Fomento no actúa contra la firma de Florentino Pérez que coló como subcontratista en el ministerio a la principal empresa de la ‘Púnica’

El Ministerio de Fomento conoce al menos desde principios del mes de julio que la empresa que se ocupa de las obras de reacondicionamiento de su sede central subcontrató irregularmente a una compañía estrechamente vinculada a la operación Púnica. Sin embargo, no le ha pedido responsabilidades por ello, a pesar de que la ley le faculta a imponerle una multa que en este caso podría ascender a más de medio millón de euros.

El departamento dirigido por Ana Pastor declinó este miércoles responder a las preguntas que infoLibre trasladó a este respecto, y se negó a explicar por qué no ha adoptado ninguna acción contra Vías y Construcciones por la infracción cometida al haber subcontratado a la empresa Cofely España –una de las empresas que fue imputada este miércoles en el marco de la investigación del caso Púnica– sin permiso de la Administración.

El departamento dirigido por Ana Pastor llegó a un acuerdo el pasado marzo con la empresa Vías y Construcciones –perteneciente al Grupo ACS, presidido por Florentino Pérez– para que se ocupase de la segunda fase de las "obras de acondicionamiento de las instalaciones eléctricas y de iluminación" de su sede central. En su oferta, Vías y Construcciones planteaba subcontratar un 42,96% del trabajo –el relativo a la instalación eléctrica– a la empresa Ingedom, pero en realidad quien se hizo cargo de esta parte de la obra fue Cofely España, una de las empresas que  de la trama Púnica que durante los años de funcionamiento de la red se hizo con contratos valorados en más de 170 millones de euros a cambio, presuntamente, de comisiones ilegales.

Cambiar de subcontratista sin recibir autorización de la Administración –en este caso, el Ministerio de Fomento– infringe la Ley de Contratos del Sector Público. Y Fomento conocía al menos desde principios de julio que era Cofely España y no Ingedom –la empresa que figuraba en la oferta de Vías y Construcciones– quien estaba llevando a cabo el cambio de la instalación eléctrica de su sede desde dos meses atrás: así lo demuestra un escrito que la subdirectora general de Administración y Gestión Financiera del Ministerio, Mercedes Rodríguez, hizo llegar a la Oficialía Mayor –un departamento dependiente de la Inspección–.

En su comunicación, fechada el pasado 2 de julio y a cuyo contenido ha tenido acceso infoLibre, Rodríguez afirma que el órgano de contratación no fue informado por Vías y Construcciones del cambio de subcontratista. La responsable advierte de que la empresa adjudicataria podría haber incurrido en las responsabilidades contempladas en el artículo 227.3 de la Ley de Contratos del Sector Público. Este apartado establece que infracciones como la cometida por la empresa del Grupo ACS  puden "dar lugar, en todo caso, a la imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del subcontrato". Es decir, que Fomento podría reclamar a Vías y Construcciones hasta 536.580 euros, pero no lo ha hecho.

Ni Fomento ni el Grupo ACS responden

El Grupo ACS no ha querido aclarar a infoLibre si ha recibido alguna comunicación más a tenor de esta situación. El Ministerio de Fomento, por su parte, declinó hacer nuevas declaraciones, si bien este martes negó que Cofely haya trabajado en sus instalaciones durante la realización de esta obra, algo que choca con la documentación consultada por este diario.

Mientras, la propia Pastor se desmarcó este miércoles en rueda de prensa de la adjudicación y aseguró que las explicaciones sobre el tema deberá darlas la mesa de contratación, "que es la que adjudica la obra pública". "Yo le voy a remitir el listado de las personas que forman parte de esta mesa, donde están el interventor general, el abogado del Estado y todos los técnicos del departamento, que seguro que le informan a usted sobre ello", respondió a un periodista.

El PSOE, sin embargo, ha pedido su comparecencia urgente en el Congreso de los Diputados  quieren aclarar la participación de Cofely como subcontratista y también por qué las obras en la instalación eléctrica, una vez el Ministerio denegó el permiso para que la polémica empresa siguiese haciéndose cargo de ellas, han ido a parar a la empresa Axima Servicios Energéticos. El presidente de esta compañía, Etienne Jacolin, también se encuentra en el consejo de administración de Cofely España, según el último informe anual disponible en la página web de la firma.

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Cofely España es una empresa que se sitúa como eje vertebrador de la trama Púnica, y según la investigación llevada a cabo por el juez Eloy Velasco sería una de las principales beneficiarias de los contratos que algunas administraciones adjudicaban a cambio de comisiones irregulares. De hecho, este mismo miércoles el juez Velasco imputó a la empresa en el marco de la investigación.

Hasta seis alcaldes de municipios de la Comunidad de Madrid que habían firmado contratos con Cofely fueron detenidos en el marco de la operación Púnicaoperación Púnica: José María Fraile (Parla, PSOE); José Carlos Boza (Valdemoro, PP); Agustín Juárez (Collado Villalba, PP); Gonzalo Cubas (Torrejón de Velasco, PP); Antonio Sánchez Fernández (Serranillos del Valle, del partido localista UDMA); y David Rodríguez Sanz (Casarrubuelos, PP), informan Tono Calleja y Alicia Gutiérrez.

Cofely podría haber cobrado más de 170 millones de euros a raíz de sus contratos con diferentes administraciones. Varios de los acuerdos fueron especialmente jugosos: por ejemplo, en el municipio de Parla la empresa se encargaba desde 2013 de prestar los servicios energéticos en diferentes instalaciones de la localidad tras firmar un contrato valorado en 66 millones de euros con el exalcalde José María Fraile. No obstante, tras ser relacionada con la trama de corrupción, su imagen quedó tan deteriorada que algunas de las administraciones con las que tenía contratos en vigor los rompieron.