Bolas de goma y proyectiles de fogueo para sofocar un motín en el CIE de Valencia

Domingo 6 de septiembre. 01.00 horas. Suenan ráfagas de disparos en el CIE (Centro de Internamiento de Refugiados) de Zapadores. Unos potentes haces de luz apuntan al techo. Una bola de goma cae al otro lado del muro y rueda sobre el asfalto. Se escuchan proyectiles de armas de fogueo. “¡Rendición, rendición!”, se oye desde lo alto. “Quieren bajar, pero no pueden. ¡Hay heridos!”, grita un uniformado. A través de una grúa de bomberos, nueve inmigrantes son reducidos por agentes antidisturbios de la Policía Nacional. Algunos vecinos se asoman a las ventanas y graban con los móviles y una trentena de activistas de CIEs No recorren el perímetro exterior de la valla. A última hora se suman Antonio Estañ y Antonio Montiel, diputados de Podemos.

Esta es la versión fragmentaria del motín de una cincuentena de inmigrantes del CIE de Valencia. Según la Delegación del Gobierno, alrededor de las 23.00, un grupo de internos de origen argelino golpeó a un policía y le quitó a otro las llaves del patio. La mayoría salieron al exterior y otros, según esta misma fuente, se dedicaron a romper puertas, quemar colchones y vaciar extintores. El balance policial habla de cinco agentes heridos y de 54 inmigrantes ilesos. Ana Fornés, portavoz de CIEs No, que agrupa a 30 asociaciones en defensa de los Derechos Humanos, intentó, en vano, contactar con ellos a lo largo del día, ya que desde agosto, “disponen de teléfonos móviles dentro del recinto”. Los aparatos apagados levantaron las sospechas de una posible deportación masiva. “No es la primera vez que huelgas de hambre o intentos de fuga acaban con inmigrantes embarcados y rumbo su país”, sostiene Fornés, quien a mediodía preguntó en el CIE por el destino de los internos. “Me respondieron que aquí no quedaba ningún árabe”, añade.

Por su parte, fuentes de la Delegación del Gobierno consultadas por infoLibre aseguran que los amotinados pasaron la tarde en los calabozos del Ingreso Central de Guardia, un edificio anexo al CIE. “Por la tarde han ido volviendo a sus habitaciones salvo los nueve que se subieron al techo”. Desde el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) explicaron que el Juzgado de Guardia todavía no ha recibido ningún atestado policial.

Centro polémico

El de este lunes no es el primer intento de fuga en Zapadores. El 17 de septiembre de 2014 una cincuentena de internos se abalanzaron sobre la puerta aprovechando un cambio de turno en la limpieza. Un decena lograron huir y otra decena acabaron heridos por los golpes de los guardias. CIEs No denunció una posterior represión por parte de tres agentes de la Policía Nacional. “Es una práctica común”, denuncia Fornés. De hecho, solo un mes antes, en agosto de 2014, tres ciudadanos marroquíes denunciaron agresiones físicas y verbales. Y el 14 abril de ese año, 11 malienses fueron trasladados por sorpresa al CIE de Aluche, en Madrid, para ser deportados. La medida desembocó en una huelga de hambre de 97 internos que apenas duró unos días “por las amenazas con castigos, represalias y deportaciones”, según denunciaron los propios inmigrantes a través de sus entidades de apoyo.

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De hecho, el primer policía nacional imputado por agresiones en un CIE fue en Zapadores a raíz de la denuncia en 2012 de cinco menores argelinos. El caso fue archivado en instrucción y la Audiencia Provincial reabrió el caso en septiembre de 2014, pero los menores ya habían sido deportados. Y en octubre de 2013, el intento frustrado de fuga de un inmigrante argelino acabó en los juzgados por otro presunto caso de represión. “La mayoría de vejaciones y torturas se producen en los baños, donde no existen cámaras de vigilancia”, explica Fornés, quien en junio de este año también denunció el estado sanitario de las instalaciones, con cuartos para 156 internos y al 40% de su capacidad, con plagas de chinches, celdas de aislamiento sin baño y duchas sin agua caliente en invierno.

A las denuncias de CIEs No también se añaden las de la Sindicatura de Greuges de Valencia y las del Comité de Derechos Humanos de la ONU y el Comité de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa. Este lunes, tras conocerse el motín, la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra, exigió a la Delegación del Gobierno “una investigación profunda e independiente”, así como el cierre del centro. Según la denuncia de CIEs No, existen tres menores en el centro y un enfermo que ya ingresó con un historial reciente de varios derrames cerebrales. “Es una situación muy grave”, lamentó Oltra, quien reclamó la tutela de la Generalitat para los menores.

“Es una cárcel fuera del estado de derecho y los internos allí ingresados no han cometido ningún delito y tienen menos derechos que los que sí los han cometido”, subrayó Oltra. En la misma línea se pronunció el alcalde de Valencia, Joan Ribó, quien insistió en que el CIE “no está en condiciones y hay que cerrarlo” y en que centros de este tipo” no tienen sentido en una civilización avanzada”.