Investigación

El ex número dos del PSOE andaluz y una consejera ahora imputada en los ERE propusieron pagar el plus de vivienda al presidente del TSJA

La consejera de Hacienda y Administración Pública andaluza, Carmen Martínez Aguayo.

Luis Pizarro, número dos del PSOE andaluz durante la primera década del siglo, y Carmen Martínez Aguayo, ahora imputada en el caso de los ERE, fueron los dos consejeros del Gobierno andaluz que el 28 de diciembre de 2010 propusieron pagar al presidente del Tribunal Superior de esa comunidad (TSJA), Lorenzo del Río, el plus de alquiler de vivienda previsto para los altos cargos autonómicos obligados a instalarse en otra ciudad. En aquel momento, Pizarro ocupaba la Consejería de Justicia y Gobernación mientras que Martínez Aguayo era la responsable de Hacienda. Ambos, dentro del Gobierno de José Antonio Griñán.

Desde diciembre de 2010, Del Río cobra de la Junta 1.300 euros brutos al mes, lo que representa un 18% de sus ingresos totales brutos (90.000 euros por año). Procedente de la Audiencia de Cádiz, a cuyo frente permaneció hasta su nombramiento para el TSJA en octubre de 2010, Del Río es el primer presidente del tribunal andaluz que recibe este plus. El TSJA es el único con jurisdicción para investigar y, en su caso, enjuiciar a consejeros y diputados andaluces, es decir, a los aforados autonómicos.

El texto del acuerdo, de carácter secreto y adoptado por el Consejo de Gobierno andaluz el 28 de diciembre de 2010, presenta a la entonces consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, como quien, junto con su homólogo de Gobernación y Justicia de aquel momento, Luis Pizarro en cabeza, propuso extender el plus de vivienda tanto a Lorenzo del Río como al fiscal superior de la comunidad, Jesús García Calderón.

En ese segundo caso, los pagos nunca llegaron a efectuarse porque, según las fuentes consultadas, la Intervención concluyó que Calderón no tenía derecho a ellos por su ya entonces largo arraigo en Granada, sede central del TSJA.

Ningún exconsejero es ya aforado

En lo que concierne a Martínez Aguayo en el caso de los ERE, el tribunal que preside Del Río sólo ha tomado dos decisiones: la primera, mantener su imputación al igual que la de otros dos antiguos miembros del Ejecutivo andaluz, Francisco Vallejo y Antonio Ávila, que habían pedido el sobreseimiento; y la segunda, devolver la causa al juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, ahora inmerso en un severo conflicto que enfrenta a su anterior titular, Mercedes Alaya, con su sucesora, María Núñez Bolaños.

La devolución se explica por cuanto ninguno de los tres exconsejeros posee ya cargo público y, por tanto, ya no están aforados ante el TSJ andaluz.

Al igual que la Fiscalía Anticorrupción, Bolaños es partidaria de dividir la macrocausa de los ERE en varias piezas, una tesis en la que ha encontrado el respaldo del TSJA. Alaya, que ha obtenido una comisión de servicio para seguir investigando el caso durante seis meses antes de tomar posesión de su nueva plaza en la Audiencia de Sevilla, ha reaccionado con una dureza insólita en el ámbito judicial.

Diatribas de Alaya contra su sucesora

A final de junio, envió un escrito al Poder Judicial en el que no sólo devalúa la capacidad profesional de su sucesora –le atribuye “escasos conocimientos” en materia penal– sino que cuestiona su independencia: “Me inquieta –escribe- que la señora Núñez Bolaños mantiene una estrecha amistad con el consejero de Justicia, Emilio de Llera, notorio detractor del trabajo de esta instructora".

Para las fuentes consultadas en el Gobierno andaluz, que el TSJA decidiese en junio mantener la imputación de Aguayo y devolver la causa al juzgado de instrucción 6 de Sevilla confirma que la “indemnización por razón del servicio” que cobra su presidente no interfiere en el esquema de separación de poderes.

Otros destacados juristas cuya opinión ha pulsado infoLibre y que han pedido expresa reserva de identidad por lo “delicado” del asunto, entienden en cambio que, al margen de si los pagos son o no legales, la imagen de independencia del tribunal andaluz puede verse menoscabada.

Nombrado en octubre de 2010 presidente del alto tribunal, cuya sede central se localiza en Granada, Del Río capitaneaba hasta entonces la Audiencia de Cádiz. El magistrado pertenece a la asociación judicial Francisco de Vitoria, de talante moderado, cuya portavocía llegó a desempeñar.

"Informe favorable de la Intervención"

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La ley estatal (la 15/2003) que regula las remuneraciones de jueces y fiscales estipula que los miembros de la carrera judicial "no percibirán más retribuciones por el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales” que las fijadas en su articulado.

Las comunidades autónomas pagan todos los salarios y complementos del personal al servicio de la Administración de Justicia salvo los de jueces y fiscales, que corren a cargo del Ministerio.

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