Alonso reitera que no se puede abrir la puerta al turismo sanitario porque cuesta mil millones al año

El ministro Alfonso Alonso advirtió este jueves de que no se puede volver a abrir la puerta al turismo sanitario porque cuesta a las arcas públicas mil millones de euros al año. El titular de Sanidad hizo estas declaraciones en rueda de prensa tras ser preguntado por las implicaciones que tienen las decisiones que están tomando algunas autonomías respecto al acceso a la sanidad de los inmigrantes sin papeles. A su juicio, dar tarjetas sanitarias "sin control" puede generar "problema serios".

La restricción de la sanidad como derecho universal fue uno de los ejes de la reforma sanitaria iniciada por el Gobierno en abril de 2012. Más de 870.000 inmigrantes sin papeles residentes en España perdieron el derecho a la sanidad normalizada. Fueron expulsados de un sistema que, hasta entonces, les garantizaba la asistencia fuera cual fuera su situación administrativa. Tampoco entraron en el sistema los familiares de inmigrantes que pidieron la residencia por reagrupación familiar y la obtuvieron después de la aprobación del decretazo. Desde septiembre de 2012 su atención gratuita sólo está garantizada en Urgencias, parto y posparto, si bien ONG como Yo Sí Sanidad Universal han documentado en informes recientes casos en los que se deniega la atención en Urgencias o se exige un compromiso de pago, algo que no contempla la ley, a personas en situación irregular.

Los cambios de gobierno propiciaron que algunas comunidades comenzaran a dar asistencia a la población extranjera, aunque cada una con sus propios parámetros. Antes de eso, otras comunidades ya habían esquivado la aplicación del real decreto, incluida algunas del PP, como Galicia. La voluntad del Gobierno pasa ahora por unificar los criterios, aunque descartando la vuelta a la sanidad universal. Su plan, que el ministro debatirá el próximo miércoles con los consejeros autonómicos, pasa por dar sólo a los sin papeles que lleven un año empadronados un documento –no una tarjeta– con el que puedan ir al médico de familia. Además, deberán demostrar que no tienen recursos e inscribirse en un registro. 

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Violencia machista 

En esa misma comparecencia, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, admitió que la reforma de los cuestionarios de evaluación policial del riesgo de violencia de género a cuya puesta en marcha los ministerios del Interior y Sanidad se comprometieron en abril de 2014 no entrará en vigor esta legislatura. Estimó en seis meses el tiempo que queda aún de pruebas para que pueda funcionar. Explicó que tras año y medio de trabajo, los nuevos protocolos van a comenzar en breve su fase de pruebas, al cabo de la cual, podrán empezar a utilizarse.

El cambio afecta, por un lado, de los cuestionarios estándar que utilizan los policías cuando una mujer presenta una denuncia por violencia de género para calcular en qué situación de riesgo se encuentran (no apreciado, bajo, medio, alto o extremo) y adecuar medidas de protección en consecuencia. Por otro, se modifican los test para medir la evolución de ese nivel de riesgo, control que se realiza con mayor o menor frecuencia en función de la peligrosidad. Según Martínez, ambos protocolos han sido sometidos a una "profunda renovación", pasando de contar con 16 indicadores de medición a tener 32, diseñados por un equipo de representantes de la Guardia Civil y la Policía Nacional y académicos de la Universidad Autónoma de Madrid.