El coste de las indemnizaciones por cese de altos cargos de los órganos reguladores: 95.000 euros al mes

Los miembros de los organismos reguladores –Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y Comisión Nacional de la Competencia– tienen derecho a percibir una indemnización mensual tras el abandono del cargo equivalente al 80% de su retribución. Esto ocurre durante los dos años siguientes al cese. En la actualidad, estos ex altos cargos suponen un desembolso de 94.813,46 euros al mes, más de un millón de euros al año.

El cálculo está realizado a partir de los datos facilitados en el portal de la transparencia de la Administración General del Estado desde hace ya casi un año. A día de hoy, y según esta misma fuente, son 13 los ex altos cargos de los organismos reguladores que, tras abandonar sus respectivos puestos, solicitaron esta pensión indemnizatoria. Sus percepciones mensuales van de los 4.693 a los 9.389,94 euros. Teniendo en cuenta que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) está en 648,60 euros al mes en 14 pagas, 9.080,40 al año, en España hay trabajadores que cobran menos en un año que lo que ingresan algunos ex altos cargos en un solo mes.

Estas cantidades son una especie de compensación para paliar las exigencias que la ley de incompatibilidades pone a los ex altos cargos a la hora de regresar a la actividad privada en los dos años posteriores a su cese. Unas condiciones que, no obstante, se suavizaron con la ley del alto cargo aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. ley del alto cargoMariano Rajoy

De los 13 perceptores de esta especie de percepción de desempleo, doce de ellos tienen su origen en la Comisión Nacional de la Competencia y uno en la CNMV. Es el caso de Luis Pedroche, que cesó en su cargo de consejero el 30 de abril de 2014 y comenzó a recibir su prestación, 8.640,32 euros mensuales el 1 de mayo. Puede percibirla hasta mayo de 2016.

Salvo uno, todos los ceses de la Comisión Nacional de la Competencia, órgano integrado por cuatro direcciones: Competencia, Energía, Telecomunicaciones, Sector Audiovisual y Transportes y Postal, se produjeron en octubre de 2013 y comenzaron a percibir las llamadas indemnizaciones el 1 de noviembre de 2013. Están, pues, a punto de que se les agote este derecho.

Los ingresos mensuales más altos van a parar a Bernardo Lorenzo Almendros, expresidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones: 9.389,94 euros. Los más bajos, son los 4.693,13 euros mensuales que llegan a los bolsillos de Ramón Company, Elena Etxegoyen y Manuel Guillermo Varela, todos exconsejeros de la Comisión Nacional del Sector Postal.

Incompatibles con otros ingresos

La legislación establece que el alto cargo puede renunciar en cualquier momento a percibir esta indemnización. Desde 2012, este tipo de pensiones indemnizatorias son incompatibles con cualquier otro tipo de ingresos, ya sean públicos o privados. Así lo marca el Real Decreto Ley 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Desde ese año, se han destinado 2,5 millones de euros de fondos públicos en concepto de indemnizaciones efectuadas por razón de abandono del cargo. Los beneficiarios han sido 18. Y a la cabeza de todos ellos se ubica Julio Segura Sánchez, ex presidente de CNMV. Cesó el 7 de octubre de 2012 y ese mismo día figura como fecha del inicio de su percepción a razón de 9.955,13 euros mensuales. Agotó los dos años que permite la ley. En total se embolsó 236.789,88 euros.

Otros cargos con derecho

Los miembros de los organismos reguladores no son los únicos altos cargos que tienen derecho por ley a estas indemnizaciones por cese de actividad. También tienen acceso a ellas los miembros del Gobierno, los secretarios de Estado, el Fiscal General del Estado, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) y el jefe y secretario general de la Casa del Rey.

Desde que estos datos son públicos hasta el día de hoy, sólo un ex alto cargo del Gobierno ha solicitado esta generosa ayuda. Fernando Jiménez Latorre, exsecretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Cesó en agosto de 2014 y percibió 6.311,4 euros durante dos meses. En total, 12.622,8 de euros.

Las otras vías

Los ex altos cargos de la Administración General del Estado también pueden optar por incorporarse a la actividad privada. Para ello necesitan una autorización de la Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda, puesto que durante el periodo de los dos años posteriores al cese no pueden prestar servicios en entidades privadas afectadas por decisiones relacionadas con el cargo desempeñado.

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En el último año se han expedido 25 autorizaciones de compatibilidad. Entre los beneficiarios figuran Jaime Pérez Renovales, que pasó de Presidencia del Gobierno al Banco Santander, de donde partía antes de recalar en el Gobierno de Rajoy y el exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

El también exalcalde de Madrid solicitó licencia para tres actividades: el ejercicio de la abogacía, la docencia universitaria y la incorporación a la consultora Thinking Heads.

En el listado también destaca Eduardo Torres-Dulce, ex fiscal general del Estado, que pidió autorización para incorporarse al despacho de abogados Garrigues.