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El final de ETA

La Audiencia Nacional niega indemnizaciones a las víctimas de los GAL cuando sean etarras

  • Se negará a los familiares de las víctimas que hubieran participado o pertenecido a organización criminal, algo que podrá acreditarse sin necesidad de una sentencia, simplemente basándose en "datos objetivos"
  • Sostiene esta decisión en virtud del Convenio Europeo sobre Indemnización a las Víctimas de Delitos Violentos

infoLibre Publicada 14/07/2015 a las 17:14 Actualizada 14/07/2015 a las 19:46    
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La Audiencia Nacional negó este martes el derecho a percibir indemnizaciones como víctimas del terrorismo a las familias de los asesinados por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) cuando se haya acreditado su participación en la delincuencia organizada o su pertenencia a bandas terroristas como ETA.

Así consta en al menos dos sentencias dictadas por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en las que el tribunal confirma la decisión del Ministerio del Interior de rechazar las indemnizaciones solicitadas por las familias del etarra José Antonio Lasa Arostegui, que fue asesinado en Busot (Alicante) en 1983 junto a su compañero José Ignacio Zabala, y del diputado de Herri Batasuna (HB) Josu Muguruza, que fue tiroteado en Madrid en 1989.

La Sala, que tiene que decidir sobre una veintena de recursos interpuestos por familiares de víctimas de los GAL, la Triple A y el Batallón Vasco Español, adopta esta decisión en virtud del Convenio Europeo sobre Indemnización a las Víctimas de Delitos Violentos, que fue aprobado en 1983 aunque no entró en vigor en España hasta 2002.

Los magistrados sostienen que para acreditar la participación o pertenencia a una organización criminal de los fallecidos no es necesaria la existencia de una sentencia penal que así lo declare y basta con que "se infiera racionalmente de datos objetivos" que formen de una investigación.

Sin embargo, en el caso del cofundador del diario Egin Ángel Etxaniz, el tribunal estima su recurso al entender que en su caso no se ha acreditado su "participación" o "pertenencia" a ninguna organización criminal, puesto que su trabajo en el periódico o como miembro de Gestoras Pro Amnistía y HB no bastan para acreditar esta condición, "cuando además los pronunciamientos judiciales sobre estas entidades se produjeron 18 años después del fallecimiento de esta persona".

Casi 100.000 euros para la familia de Lasa

En el caso de Lasa, su familia cobró 25 millones de pesetas (150.253 euros) en concepeto de responsabilidad civil, tal y como recogía la sentencia del Tribunal Supremo que en 2001 condenó al general Enrique Rodríguez Galindo y a otras cuatro personas por la detención ilegal y el asesinato del etarra junto a Zabala.

Los padres del etarra, que fue secuestrado el 16 de octubre de 1983 en la localidad francesa de Bayona y enterrado en cal viva, reclamaban otros 99.746 euros para completar la indemnización de 250.000 euros establecida en la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, aprobada en 2011.

El tribunal, que se ha basado en los informes aportados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, rechaza esta pretensión y confirma dos resoluciones de la directora general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior argumentando que tanto la sentencia inicial de la Audiencia Nacional como la confirmatoria del Tribunal Supremo "acreditan la pertenencia" de los dos asesinados al comando Gorki de ETA.

Muguruza, miembro de ETA

En el caso de Muguruza, la Sala llega a la conclusión de que "concurría, efectivamente, el supuesto de participación en la banda terrorista ETA, asumiendo tareas o funciones" de la misma, de forma que, "incluso, por el propio grupo terrorista era tenido como un miembro del mismo".

El Ministerio de Interior se apoyó en dos informes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, fechados en diciembre de 2012, que reflejaban la implicación de los familiares solicitantes en casos de terrorismo. En concreto, señalaba que su mujer, Elena Bartolomé, fue detenida por colaborar con ETA y fue miembro de Herri Batasuna o Euskal Herritarrok, mientras que su hija Ane estuvo imputada por enaltecimiento en 2007 aunque la causa se archivó.

Los magistrados reconocen que ambas han podido probar a lo largo del procedimiento que no han resultado condenadas por estos hechos. Sin embargo, consideran acreditada la trayectoria de Muguruza en una organización que perpetra "delitos violentos", tal y como argumentó la Abogacía del Estado en un informe de marzo de 2014.

No aparecería en la enciclopedia de ETA

El tribunal, sin embargo, da la razón a la viuda de Etxaniz, asesinado por el Batallón Vasco Español y la Triple A –antecedentes de los GAL– en Ondarroa (Vizcaya) el 30 de agosto de 1980, al considerar que su pertenencia a ETA únicamente se afirma en un informe de la Guardia Civil en el que no se detalla ninguna "actuación acreditativa de tal aseveración".

Además, apunta que en un segundo informe del instituto armado no se mencionaba la supuesta pertenencia de Etxaniz a ETA sino una "vinculación diferente", en referencia a su participación en Egin, Gestoras Pro Amnistía, HB y KAS, que fue recogida en la Enciclopedia de la propia banda terrorista editada por la editorial Txalaparta.

"Castigan injustamente a los familiares"

La directora de Víctimas y Derechos Humanos del País Vasco, Monika Hernando, aseguró este martes que su Gobierno "tiene la convicción" de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos "corregirá" las resoluciones denegatorias de indemnización a las víctimas del GAL, que "castigan injustamente a los familiares de personas asesinadas", con "derecho a percibir la indemnización".

Hernando recordó que, en enero de 2014, el Gobierno vasco presentó un informe que previamente había encargado al Instituto Vasco de Criminología sobre la denegación de indemnizaciones a víctimas del terrorismo del GAL y organizaciones similares. Según aquel informe, estas denegaciones "vulneran, entre otros, el principio de legalidad y de seguridad jurídica, la presunción de inocencia y el derecho a una tutela efectiva por los tribunales".

El Gobierno vasco, aseguró, "comparte este punto de vista" y "no comparte, por tanto, la resoluciones de la Audiencia Nacional conocidas hoy, porque actúan contra el principio de igualdad y no discriminación entre víctimas, un principio elemental del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos".

Por ello, insistió en que tiene "la convicción de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos corregirá, en su caso y como ha ocurrido en ocasiones recientes, estas resoluciones".

Por otra parte, y desde una perspectiva "ética y humanitaria", Hernando consideró que "estas denegaciones castigan injustamente a los familiares de personas asesinadas, pues de los familiares es el derecho a percibir la indemnización".

"Y los familiares, en ningún caso, han cometido delito alguno. Se está denegando la indemnización a una madre, a un hijo, a una esposa de una persona asesinada por una organización terrorista. Ésta es la plasmación real de estas resoluciones", censuró.


1 Comentarios
  • 1 BASTE 15/07/15 09:39

    Prácticamente imposible opinar para no entrar a formar parte de informes o de entornos o de cualquier otra semántica que pueda suponer una condena en un futuro, al respecto,¿existe la libertad de expresión?:SI diran algunos ya que puedo escribir esto.

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