La participación electoral de los emigrantes baja un 87% desde que es obligatorio rogar el voto

La Marea Granate, el colectivo de españoles en el exterior que de forma reciente más ha visibilizado la situación de los nuevos emigrantes económicos, ya venía advirtiendo que la reforma de la ley electoral –pactada por PP y PSOE con el apoyo de CiU y PNV en enero 2011– que les obliga a rogar expresamente el voto y las trabas administrativas llevarían la participación electoral de los expatriados a mínimos. Y así ha sido.

Los cálculos de infoLibre con datos de las 13 comunidades en las que hubo elecciones autonómicas el pasado 24 de mayo así lo evidencian. De los 905.459 electores inscritos en el Censo de Extranjeros Residentes Ausentes (CERA), sólo ejercieron su derecho al voto 27.303, es decir, apenas un 3%. En 2007, en los últimos comicios antes de la reforma que estableció la obligación de reclamar el voto, ejercieron este derecho en las mismas 13 autonomías 130.510 de los 553.704 inscritos, el 23,6%. Por tanto, la comparación entre ambas citas arroja una caída de la participación del 87,2%. 

En 2011 se celebraron los primeros comicios ya con la reforma del voto rogado. Entonces, en las 13 autonomías citadas –todas menos Galicia, País Vasco, Cataluña y Andalucía, que siguen otro calendario electoral– participaron 25.894 de los 700.057 inscritos en el CERA. El porcentaje de participación fue, por tanto, del 3,7%, algo superior al registrado el pasado 24-M. No obstante, hay que tener en cuenta que entonces el nuevo sistema se acababa de implantar y los trámites a realizar eran desconocidos para muchos expatriados. Por eso resulta, si cabe, todavía más llamativo el exiguo dato de estas últimas elecciones. 

Por autonomías, la participación de los emigrantes más baja tuvo lugar en Canarias, donde sólo votaron el 0,6% de los 133.594 inscritos, es decir, 791. Por debajo del 3% está la mayoría de las autonomías: Murcia, 2,9%; Comunitat Valenciana y Extremadura, ambas con el 2,8%; Baleares y La Rioja, las dos con el 2,7%; Asturias, 2,6% y Cantabria, 2%. Participaciones inferiores al 5% pero superiores al 3% se dieron en Castilla y León (3,2%), Navarra (3,5%), Madrid (4,2%) y Castilla-La Mancha (4,7%). La participación sólo superó el 5% en Aragón, donde votaron 1.578 de los 30.958 inscritos. 

Las quejas de la Marea Granate 

Desde la Marea Granate atribuyen este descenso a la modificación de la ley electoral realizada en 2011 que introdujo el voto rogado y, con él, una nueva obligación para los españoles que residente en el extranjero: además de inscribirse en el censo tienen que notificar su intención de votar antes de cada elección. Solo así pueden recibir, antes del día del sufragio, la documentación que les permite hacerlo ya sea por correo o en urna en los consulados. 

Pero no es el único obstáculo detectado. Aseguran que los problemas para ejercer su derecho al voto empiezan en la inscripción en el censo. Denuncian que el procedimiento de inscripción no es uniforme y que son excepción los consulados en los que se permite hacerlo a distancia. "La mayoría de las inscripciones deben hacerse en persona, pero el problema es que cuando puedes hacerlo a distancia, como es el caso de San Francisco, te piden que envíes por correo la documentación con el pasaporte o el DNI originales, lo que supone quedarte indocumentado", explica María Almena, bioquímica residente en París y miembro de la Marea Granate. "Es un problema enorme porque la primera barrera es poderse inscribir. No todo el mundo tiene el consulado al lado o tiene la capacidad de hacer un viaje", se queja.

El colectivo demanda que se facilite la inscripción telemática y denuncian que no hacerlo es una cuestión de "voluntad política". Aseguran que se podrían desarrollar herramientas telemáticas ya existentes como la sede electrónica del Ministerio de Exteriores que a día de hoy sirve para hacer algunos trámites consulares. Señalan que hacerlo "mejoraría la accesibilidad a los recursos del Estado, así como su eficacia y costes".

Otra cuestión que los últimos meses vienen denunciando los españoles expatriados es la falta de publicidad que se ha dado al plazo que tenían para inscribirse en el CERA y así poder votar en las autonómicas de mayo. El censo se cerró el 30 de diciembre de 2014, por tanto, casi cinco meses antes de las elecciones. Tras la convocatoria, el censo volvió a abrirse durante una semana para la inscripción de los residentes temporales (voto CERA). El problema, sostiene Almena, es que de nuevo la inscripción tenía que ser presencial y con sólo un día en la práctica no laborable (el sábado) para poder acudir al consulado.

Por otro lado está el propio procedimiento de ruego del voto. Tras las quejas de la Marea Granate, el Ministerio de Exteriores habilitó para las últimas elecciones autonómicas y municipales una aplicación telemática que, sin embargo, ha dado muchos fallos. "Fue una chapuza. Estaba hecha deprisa y dio muchísimos problemas, no dejaba subir documentos de más de 100 KB", se queja Almena. De hecho, el colectivo llegó a editar una guía para ir salvando los errores que generaba el sistema ideado por Exteriores.

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En la Marea Granate consideran que estas trabas son consecuencia de una falta de voluntad política que atribuyen también al hecho de que, bajo su punto de vista, buena parte del nuevo voto emigrante –especialmente los jóvenes que han dejado el país ante la falta de oportunidades laborales– es crítico con los partidos tradicionales. De hecho, aseguran que muchas de las abstenciones que reflejan las cifras oficiales son "involuntarias" y están "fomentando el bipartidismo" en contra de su voluntad.

La realidad es que el escrutinio de estos sufragios evidenció que los llamados residentes ausentes respaldan, en general, a la izquierda y, en particular, a un partido emergente como es Podemos. De hecho, la formación de Pablo Iglesias fue la más votada entre la emigración en ocho de las 13 autonomías en las que hubo elecciones autonómicas. En cinco de ellas, prácticamente uno de cada tres electores que ejercieron su derecho al voto apostaron por Podemos: Aragón (32,3%), Canarias (29,3%), Castilla-La Mancha (29,9%), Madrid (29,1%) y Murcia (29,5%). También fue primera fuerza en Asturias (23,1%), Cantabria (23,6%) y Baleares (21,8%). 

Las únicas dos autonomías en las que el PP ganó las elecciones entre los emigrantes fueron Castilla y León y La Rioja. Además, Compromís ganó en la Comunitat Valenciana, el PSOE en Extremadura y UPN en Navarra.