Educación

La izquierda estudia cómo minimizar el impacto de la Lomce sin incumplir la ley en las comunidades donde gobernará

Manifestación contra la LOMCE, hoy en Madrid.

La polémica reforma educativa impulsada por el ministro José Ignacio Wert y aprobada en solitario por el rodillo del PP en Las Cortes seguirá su implantación el próximo curso tal y como estaba previsto prácticamente tal y como estaba previsto. Y eso a pesar de que las elecciones del 24-M dibujaron un nuevo mapa político en el que los conservadores sólo controlarán cinco de las 17 autonomías.

Lo ajustado del calendario –todavía no se ha formado ningún gobierno autonómico y el nuevo curso ya se está preparando– hace muy complicado que los nuevos ejecutivos de izquierda puedan, en el ámbito de sus competencias, minimizar el impacto de una reforma con la que han mostrado su total desacuerdo. Es decir, no es una cuestión de falta de voluntad, sino de "tiempo material", pues hay que tener en cuenta que las inscripciones, la organización de las clases y, sobretodo, la distribución el número de docentes, se ha hecho en base a los criterios que marca la reforma, especialmente en las comunidades que hasta ahora presidía el PP, que han ido de la mano en su aplicación. 

El calendario fijado por el Ministerio de Educación [consultar en PDF, aquí] prevé que a partir de septiembre la reforma tiene que estar implantada en los seis cursos de Educación Primaria, 1º y 3º de ESO, 1º de Bachillerato y la FP Básica. Auque se trata de una ley de ámbito estatal, las autonomías tienen cierto margen de maniobra en cuanto a la aplicación curricular. Las comunidades tienen competencias para definir los horarios lectivos máximos, complementar los contenidos de algunas materias, definir cuáles serán las asignaturas de libre configuración autonómica o determinar el alcance de la evaluación externa que ya se hizo este curso en 3º de Primaria y que no tiene condición de reválida. 

De hecho, a estos márgenes de autonomía se han agarrado las autonomías que hasta ahora no estaban en manos del PP para minimizar el impacto de la reforma. Andalucía, por ejemplo, no ha llegado siquiera a publicar los decretos autonómicos que desarrollan la Lomce y se ha limitado a trasladar a los centros unas instrucciones sobre cómo tenían que planificar el próximo curso. Fue la forma de sortear la reforma sin incumplir la ley. 

A través de esas instrucciones, el Ejecutivo andaluz incrementó el número de horas dedicadas a la adquisición de competencias para que así los alumnos de la FP Básica pudieran obtener directamente el título de graduado en ESO sin pasar por la reválida, tal y como contempla la reforma. O mantuvo Educación para la Ciudadanía en Primaria en el bloque de libre configuración autonómica, que incluye a la Lengua Cooficial (en el caso de que se tenga) y otras a determinar por la autonomía. Aunque con diferentes matices el resto de autonomías hasta ahora opositoras (País Vasco, Cataluña, Asturias y Canarias) también han utilizado estos resquicios para minimizar el impacto de la ley. En Euskadi, por ejemplo, la evaluación externa de 3º de Primaria se planteó como una prueba piloto en 30 centros y no se hizo en todos. Calendario

Calendario

Este podría ser el camino más fácil que podrían tomar las comunidades que dejan de estar en manos del PP y en las que, si no hay sorpresas, gobernará la izquierda: Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana, y Extremadura. Eso, claro está,si no fuera porque lo apretado del calendario puede hacerlo prácticamente imposible, según las fuentes consultadas. Especialmente teniendo en cuenta que todas estas comunidades los actuales gobiernos en funciones ya han dejado aprobadas las adaptaciones para ESO y Bachillerato (además de las de Primaria, que se hicieron el año pasado) a través de las órdenes o decretos desarrollo pertinentes.

Es lo que ha hecho in extremis Gobierno en funciones de María Dolores de Cospedal. El Diario Oficial de Castilla-La Mancha recogió este lunes el decreto de aplicación de la Lomce en los cursos que se estrenan con ella en el curso que comenzará en septiembre: 1º y 3º de ESO y 1º de Bachillerato. Este texto normativo incluye las nuevas optativas y los horarios, es decir, cómo cambia la carga lectiva en las asignaturas troncales y el tiempo que se dedicará al resto. El nuevo ejecutivo, que liderará el socialista Emiliago García Page, ha mostrado su total desacuerdo con la Lomce, pero para minimizar su aplicación la única opción que tiene es derogar este decreto y aprobar otro nuevo. Eso sí, en un período de tiempo más que ajustado. 

Es lo que se pretende hacer, por ejemplo, en Aragón, donde PSOE, Podemos, Chunta Aragonesista e IU acordaron este lunes derogar la orden que desarrollaba la Lomce en la ESO y Bachillerato y aprobar una nueva en Consejo de Gobierno antes del 13 de julio –que es cuando comienza el periodo de matriculación– que minimice su impacto dentro de sus competencias. La aplicación en Primaria no se tocaría para este curso. No obstante, en esta comunidad todavía no está cerrado el acuerdo de investidura, que avanza al margen de esta negociación. En Aragón el PSOE, que fue segunda fuerza, necesita el apoyo de Podemos para gobernar. 

En la Comunitat Valenciana, según explican desde el PSPV, "no hay tiempo material" para hacer una modificación de los currículos, por lo que el nuevo gobierno que, salvo sorpresa, liderará el socialista Ximo Puig, lo que contempla es hacer alguna "modificación parcial" de cara a las instrucciones del nuevo curso. Y, eso sí, más adelante utilizar la capacidad normativa de la comunidad para minimizar "los aspectos más negativos" de la Lomce.

Entre las medidas inmediatas del Ejecutivo de Puig estará elaborar una fórmula para que los alumnos "no tengan las vías cortadas para acceder al título de ESO tras aprobar la FP Básica" o quitar la mayoría a la Administración a la hora de elegir entre los aspirantes a director eligiendo como representante de la misma a un funcionario del centro para que así no se reduzca la capacidad de decisión de los padres y profesores. También se modificará el calendario escolar para que el curso no empiece, como el año pasado, el 3 de septiembre y así tener más tiempo para la planificación. También es probable que se puedan reabrir aulas en algunos centros en los que se cerraron para el próximo curso aunque de manera muy puntual –"5 o 6 de los 2.000 que hay en la Comunitat"– y siempre que se demuestre que se ha generado en esos colegios un gran perjuicio a las familias.PNL al Congreso 

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En Baleares, PSIB, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Podemos y Gent per Formentera han anunciado que impulsarán en el Parlament una proposición de ley en el Congreso para modificar el calendario de implantación del nuevo sistema Lomce, aunque sus posibilidades de éxito son nulas dada la mayoría absoluta de la que el PP goza todavía en la Cámara baja. No se ha planteado, por el momento, la derogación del desarrollo autonómico o en qué términos se haría, una situación que es similar a la de Extremadura, donde los socialistas esperarán a forma gobierno para concretar sus acciones. 

Las autonomías que con toda probabilidad mantendrá el PP (Castilla y León, La Rioja, Madrid y Murcia, además de Galicia, donde no hubo elecciones el 24-M) iban hasta ahora de la mano en su respaldo a la reforma educativa de José Ignacio Wert y se prevé que esto se mantenga así. Sin embargo, como todas dependen de Ciudadanos para poder formar gobiernos, está por ver qué condiciones pondrá el partido de Albert Rivera encima de la mesa en materia educativa. En Murcia, por ejemplo, Ciudadanos ha propuesto a su futuro socio que retrase la aplicación de la reforma. 

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