Alarma en círculos políticos, judiciales y económicos por el “alto riesgo” que supone la táctica de Rajoy

La decisión de Mariano Rajoy de plantear por sorpresa una reforma urgente del Tribunal Constitucional no sólo ha provocado el rechazo unánime de la oposición política sino que ha generado también una grave preocupación en la judicatura y en amplios sectores del poder económico y financiero, donde consideran “de alto riesgo” la escalada de polarización y crispación política por la que “claramente” apuesta el Gobierno. Fuentes de Moncloa admiten que el calendario electoral y las encuestas manejadas, no tanto en Cataluña como de cara a las generales, han condicionado una estrategia en la que confían para un objetivo prioritario: que el PP logre mantenerse en el poder.

El presidente del Gobierno y del Partido Popular, Mariano Rajoy, reacio desde siempre a tomar cualquier decisión que suponga dar la razón a alguien y quitársela a otro de sus colaboradores, se ha visto en la tesitura de tener que hacerlo respecto a Cataluña y la estrategia electoral. Y ante la duda y el asomo de un debate interno en su propio equipo de confianza, ha optado por la línea política más dura, asumiendo que sigue dando alas al independentismo a cambio de asegurarse (según los vaticinios demoscópicos que maneja) el máximo apoyo posible fuera de Cataluña en las elecciones generales. Dicho de otra forma: no importa que el PP saque tres escaños más o menos el 27-S si se consigue movilizar voto de cara a las generales en el conjunto del Estado.

La proposición de ley presentada en el Congreso el pasado martes para otorgar por la vía de urgencia al Tribunal Constitucional (TC) funciones ejecutivas y sancionadoras más allá del arbitraje que le adjudica la Constitución pilló por sorpresa a propios y extraños. En un sentido literal. A los “extraños” que forman todo el arco parlamentario a excepción del PP y a los “propios” que ostentan la mayoría absoluta, puesto que la dirección del partido, con su secretaria general María Dolores de Cospedal a la cabeza, se enteró unas horas antes de la iniciativa.  Es importante reconstruir el parto para responder a la pregunta clave: ¿qué ha ocurrido entre el 7 de agosto, cuando Rajoy abrió la puerta a una posible reforma constitucional, y este 1 de septiembre, cuando a juicio de prestigiosos juristas ha decidido rematar el ya escaso prestigio del TC bajo el argumento de que el independentismo catalán no cumple sus sentencias?

1.- Las claves de una decisión

Una fuente cercana a la presidencia del Gobierno da una versión más completa y matizada que el argumentario oficial repetido estos días. “No olvidemos que fue el ministro Catalá [ver aquí] quien habló de la posibilidad de abordar una reforma constitucional en la próxima legislatura, y lo hizo en vísperas de la reunión de Rajoy con el rey en Marivent. Lo que dijo el presidente, sin desmentir a su ministro, fue que estaba abierto a hablar de una reforma, pero que su convicción era que por esa vía no se calmarían las pretensiones de los secesionistas”. La misma fuente explica que Rajoy intentaba de esa forma negar que estuviera instalado en el inmovilismo, y por eso aludió incluso a la base que suponía el informe que el Consejo de Estado redactó en febrero de 2006 sobre Modificaciones de la Constitución Española a petición del entonces presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Desde el entorno de Presidencia reconocen que hay miembros del Gobierno, y también en la dirección del PP, que defendían la idea de plasmar en el programa electoral del PP la defensa de una reforma de la Constitución. Esas voces fueron de inmediato desautorizadas, porque el Comité de Campaña del PP descartó definitivamente tal posibilidad en las reuniones mantenidas pocos días después de las declaraciones de Catalá y de Rajoy sobre el asunto. Los análisis demoscópicos les sugieren que cualquier idea que refuerce la imagen de firmeza ante la hoja de ruta soberanista moviliza parte de un voto desencantado por la gestión de la crisis y por las promesas incumplidas, y diferencia claramente el discurso de la derecha frente a la idea (“más compleja”) de una España federal que defiende el PSOE . Se decide buscar una medida “contundente y simple” que además marque también una imagen de autoridad respecto al principal competidor del PP en el centro derecha, que es Ciudadanos.

La idea de traspasar al Tribunal Constitucional una capacidad ejecutiva, administrativa y sancionadora, y de hacerlo además de forma unilateral y sin consenso de ningún tipo parte del equipo de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y su “batallón” (en palabras de compañeros suyos) de abogados del Estado. Quienes defienden y convencen a Rajoy de que trasladar al TC las armas para inhabilitar o multar a Artur Mas si desobedece una sentencia es la mejor opción política en este momento intentan justificarla en contraposición con la aplicación del artículo 155 de la Constitución o el uso de “los tanques” en la hipótesis de que se produzca una declaración de independencia en Cataluña. De modo que su conclusión es que con la reforma urgente del TC Rajoy demuestra “tener las ideas claras frente a las posiciones de diálogo y de matices que otros sostienen” y al mismo tiempo como “firme y decidido en defensa de la unidad de España” frente a quienes, desde el ala más ultraderechista del PP, le reprochan que fue “blando” ante la consulta soberanista del 9 de noviembre pasado.

En el propio entorno presidencial, así como en distintos sectores del Gobierno y del partido, se considera “una chapuza” la puesta en escena de la iniciativa parlamentaria. “Hacer coincidir ese momento con la reunión de Rajoy con Merkel en Berlín, cuando la canciller alemana además da un espaldarazo a nuestra posición sobre Cataluña, no es acertado, y la presencia de nuestro candidato García Albiol tampoco”. Ambas cuestiones son achacadas a la vicepresidenta Santamaría y su equipo, desde el cual explican que se decidió presentar la proposición de ley el martes “porque se agotaba el plazo para que pueda ser aprobada antes de disolverse el Congreso”. ¿Por qué no se hizo unos días antes? No ha habido explicación para ello, y este hecho alimenta la especie de que ha podido influir también la publicación el domingo pasado en El País de una carta de Felipe González 'A los catalanes' que Gobierno y PP utilizaron de inmediato en provecho de sus posiciones.

Pese a reconocer que el timing y ese prepotente "la broma ha terminado” de García Albiol “sobraban”, las fuentes de Moncloa sostienen que “esta medida llega no sólo al electorado del PP sino también a una parte del electorado socialista y de Ciudadanos; a toda esa gente que pregunta qué haremos al día siguiente si se declara la independencia”. Y eso es lo que se pretende, sacar el máximo provecho posible en unas elecciones generales “que jamás han estado tan catalanizadas”.

Gobierno y PP tenían descontada la reacción que su iniciativa de reforma urgente del Tribunal Constitucional suscitaría en el Parlamento. Ningún grupo apoyaría una medida que no busca el consenso sino una demostración de autoridad con objetivos electoralistas nada disimulados. En Cataluña se pretende movilizar al perfil de votante que busca Xavier García Albiol, y se asume que al mismo tiempo se ofrecen nuevos argumentos a los defensores de la vía independentista, cuya movilización el PP cree que está garantizada en cualquier caso. En cuanto a los partidos emergentes, sin representación todavía en el Congreso, tanto Ciudadanos como Podemos saldrían reforzados en Cataluña con la polarización entre el PP y el independentismo. Lo cual confirma que de cara al 27-S el PP busca dañar al máximo al electorado que pueda mantener el PSC, y mantenerlo hundido si es posible de cara a las generales de diciembre. Un miembro del núcleo dirigente de Podemos califica directamente de “suicida” la estrategia del PP porque “sigue anclada en un concepto del Estado que ya no responde a la realidad sociológica y política actual”.

2.- la 'sinrazón' de Estado

Ese evidente y reconocido componente electoralista y táctico en el movimiento que hace el PP ha conseguido aglutinar a toda la oposición y deja en el aire la incógnita de hasta qué punto puede volverse en su contra también en el ámbito electoral.

Uno de los dirigentes socialistas que participó en la tramitación de la reforma del Estatut en la etapa de gobierno de Zapatero recuerda que “el PP en realidad lleva haciendo exactamente la misma política respecto a Cataluña desde 2005; dinamitó el Estatut por todas las vías posibles, incluida la de presionar y bloquear el Tribunal Constitucional hasta la sentencia de 2010 que enterró definitivamente aquella solución por temporal que fuera, y no ha desaprovechado la menor oportunidad para incendiar el asunto catalán con el único objetivo de sacar tajada electoral en el resto de España”.

Desde la dirección actual del PSOE, y más allá también del argumentario conocido, admiten que la carta publicada por Felipe González no ha hecho ningún favor a Pedro Sánchez sino todo lo contrario. “Podemos compartir el 95% de esa carta; y sabemos que la referencia a los años treinta y la Alemania nazi es un error de bulto que el propio Felipe admite y que rectificará [a su manera lo ha hecho este mismo sábado en 'La Vanguardia'], pero lo importante no es eso sino el ninguneo que con este gesto y algún otro se le hace a Pedro Sánchez”.

Varias diputadas y diputados socialistas consultados muestran su disgusto por la utilización inmediata que el Gobierno ha hecho de la “epístola” de González, pero no eximen al propio González de la primera responsabilidad. “Lo lógico en todo caso –argumenta uno de ellos- habría sido que Sánchez hubiera firmado una carta con nuestra propuesta concreta de solución dialogada a las reivindicaciones catalanas y que luego Felipe y todo el mundo la arropara en el partido; o si se considera que la firma de Felipe aporta mucho, pues que hubieran firmado juntos como en su día lo hicieron Felipe y Carmen Chacón. Esto sólo sirve para que el PP intente decir que dentro del PSOE mucha gente prefiere la mano dura”. En sus declaraciones de este sábado a La Vanguardia, quizás en un afán de compensar el lío que desató una semana antes, González removió de nuevo el avispero al proclamar la necesidad de "reconocer a Catalunya como nación". Distintos miembros del Comité Federal han comentado que "no es un momento apropiado para debates nominalistas".

Nadie en la dirección del PSOE fue advertido de la carta de González, y muchos se preguntan si la leyó alguien más aparte de Juan Luis Cebrián, editor de El País, puesto que ese alguien podría haberle advertido que la comparación con el fascismo de los años treinta suponía un nuevo balón de oxígeno para un Artur Mas acosado por acusaciones de corrupción y por las insistentes advertencias internacionales de que una Cataluña independiente se quedaría fuera de la Unión Europea, al menos durante unos cuantos años. (La propia Merkel y David Cameron lo han reiterado en los últimos días).

Los mismos dirigentes socialistas que critican gestos como el de Felipe González o iniciativas como la llamada “tercera vía” impulsada por Alfredo Pérez Rubalcaba porque “contribuyen a alimentar todavía más la imagen de ambigüedad que se nos achaca” creen sin embargo que la decisión de Rajoy sobre la reforma del TC puede convertirse en un acicate importante para las posibilidades electorales de Pedro Sánchez. “Rajoy se ha equivocado por completo –dice un miembro del equipo de Sánchez-, porque ha demostrado que le importa un bledo cargarse el mismísimo Tribunal Constitucional o alimentar el separatismo en Cataluña con tal de mantenerse en la Moncloa. Eso nos permite por primera vez demostrar que Rajoy es un verdadero peligro para los intereses de España, incluso sobre lo que siempre ha impuesto el PP como uno de sus puntos fuertes: la unidad territorial”. Precisamente ha sido el eje del discurso de Pedro Sánchez este sábado ante el Comité Federal, donde ha definido a Rajoy como un político “incapaz” y “agotado”, que deja como legado “una España rota”.

3.- Zapatero: “un error muy grave”

El expresidente Zapatero, cuyo impulso y apoyo a la reforma del Estatut frustrada por la sentencia del Tribunal Constitucional en 2010 aparece en cualquier discusión sobre el “problema catalán”, no ha querido opinar acerca de ninguna cuestión interna del PSOE ni sobre la carta firmada por Felipe González. Preguntado por la reforma que tramita el PP en el Congreso, Zapatero la considera “un error muy grave. Dudo seriamente de su constitucionalidad. El TC está concebido para ser árbitro y no parte. Su misión integradora no contempla asumir labores ejecutivas”. En el terreno político, Zapatero añade que esta iniciativa “de carácter electoralista puro y duro” del PP “sí demuestra algo: que además de reformar la Constitución se pueden hacer más cosas para buscar soluciones. La lástima es que, en lugar de proponer en positivo, se tomen medidas que sólo agravan el problema”.

Juristas de prestigio reconocido como Francisco Rubio Llorente, expresidente del TC y del Consejo de Estado, consideran también que “la corrección constitucional de estas normas es cuestionable, y dudosa su eficacia para frenar el independentismo catalán, pero es segura su capacidad para echar sobre el Tribunal Constitucional una carga política que terminará por aplastarlo”. Ese riesgo es admitido por otros juristas consultados, incluso dentro del TC, donde se considera además que el debate está falseado en origen, puesto que “no existe la impresión de que haya un incumplimiento generalizado de sus sentencias”, en palabras de un magistrado. Es obvio que le referencia utilizada es la convocatoria del referéndum el pasado 9 de noviembre en Cataluña “que finalmente no puede considerarse tal por muchas razones: ni hubo censo, ni urnas que pudieran denominarse así, ni tuvo, como era obvio, ninguna consecuencia legal”. Pascual Sala, también expresidente del TC y del Consejo General del Poder Judicial, califica de “insólito” que el PP pretenda convertir al Constitucional “en un órgano de ejecución de sospechas del poder ejecutivo”. Sala coincide con la citada fuente en que el TC “ya tiene mecanismos suficientes para asegurar la efectividad de sus resoluciones”.

4.- Inquietud empresarial

El anuncio unilateral sobre la reforma urgente del TC no sorprendió sólo en medios políticos y judiciales. También en sectores de la cúpula empresarial y económica ha suscitado en los últimos días una irritación palpable. “Es una torpeza mayúscula”, afirma el portavoz de una de las entidades pertenecientes al llamado Foro Puente Aéreo, que agrupa a algunas de las grandes empresas y bancos del Ibex-35 con presencia y actividad internacional y con parte del negocio en Cataluña. Según su análisis, “lo que está ocurriendo no es un fenómeno coyuntural, porque se quiera ver o no hay unos dos millones de catalanes que podrían votar por la independencia, y eso no se soluciona a base de amenazas”.

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La misma fuente considera que este movimiento de carácter electoralista “alimenta precisamente lo que se supone que quiere combatir, y sólo lleva a un escenario de polarización, de crispación”. Sin entrar en el contenido de la reforma propuesta, en medios del poder financiero no se entiende que Rajoy haya optado una vez más por el mensaje de la “amenaza” cuando desde el tejido empresarial se está intentando influir para encontrar salidas dialogadas “que reconozcan la singularidad catalana y que no rompan la unidad territorial, pero especialmente que garanticen la unidad de mercado y la estabilidad económica”. Se refiere esta fuente a iniciativas como el documento distribuido hace unos días por la principal patronal catalana y que adelantó infoLibre, pero también “a otras iniciativas que están en marcha y que probablemente se conozcan entre el 11 de septiembre (Diada) y las elecciones del día 27”. Todas hacen hincapié precisamente en el argumento que en los últimos días el Gobierno ha conseguido reforzar por boca nada menos que de Ángela Merkel y David Cameron: una Cataluña independiente tendría que ponerse en la cola para volver a pertenecer a la UE. “Nos parece mucho más convincente y eficaz, y no se explica cómo en lugar de centrarse en esto se busca de nuevo el choque de trenes; es una apuesta de alto riesgo para la tranquilidad empresarial y para todos”.

En su última reunión, el pasado 16 de junio, el Consejo Empresarial de la Competitividad que agrupa a las principales empresas y entidades financieras del Ibex compartió un análisis del escenario político tras las elecciones autonómicas y municipales del 24-M. Varios participantes mostraron su preocupación y “desencanto” por la estrategia política de Rajoy y la tensión que estaba generando al achacar su debilidad al trato informativo de algunas cadenas de televisión. Respecto a Cataluña, el Consejo de la Competitividad no tiene previsto pronunciarse y es mucho más probable que lo hagan organizaciones como CEOE, la Cámara de Comercio de España o el propio Foro Puente Aéreo, con más arraigo en Cataluña.

Distintos politólogos vienen advirtiendo de una de las causas de la “debilidad democrática”, no sólo en España: la tentación de gobernar en casi permanente campaña electoral. La confusión entre una y otra actividad política puede pasar factura. Rajoy comprobará en diciembre si ha acertado o no electoralmente. Las consecuencias de su apuesta sobre la economía o sobre la solidez institucional son más difíciles de medir a corto plazo.