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Ley Dependencia

Directores de Servicios Sociales buscan el modo de demandar al Estado por la Ley de Dependencia

  • La demanda se plantearía en enero de 2016 para exigir que los dependientes graves y moderados sean atendidos según los plazos marcados por la ley
  • Denuncian que los nuevos gobiernos no podrán cubrir las necesidades de los dependientes porque el presupuesto para el año que viene es insuficiente

infoLibre Publicada 05/08/2015 a las 17:17 Actualizada 05/08/2015 a las 18:00    
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El presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.

El presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.

E.P
El presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, aseguró que la organización está estudiando presentar un contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional (AN) para forzar al Gobierno a aportar los recursos necesarios para "cumplir la Ley de Dependencia", particularmente en lo referente a la atención a los dependientes moderados.

Según explicó, en el marco de la presentación del XV Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, la organización está en proceso de "buscar sinergias y alianzas" con otras entidades y con abogados con el fin de "plantear una acción colectiva" para reclamar el cumplimiento de la ley según los plazos de implantación del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD), según los cual, a partir del 1 de enero de 2016 deberían estar atendidos tanto los dependientes graves como los moderados con derecho reconocido.

Ramírez indicó que "por benevolencia" no se planteará la demanda hasta enero del año que viene, pero aseguró que, con los actuales presupuestos y con los Presupuestos Generales del Estado que el Ejecutivo ha presentado este martes para 2016, los recursos "no dan" para atender a los dependientes que tienen derecho a ello.

Así, criticó particularmente las aportaciones del Estado al SAAD debido a que, a su juicio, suponen el "incumplimiento" por parte del Gobierno de la obligación legal de cofinanciar el sistema en igual proporción a las administraciones autonómicas.

En este sentido, recordó que desde el pasado 1 de julio entró en vigor el derecho de las personas en situación reconocida de dependencia moderada a recibir prestaciones y cifra el número de dependientes de este tipo que se han incorporado al sistema en 314.570.

En total, sumando las 130.694 personas dependientes con derecho pero desatendidas a las que se incorporaron desde el pasado mes de julio, el número de personas en esta situación se sitúa en una cifra cercana a las 445.000 personas.

Para la asociación, cumplir con el derecho de todas estas personas a recibir prestación exigiría una aportación total (entre el Estado y las comunidades autónomas) de 3.100 millones de euros. Sin embargo, denuncia que la cantidad destinada por el Estado para estas prestaciones es de 370 millones de euros, un 12% del total necesario.

Según explicó Ramírez, el actual nivel de financiación supone una "asfixia financiera" para las comunidades autónomas que "se ven obligadas" a compensar la falta de aportaciones por parte del Estado, lo que a su vez da lugar a "desigualdades" en el desarrollo del SAAD según la comunidad autónoma. De hecho, aseguró que en algunas regiones la aportación de los usuarios (debido al copago) al sistema "prácticamente iguala" a la del Estado.

Los nuevos gobiernos no podrán mejorarlo

En la actualidad, la media de aportación se sitúa en un 78% por parte de las administraciones autonómicas y en un 22% por parte del Estado, según explicó.

"Si al ataque económico que se produce a las arcas de las comunidades autónomas se le añade la obligación de cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, podemos entender que las comunidades autónomas no pueden soplar y sorber a la vez". manifestó.

De este modo, subrayó que la aportación de las administraciones regionales al sistema supone ya "un quebramiento económico" al que ahora se añade la obligatoriedad de atender a los dependientes moderados, por lo que se mostró convencido de que, para los nuevos gobiernos autonómicos, "por mucho que busquen la eficiencia, el presupuesto para el año que viene no da" lo necesario para responder a las obligaciones legales.

En este sentido, calificóo de "fraude" el incremento presupuestario anunciado por el Gobierno este martes para 2016 y que finalmente se quedará en 70 millones de euros, según consta en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016.

Ramírez aseguró que, a ese ritmo de incremento, "se tardaría 25 años en llegar a atender a todas las personas con derecho a prestaciones" y acusó al Ejecutivo de "haber hecho una canallada al levantar expectativas".

De hecho, asegura que, incluso Castilla y León, que hasta ahora tenía una lista de espera del 0.8%, con el actual marco presupuestario y la incorporación de los dependientes moderados al sistema (que añade al sistema en torno a 20.000 personas con derecho a recibir prestaciones en esta comunidad) no va a poder hacer frente a la obligación de cumplir la ley.

37% de dependientes sin atender

En cuanto al informe presentado hoy, señala que en España hay un total de 1.191.406 personas dependientes con derecho reconocido a recibir prestaciones, de las cuales en torno a 750.000 reciben prestaciones, y, a fecha del pasado 30 de junio, 75.646 personas están a la espera de valoración. Así, cifra en un 37% el porcentaje de personas que, pese a tener reconocido su derecho, no reciben prestación de ningún tipo.

Además, señala que, pese a que se ha reducido la lista de espera para recibir prestaciones en un total de 175.000 personas, ello "no se debe a un incremento en el número de personas atendidas" sino al fallecimiento tanto de personas en lista de espera como personas que estaban recibiendo prestaciones.

Según aseguró Ramírez, la media de edad de las personas con derecho a prestaciones por dependencia supera los ochenta años y la lista de espera para comenzar a recibir prestaciones es de en torno a dos años.

Asimismo, indicó que, de acuerdo con los datos que aporta el informe, se redujo en 68.424 el número de expedientes de tramitación de valoraciones de personas que solicitan el reconocimiento de un nivel de dependencia de grado III (gran dependencia) y en 27.400 el número de personas que solicitan un nivel II, respecto a junio de 2012.

"El procedimiento (solicitud, valoración, resolución PIA y acceso real a servicios o prestaciones) sigue siendo lento, farragoso, ineficaz y una auténtica tortura para las familias", denuncia la organización.


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