El Congreso aprueba con los votos de PP y UPyD la ley de segunda oportunidad

La Comisión de Economía del Congreso aprobó este martes, con los votos del PP y UPyD, el proyecto de ley de Segunda Oportunidad, que la oposición critica por considerar que establece un procedimiento poco ambicioso para rescatar a los deudores de buena fe y por la miscelánea de enmiendas que los 'populares' han presentado para modificar normativas sin ninguna relación.

La portavoz adjunta del PP Matilde Asián defendió que esta norma "profundamente social" persigue un "futuro con nuevas oportunidades" al "cerrar el círculo normativo del desendeudamiento de la economía española", tras abordar este problema en el ámbito empresarial. Pero siempre respetando la ley y "con garantías" porque "también hay acreedores de buena fe" y "hay que encontrar el equilibrio".

Además, aseguró que "se vuelve a incrementar la protección a los deudores hipotecarios", aumentando los umbrales del Código de Buenas Prácticas, incorporando nuevos colectivos y prorrogando la moratoria de los desahucios. Por eso, ante las críticas de que "no es suficiente", la dirigente conservadora replicó que el anterior Ejecutivo socialista no hizo nada para atajar la destrucción de pequeños negocios y los desahucios en la pasada legislatura.

Con respecto a las críticas por la presentación de enmiendas sin relación con el proyecto de ley, Asián recordó que hay una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre leyes con contenido "heterogéneo" donde se establecen los parámetros admisibles que, a su juicio, se respetan en este caso, y además justificó las enmiendas en que incorporan normativa comunitaria o sentencias, entre otras cosas.

No es suficiente

El diputado socialista Jesús Caldera subrayó la importancia de una verdadera segunda oportunidad, lamentando que ni el texto original ni las enmiendas presentadas son suficientes, tal y como demuestra que desde que está en vigor el decreto ley "no ha habido un incremento sustancial de solicitudes de exoneración de deuda". "No es suficiente, no servirá para ayudar a quienes lo han perdido todo", considera el exministro, que cree que los requisitos son demasiado exigentes.

Por otra parte, cree que podría "arbitrarse un mecanismo suficientemente flexible" de exoneración sobre el 50% de los créditos públicos que no son privilegiados para "permitir mantener más actividades económicas y recuperar, en última instancia, un mayor volumen de deuda". Asimismo, Caldera mencionó sus enmiendas para dar una protección especial a familias vulnerables o fiadores y avalistas con vínculo familiar con el deudor.

El también socialista Manuel de la Rocha cree "insuficiente" que la norma no "salvaguarde en ningún caso la vivienda habitual", ni siquiera cuando "ha habido un comportamiento irresponsable del acreedor" o existen cláusulas abusivas o "escarnios" con los precios de tasación. Por eso, reclama al Parlamento que se "haga eco de las reivindicaciones ciudadanas", plasmada en el resultado de las elecciones municipales, y muestre una "firme determinación para hacer frente a los desahucios" mediante esta ley.

Además, aprovechó la ocasión para criticar el "abuso" que hacen los conservadores al aprovechar esta tramitación para "modificar un conjunto amplísimo" de normativas que "nada tienen que ver" con el objetivo del texto en debate. De hecho, el PSOE reclamó un informe de los servicios jurídicos sobre la adecuación de este proceso, que el PP rechazó con su mayoría absoluta por "no considerarlo necesario".

Rafael Calduch, portavoz económico de UPyD, coincide en que "hay que buscar el equilibrio entre derechos y obligaciones", de modo que "no se expulse de la actividad económica" a nadie pero tampoco se "sacrifique el sistema de préstamos". También cree que "no se puede tratar del mismo modo" un crédito privado que uno público, por lo que considera que una solución "práctica y razonable" sería que tras abonarse el 50% de las deudas con el Estado se pueda hacer una quita del resto.

Además, se sumó a las críticas al PP por introducir enmiendas que no tienen relación con el proyecto de ley, a pesar de lo cual apoyará el texto porque, aunque "mejorable", es necesario para resolver la situación de muchos ciudadanos.

"Es un tótum revolútum"

Josep Pérez Moya, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), criticó que este proyecto no da una "verdadera" segunda oportunidad a los deudores de buena fe, y ha reclamado unos "ingresos mínimos" para los ciudadanos, la "paralización de los lanzamientos sin plazo", más oportunidades para reestructurar la deuda y requisitos menos estrictos para acceder a estos procedimientos, de modo que puedan beneficiar a quien lo necesita.

Además, recriminó a los conservadores que "degraden" el Congreso al presentar la "octava reforma de la Ley Concursal en la legislatura", obligar a hacer un debate sobre un "tótum revolútum" que además ya está en vigor, y, además, plantear enmiendas que nada tienen que ver con el tema del proyecto de ley y cuyo objetivo es dar "más oportunidades a los poderosos y ninguna a los pobres" en materia como la concesión de visados.

El portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, valoró la "profunda intención negociadora" del PP que, sin embargo, no ha desembocado en un acuerdo, fundamentalmente al no haberse incluido finalmente a los acreedores públicos (Hacienda y Seguridad Social) en los acuerdos de exoneración de deuda. "Si hablamos de segunda oportunidad debe ser global, realista y objetiva", dijo, explicando así su voto en contra.

Por eso, y por la posibilidad de que se pueda revocar el concurso de acreedores durante los primeros cinco años si cambia la situación económica del deudor, los nacionalistas catalanes temen que muchos procesos de segunda oportunidad resultarán "inviables" y, por ello, la ley será poco útil para los ciudadanos.

El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, también reprochó el "desaguisado" de las enmiendas misceláneas del PP a un proyecto de ley que ya incluía multitud de asuntos, aunque valora que "por fin se vaya avanzando" en el tema de la segunda oportunidad. Como otros portavoces, ha lamentado que el tratamiento de los créditos de derecho público "se separa de las recomendaciones internacionales" y que no se haya protegido también a avales y fiadores de familiares.

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Además, el nacionalista vasco reclamó que se clarifique el respeto a las competencias autonómicas en materia de control y gestión de las bonificaciones a la contratación que también están reconocidas en este proyecto de ley. Sobre este asunto, otras formaciones como el PSOE o IU-ICV han pedido que no se financien con cargo a la Seguridad Social para no mermar aún más su caja.

Olaia Fernández Davila (BNG) rechaza la posibilidad de revocar la segunda oportunidad si la situación del deudor mejora y critica la falta de medidas retroactivas contra los desahucios, mientras que Rafael Larreina (Amaiur) ha coincidido en que se está "degradando" la acción legislativa y el proceso democrático por la falta de "una posibilidad real de diálogo" y por la introducción de enmiendas sin relación con el texto, y considera que esta norma es sólo un "bonito cartel" pero "no da una solución real" a los ciudadanos.

Dado que la Comisión de Economía cuenta con competencia legislativa plena, el texto será ahora remitido al Senado para continuar con su tramitación. No obstante, dado que el texto procede de un decreto ley, su contenido ya está en vigor.