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Sanidad

El Gobierno advierte de que devolver la sanidad a los ‘sin papeles’ puede suponer multas millonarias de la UE

  • La Abogacía del Estado analiza si las normas impulsadas en cada comunidad invaden competencias estatales e incluso vulneran la Constitución
  • Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares y Cantabria han anunciado medidas para devolver a estas personas el derecho a la tarjeta sanitaria, retirado en 2012

infoLibre Publicada 20/08/2015 a las 18:11 Actualizada 20/08/2015 a las 19:13    
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El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso.

El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso.

E.P.
El Ministerio de Sanidad adviertió este jueves a las comunidades autónomas que han devuelto la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular que esta medida podría conllevar multas millonarias a diario por parte de la Unión Europea, y la paralización de todos los fondos comunitarios.

"Si no se hace bien, las consecuencias pueden ser catastróficas", advirtió el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, durante su comparecencia en el Congreso para detallar la partida de su departamento en los Presupuestos Generales del Estado para 2016.

Tras las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo, los nuevos gobiernos de Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares y Cantabria han anunciado diferentes regulaciones para devolver a estas personas el derecho a la tarjeta sanitaria que habían perdido en 2012 con la reforma impulsada por la ex ministra de Sanidad, Ana Mato.

La Abogacía del Estado estudia su constitucionalidad

Moreno aseguró que el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado y como hacen con toda la normativa autonómica, está estudiando las normas impulsadas en cada comunidad para valorar si invaden competencias estatales o vulneran la Constitución y, en ese caso, "el Estado tendría que actuar".

Sin embargo, añadió el número dos de Sanidad, el "problema más grave" es que esas normas abren la puerta a reconocer el derecho de ser atendidos por la misma vía a todos los pacientes europeos "en lugar de buscarse sus seguros o tarjetas de sus países de origen", algo a lo que las comunidades no podrían negarse ya que "tendría consecuencias como país".

De hecho, España ya estuvo a punto de ser condenada en 2011 como consecuencia de un dictamen motivado de la Comisión Europea por este mismo motivo que, según apuntó Moreno, precisamente fue uno de los motivos que propició la reforma sanitaria un año más tarde.

"Y si fuéramos condenados como estuvimos a punto de serlo, supondrá una multa millonaria por cada día que pasa de incumplimiento, se paralizan todos los fondos europeos que recibe a España, y se debe asumir la tesis de que cualquier ciudadano europeo que venga, tenga o no seguro, se le tiene que dar tarjeta sanitaria", advirtió.

El problema, según el secretario general de Sanidad, es que en las comunidades "hay consejeros de ahora que no lo saben" y por ello les ha ofrecido asesoramiento "en todo lo que necesiten" para evitar esta situación.

Sanidad ya tiene un sistema previsto

De hecho, según Moreno, el Ministerio había negociado con los anteriores gobiernos regionales un sistema para ofrecer una asistencia sanitaria más completa a los inmigrantes irregulares (ahora solo pueden ser atendidos en Urgencias, durante el embarazo y en edad pediátrica) a través de un documento con un código específico (no una tarjeta) que les permitiera recibir Atención Primaria y, si fuera necesario, ser derivados al especialista.

Para ello, Sanidad establecía como condición un periodo mínimo de empadronamiento de un año y la imposibilidad de exportar ese derecho a la atención sanitaria más allá de la comunidad de residencia. Moreno aseguró que este sistema se debatirá en el próximo Consejo Interterritorial del SNS.

Fondos de "maniobra" para ser atendido en otra región

Por otro lado, el secretario general de Sanidad también defendió que el Fondo de Cohesión –que ha desaparecido del proyecto de Presupuestos para 2016– ya era extrapresupuestario desde 2013, y propuso a las comunidades que pongan en marcha "fondos de maniobra" para costear la atención de sus ciudadanos cuando están en otra comunidad.

Moreno aseguró que esta atención se sigue cubriendo pero ahora se hace con el dinero que recibe España por atender a otros ciudadanos de países de la Unión Europea, que suele rondar los 520 millones de euros anuales, lo que hizo que el Gobierno decidiera suprimir el Fondo de Cohesión en 2013.

Además, Moreno explicó que eso ha permitido cubrir una atención más integral, como la Atención Primaria y el gasto en medicamentos, ya que el Fondo de Cohesión sólo cubría la especializada.

No obstante, propone que si las comunidades provisionaran una partida específica para cubrir este gasto, no tendrían que esperar a final de año a que el Gobierno ajuste el balance de lo que han gastado las comunidades en atender a otros ciudadanos y lo que deben abonar por la atención de sus ciudadanos en otras comunidades.

Antes de 2016, dos nuevos fármacos contra la hepatitis C

Durante su comparecencia, Moreno defendió entre los logros de su departamento el Plan Nacional de la Hepatitis C, que ahora deberá ser actualizado para incorporar dos nuevos fármacos que Sanidad prevé incorporar "para finales de este año".

Además, subrayó que su departamento ya está trabajando para "acomodar los precios a la baja" de estos medicamentos para permitir su acceso "a un mayor número de pacientes".

Del mismo modo, recordó que ya han sido tratados con los medicamentos actualmente disponibles casi 20.000 pacientes "con unos resultados extraordinarios", y gracias a las negociaciones que llevaron a cabo con los laboratorios fabricantes se ha conseguido un ahorro de más de 2.000 millones de euros.

Partidas específicas de Sanidad

En lo que respecta a las partidas específicas del Ministerio en materia sanitaria, Moreno apuntó que uno de los departamentos que más aumenta su presupuesto es la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia, que asciende a casi 242 millones de euros, un 2,98% más.

Como novedad, se incorpora una partida de 1,75 millones de euros para el Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados de la Unión Europea. Además, dentro de esta partida está gran parte del dinero se destina al INGESA, 217,83 millones, destinada a la atención sanitaria en Ceuta y Melilla.

Por otro lado, la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación tendrá para 2016 una dotación de 38,34 millones de euros, destinada a estrategias de salud, como el proyecto de Gestión de Enfermedades Crónicas, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica para la prevención de problemas de salud por intoxicaciones por productos químicos o los programas de la lucha contra el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual.

Este presupuesto se destinará también a la puesta en marcha del Registro Estatal de Enfermedades Raras, que se elevó al pasado Consejo Interterritorial y que esperan poder poner en marcha en 2016.

Por su parte, el delegado del Plan Nacional sobre Drogas, Francisco Babín, defendió que contará para 2016 con un presupuesto de 14,6 millones de euros, un 1% más que este año, y que gracias a la aportación del Fondo de Bienes Decomisados se podrá desarrollar "de manera efectiva" todos sus cometidos e impulsar el Plan de Acción que finaliza en diciembre de 2016.


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