (1.478 sobre la arena) propiedad del Consorcio Valencia 2007, órgano que gestiona la Marina Real Juan Carlos I y gobernado por el Ayuntamiento, la Generalitat y el Gobierno central.

El expediente de la adjudicación, al que ha tenido acceso infoLibre, es claro con los límites de la obra. En un decreto fechado el pasado 27 de mayo, el exconcejal delegado de licencias Félix Crespo “advierte que Recaba Inversiones, SL, promotor de la actividad, sólo dispone de licencia de obra para la fase I, que incluye únicamente los capítulos de cimentación y estructura, con los correspondientes movimientos de tierras necesarios para excavación de sótanos”. Y añade que, además, Recaba cuenta “con informes desfavorables técnicos y de bomberos pendientes de subsanación”. El decreto conmina al Consorcio Valencia 2007 a realizar “las funciones propias de vigilancia y control sobre el objeto de la concesión para evitar una eventual consolidación de las obras”.

Algo que ya se ha producido, puesto que la gran pérgola de 8,5 metros de altura está edificada así como las casetas circulares de los chiringuitos, el hueco de la piscina climatizada o los grandes techados para la zona de hamacas. Incluso las palmeras están plantadas y la tumbonas aguardan, amontonadas, a la espera de la apertura definitiva. “¿Haber parado las obras? Me suicido. El constructor se pira y ejecuta todos los avales. Sería una bola de nieve, una tormenta perfecta”, señala A. C., socio mayoritario de Recaba, quien denuncia “un exceso de burocracia y trabas por parte del Consorcio y el Ayuntamiento”. “¿Cómo es posible que pasen casi ocho meses para otorgarme la primera licencia?”, lamenta.

Por su parte, ambas administraciones se lanzan una a la otra la responsabilidad sobre el control de la concesión. “Las licencias son competencia municipal, ya que a efectos urbanísticos la Marina es un barrio más”, explican fuentes del Consorcio. Y desde el Ayuntamiento aseguran que, en caso de constatarse la ausencia de licencia para edificar, la obra se paralizará y precintará. “Hemos hipotecado nuestras casas y la de familiares”, confiesa A. C. en nombre de sus tres socios. “Estamos ahogados, la situación es límite”.

Una deuda de 420 millones

Recaba ganó la adjudicación el 9 de mayo de 2014 tras presentar una oferta muy superior a la que exigía el pliego, que era de 7.000 euros mensuales y un 3% de la facturación. La empresa elevó la propuesta a 25.000 euros de alquiler y el 6% de las ventas, además de una inversión de 2 millones en la obra. Desbancó así a Club de Playa la Marina, que ofreció 11.000 euros y 1,5 millones de inversiones. Esta última oferta estaba apadrinada por el emporio de ocio nocturno Salamandra, vinculado al abogado Manuel Broseta Dupré, hijo del catedrático de Derecho Mercantil Manuel Broseta Pont, asesinado por ETA en enero de 1992. Broseta Dupré es una de las personalidades con mayor influencia en la sociedad valenciana y con gran peso dentro del Partido Popular. Desde octubre de 2013 preside la fundación Conexus, un lobby económico y empresarial para trenzar relaciones entre Valencia y Madrid, y el Consejo Social de la Universitat de València.

Broseta también está relacionado con la firma adjudicataria del High Club, otro local de ocio, en el epicentro de la Marina Real, y en la compra de la discoteca Akuarela, un kilómetro al norte del puerto deportivo. Una zona de expansión comercial, la Marina Real, bajo la batuta de Pablo Landecho hasta el pasado 28 de mayo, cuando dimitió como director general del Consorcio Valencia 2007. Anteriormente había sido jefe de Gabinete del expresident de la Generalitat Francisco Camps, entre 2009 y 2011, los años crudos de la Gürtel. Antes y después de este cargo trabajó, precisamente, para Manuel Broseta en su despacho de abogados.

En junio de 2012, Landecho se convirtió en la apuesta personal de Rita Barberá para reflotar una Marina Real asfixiada por la deuda de 320 millones con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para la celebración de la Copa del América. Tres años después, el agujero alcanza los 420 millones y la única estrategia ha sido la de privatizar espacios públicos para rentabilizar el alquiler del suelo. Entre ellos, además del club de playa y el High Club, destacan dos locales más de recreo y el mega proyecto de escuela de negocios EDEM, de Juan Roig, dueño de Mercadona, que se ubicará sobre las bases abandonadas de los navíos de la America's Cup. Roig ha previsto una inversión de 12 millones y el pago de 325.200 euros anuales durante medio siglo.