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Politización de la Justicia

Recusados los magistrados vinculados al PP que deben juzgar el caso de la ‘caja B’ del partido

  • Al igual que en el caso Gürtel, la acusación particular pide que Concepción Espejel y Enrique López, sean apartados del juicio por su vinculación con el partido
  • La asociación Observatori de Drets Humans (DESC) no cuestiona la "idoneidad técnica" pero sí las circunstancias que hacen peligrar la necesaria "separación de poderes"

infoLibre Publicada 13/08/2015 a las 18:06 Actualizada 13/08/2015 a las 20:08    
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Los jueces Concepción Espejel y Enrique López

Los jueces Concepción Espejel y Enrique López

EFE
La asociación Observatori de Drets Humans (DESC), personada como acusación en la causa por la caja B del PP en la Audiencia Nacional, ha presentado un escrito de recusación contra los jueces Concepción Espejel y Enrique López para que se aparten o bien sean apartados del juicio por esta causa al considerar afectada su imparcialidad por sus vinculos con el partido.

Ambos magistrados forman igualmente parte del tribunal designado para juzgar el caso Gürtel, causa en la que también está pendiente que se resuelva el incidente de recusación presentado contra ellos por otras dos acusaciones, el PSOE y la Asociación de juristas progresistas ADADE.

En su escrito la asociación aduce que la trascendencia mediática que ha alcanzado el caso exige la mayor transparencia posible en su enjuiciamiento, "sin que pueda caber duda" de la imparcialidad de los magistrados designados para la celebración del juicio.

Por ello, y dada la "cercanía pública y manifiesta" tanto de López como de Espejel al PP, cuyos extesoreros estarán sentados en el banquillo, esta asociación considera que ambos magistrados no reúnen los requisitos de transparencia exigida y deben apartarse. Se da la circunstancia de que López será el ponente de la sentencia que deba dictarse –al igual que ocurre con el caso Gürtel– y que Espejel presidirá las dos vistas.

Vínculos con el PP

Tras repasar de forma prolija la jurisprudencia y la la normativa aplicable al caso, DESC concreta las sospechas que recaen sobre cada uno de los magistrados, y de Espejel destaca que fue designada vocal del Consejo General del Poder Judicicial (CGPJ) a instancias del PP y que recibió la Gran Cruz de Raimundo de Peñafort de mano de la propia secretaria general del partido María Dolores de Cospedal, que es además su amiga personal y le dedicó para la ocasión unas emotivas palabras y se dirigió a ella como "Concha".

La asociación se pregunta qué pasaría si, por ejemplo, Espejel debe decidir durante el juicio sobre preguntas comprometedoras que puedan realizarse a Cospedal como testigo y añade también que esta magistrada fue la que sentó en el banquillo a dirigenes socialistas de Guadalajara por el trágico incendio que tuvo lugar en 2005.

Sobre López, además de su intervención en la Conferencia Política del partido en 2006, así como su elección como magistrado del Tribunal Constitucional a instancias de este partido, puesto del que dimitió tras dar positivo en un test de alcoholemia. Igualmente, el escrito destaca su vinculación con FAES.

Se refiere también DESC al hecho de que una hermana de López esté casada con el empresario Miguel Hernán, número dos del holding presidido por José Luis Ulibarri, imputado en Gürtel.

Finalmente, la asociación señala que no cuestiona la "idoneidad técnica" de ambos magistrados pero sí las circunstancias que hacen peligrar la necesaria "separación de poderes", y advierte que tampoco parece correcto que los dos se encarguen también del caso Gürtel, lo que les puede condicionar a la hora de afrontar este caso.

Comparecencia de Cospedal y Federico Trillo

Entre las pruebas a practicar para resolver este incidente de recusación DESC pide el interrogatorio de los magistrados y las comparecencias como testigos de María Dolores de Cospedal y del que fuera ministro y cargo del PP Federico Trillo.

La elección del tribunal, que se ha realizado siguiendo el sistema de reparto de la Audiencia Nacional, también determina que el tercer miembro de la Sala será el magistrado progresista José Ricardo de Prada.

López será ponente de las dos sentencias porque le corresponden los procedimientos cuyos rollos de sala acaban en cinco, como es el caso de la pieza sobre la contabilidad B del PP, y en seis, correspondiente a la causa en la que se investigan la primera época de actividades de corrupción de la trama Gürtel, que se desarrolló entre los años 1999 y 2005.

Recusaciones en trámite

El PSOE, que ejerce la acusación popular en la causa contra la red dirigida por Francisco Correa, ha solicitado la recusación de López por su "íntima vinculación" y su "afinidad ideológica" con el PP, que además de nombrarle para los dos cargos citados le invitó entre los años 2003 y 2010 a más de medio centenar de actos y cursos de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), que preside José María Aznar.

La Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE), también acusadora en ese procedimiento, amplió la recusación también a Espejel y solicitó la comparecencia como testigos de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y el antiguo responsable de Justicia de la formación, Federico Trillo.

En relación con la presidenta del tribunal, la asociación, de ideología progresista, señalaba que recibió los "encendidos elogios" de Cospedal cuando, en febrero de 2014, le hizo entrega de la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort. "Es el acto de reconocimiento a una gran mujer", señaló la dirigente 'popular' antes de añadir que "para todos es Concha y lo va a ser siempre".

Cinco acusados

En el banquillo de los acusados se sentarán los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, que se enfrentan a sendas penas de cinco años de cárcel; el exgerente del PP Cristóbal Páez (un año y medio); y los socios del estudio de arquitectura Unifica Gonzalo Urquijo y Belén García (3 años y diez meses).

El juez De la Mata estableció en mayo pasado una fianza de 1,2 millones de euros para el PP, que responderá en el juicio como responsable civil subsidiario de los delitos supuestamente cometidos por sus antiguos tesoreros.

En concreto, reclamaba algo más de un millón de euros por el Impuesto de Sociedades de 2007 que dejó de abonar la empresa Unifica, que renovó la sede de la formación en la calle Génova de Madrid, y 220.000 por la cantidad que habría dejado de ingresar ante Hacienda por el Impuesto de Sociedades de 2008, en el que recibió donaciones presuntamente irregulares por valor de 1.055.000 euros.


1 Comentarios
  • 1 senenoa 14/08/15 14:04

    Es obvio que merecen la recusación, claro que eso mismo les pasa al Supremo y al Constitucional, y así nos va.

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