Andalucía

La jueza llama a la testigo que desbarató la versión del Gobierno andaluz sobre Aznalcóllar

La directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta, María José Asensio, junto al secretario general de Industria y Energía, Vicente Fernández , durante una rueda de prensa esta semana.

La analista de inversiones que desmontó la versión oficial del Gobierno andaluz al negar ante la Policía que hubiera examinado las ofertas para la reapertura de la mina sevillana de Aznalcóllar declarará el martes 14 de julio como testigo por decisión de la jueza del caso.

Como desveló infoLibre este miércoles, la analista Pilar Trujillano, empleada de la sociedad pública de capital riesgo Invercaria, se convirtió en una pieza clave en la versión oficial de la Junta de Andalucía cuando un informe de sus servicios jurídicos enarboló su nombre en mayo como prueba de que la tramitación del concurso había sido impecable.

Después, y uno tras otro, cuatro altos funcionarios de la Junta de Andalucía que habían formado parte de la Mesa de Contratación en ese concurso repitieron ante la Policía los argumentos de aquel informe: todos ellos sabían -eso adujeron- de la solvencia de la oferta ganadora porque Pilar Trujillano había examinado las cuentas de Grupo México, aliado internacional de Minorbis, una pequeña sociedad de capital cordobés creada ex profeso para la licitación de Aznalcóllar.

El informe del el Gobierno andaluz, elaborado una vez había estallado el caso judicial y cuyas afirmaciones centrales repitieron ante la Policía los miembros de la Mesa de Contratación, decía lo siguiente: “Tras estudiar Doña Pilar Trujillano la documentación financiera facilitada por Grupo México confirma a la Mesa que dicha documentación acredita suficientemente la solvencia de la empresa extranjera”.

Supuestamente, y atendiendo al citado informe, lo que estudió Trujillano fue una “copia del informe anual 2012 del Grupo México” y  su "memorándum de entendimiento” con Minorbis.

Pero cuando Trujillano declaró en comisaría lo negó todo: ni había visto las cuentas de Grupo México ni comunicó a la Mesa de Contratación que su oferta cumplía las exigencias de solvencia económica ni llegó siquiera a conocer los requisitos solicitados por las bases del concurso para acreditar tal solvencia.

Trujillano le explicó a la Policía que desempeñó un papel residual en el concurso de Aznalcóllar: acudió a una reunión, la primera, porque el directivo de Invercaria designado para participar en la comisión técnica creada para asesorar a la Mesa de Contratación no podía ir "por motivos familiares"

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Ahora, y a la vista de las “contradicciones” planteadas entre las declaraciones policiales de los altos funcionarios y la prestada por la analista de inversiones, la jueza que investiga el caso, Patricia Fernández, ha decidido llamar a la Trujillano. Comparecerá en el juzgado de instrucción 3 de Sevilla a las diez de la mañana del martes 14 de julio.

La magistrada busca determinar si el proceso fue escrupulosamente limpio, como defiende la Junta de Andalucía, o si, como sostiene la empresa Emerita, que perdió el concurso, el tándem Minorbis-Grupo México se alzó con la adjudicación gracias a las influencias movidas por los propietarios de la firma cordobesa: los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, a su vez dueños de múltiples sociedades limitadas nucleadas en torno a la firma Magtel.

Este miércoles, Magtel anunció su personación en el caso Aznalcóllar para defender de "difamaciones" su buen nombre. La compañía –así lo anuncia en un comunicado oficial- ha determinado emprender “acciones penales por calumnias e injurias contra Emerita, sus representantes legales, portavoces y contra todos aquellos que sin más prueba que su propio interés espurio, denosten la buena fama, el honor y el buen nombre del grupo empresarial y de sus representantes".

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