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Diez países en los que se pudieron emplear armas españolas para violar derechos humanos en 2014

Diez países en los que se pudieron usar armas españolas para violar derechos humanos en 2014

Ibon Uría

Cuatro ONG –Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón– denuncian el riesgo de que las armas que exporta España puedan emplearse para cometer graves violaciones del derecho internacional, de los derechos humanos o del derecho humanitario. En un informe titulado Armas Marca España: Más vale prevenir que matar, las citadas entidades recuerdan además que España es el séptimo exportador de armas a nivel mundial.

En concreto, de acuerdo con los datos que citan las cuatro organizaciones, España vendió a terceros países material bélico por importe de casi 3.500 millones de euros el pasado 2014, y autorizó nuevas exportaciones por valor de más de 4.000 millones. A este respecto conviene recordar que las operaciones de ventas de armas, con frecuencia, se autorizan en un ejercicio pero se materializan los sucesivos, lo que explica la diferencia en las estadísticas oficiales entre las cifras de exportaciones autorizadas y las de exportaciones realizadas.

Ese mismo documento apunta que existen al menos una decena de operaciones "especialmente preocupantes". Los motivos más citados son la situación conflictiva del país de destino o la imposibilidad de las autoridades españolas de conocer qué unidades militares o policiales van a hacer uso del material que se exporta, lo que dificulta los mecanismos de rendición de cuentas y verificación del uso que del armamento de origen español hacen los países de destino.

No es la primera ocasión en la que aparecen dudas sobre si las armas exportadas por España se utilizan de acuerdo a la ley. Preguntado por las garantías de las que dispone el Estado para evitar posibles irregularidades, el Gobierno arguyó en una respuesta parlamentaria a mediados de agosto que las licencias que concede para la exportación incluyen "garantías de uso final" de esos materiales y "estrictas cláusulas de no reexportación".

Sin embargo, expertos consultados por infoLibre subrayaron entonces de forma unánime que los controles son deficientes y que es imposible verificar el uso que se hace del armamento español sobre el terreno. Tica Font, directora del Instituto Catalán Internacional por la Paz (ICIP), afirmó que "hay dudas razonables" sobre el destino de ese material bélico y que "no es cierto" que se vigile de forma precisa su recorrido una vez se efectúa la venta.

Estas son las diez operaciones de exportación de material bélico realizadas o autorizadas por España en 2014 y que más preocupan a las ONG:

1. Arabia Saudí

Las ONG autoras del informe creen que las armas vendidas por España a Arabia Saudí podrían emplearse para cometer "violaciones graves y sistémicas" de los derechos humanos. Señalan que "en los últimos años se ha aplastado sin piedad a la incipiente sociedad civil y a las organizaciones independientes" mediante "el uso excesivo de la fuerza", y denuncian que el Gobierno español autorizó en 2014 hasta 11 licencias de exportación de material de defensa a Arabia Saudí por valor de 136 millones de euros.

Entre los pedidos que se entregarán en próximos años figuran aeronaves, armas pequeñas y ligeras, sistemas de armas de energía cinegética y equipos electrónicos. Además, durante 2014 se ejecutaron ventas previamente autorizadas por valor de 292 millones de euros, con lo que arribaron a territorio saudí, entre otros productos de fabricación española, munición, bombas, torpedos, cohetes, misiles y aeronaves.

La cuestión clave, sostienen los expertos autores del informe, es saber si las armas que España vende a Arabia Saudí son utilizadas por las fuerzas armadas saudíes en los ataques aéreos a Yemen, "algunos de los cuales parecen haber sido indiscriminados, lo que supone –apuntan– una grave violación del derecho internacional humanitario". En esas operaciones han muerto más de 3.200 personas y 15.000 han resultado heridas, según Naciones Unidas.

2. Bahréin

De acuerdo con la versión de las organizaciones autoras del informe, "el tipo de material exportado a Bahréin y autorizado en 2014 es precisamente del tipo que en los últimos años se ha empleado en el país en violaciones de derechos humanos contra manifestantes" a lo largo de los últimos cinco años. En concreto, las empresas españolas vendieron a ese país, previa autorización del Gobierno, armas pequeñas, municiones y vehículos terrestres.

Además, el documento recuerda que el Ejecutivo español autorizó en 2014 siete licencias de exportación de material de defensa a Bahréin por valor de unos 25 millones de euros. Entre los productos que se exportaron figuran rifles, obuses, cañones, morteros y municiones de artillería. Las organizaciones también manifiestan su preocupación porque el país participa en los bombardeos sobre Yemen. Por ello piden "no autorizar nuevas exportaciones de armas, municiones y material similar".

3. Colombia

En el caso de Colombia, durante 2014 el Gobierno español autorizó seis licencias de exportación de armas y material de defensa por un importe cercano a los 14 millones de euros. Según las entidades firmantes del texto, "no se puede conocer las unidades de las fuerzar armadas colombiana que utilizan las armas españolas", por lo que es imposible determinar si se emplean en actos que impliquen una violación de los derechos humanos.

Por ello piden "adoptar medidas para mitigar y eliminar el riesgo sustancial de que las exportaciones de armas españolas contribuyan o faciliten la comisión de violaciones graves" del derecho internacional, de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario.

4. Egipto

España vendió armas a Egipto durante 2014 y autorizó nuevos contratos para la exportación a ese país de material bélico. En el primer caso, se trató de operaciones de venta que alcanzaron los 108 millones de euros y que, en su práctica totalidad, tenían como destino las fuerzas armadas egipcias. Se exportaron, por ejemplo, armas pequeñas, vehículos terrestres y aeronaves que se consideran susceptibles de ser usadas en "graves violaciones del derecho internacional, especialmente en la Península del Sinaí, Yemen y Libia". En cuanto a las nuevas operaciones de venta que recibieron luz verde, alcanzaron los 182 millones de euros.

Las organizaciones consideran que se deberían "suspender las transferencias a Egipto de armas que puedan ser utilizadas en la represión de protestas para cometer violaciones graves de derechos humanos". En esa misma línea, se pide que un análisis independiente establezca si el material de origen español se está utilizando con ese fin y que, si se detecta un uso inadecuado, se suspendan o revoquen las transferencias de material bélico.

5. Irak

Según las cuatro ONG autoras del informe, "Irak atraviesa una crisis humanitaria sin precedentes" caracterizada por un aumento de la "violencia sectaria" a niveles no vistos desde 2006 en el país. Se trata del "peor periodo de conflicto civil en la historia reciente del país –apuntan las entidades–, por la violencia ejercida por parte de las milicias y por parte de las fuerzas del Gobierno iraquí y las del Gobierno del Kurdistán".

En ese contexto, el Gobierno español autorizó en el segundo semestre de 2014 exportaciones de armas por valor de 95,8 millones de euros. El destinatario del material bélico es el Ministerio de Defensa iraquí, que recibirá munición, bombas, torpedos, misiles, granadas de mortero y cargas propulsoras de fabricación española. 

Aunque el Ejecutivo afirmó que el objetivo de esa venta de armas era frenar al Estado Islámico, el documento suscrito por las entidades recuerda que existen "persistentes violaciones de derechos humanos por parte de numerosos miembros de las fuerzas armadas" iraquíes, por lo que reclaman "aplicar un enfoque preventivo" y "revocar las autorizaciones de exportación de armas" cuanto antes.

6. Israel

El informe denuncia que España autorizó 20 licencias de exportación de material de defensa por valor de 19,4 millones de euros a Israel en 2014, y pone el foco de atención sobre una presunta donación de vehículos terrestres y aeronaves a ese país, ya que en los documentos oficiales publicados por la Secretaría de Estado de Comercio se recoge que esas operaciones de exportación tuvieron un valor de cero euros.

Por otro lado, se vendieron componentes de pistolas deportivas, piezas para misiles y sistemas de vigilancia, observación y detección de blancos. Las ONG lamentan que el Gobierno haya levantado la suspensión temporal de las exportaciones decidida el pasado verano y que estuvo motivada por la ofensiva militar israelí sobre Gaza, que provocó la muerte de más de 1.500 civiles e hirió a miles. "Dicha suspensión se levantó en septiembre de 2014 como si no hubiera pasado nada", subrayan las entidades

En esa línea, se recomienda detener "todas las transferencias de armas, municiones y de otro material a Israel, Hamas y otros grupos armados palestinos". Más aún, instan al Ejecutivo a "promover activamente la imposición de forma inmediata por parte del Consejo de Seguridad de la ONU" de un "embargo de armas global" hasta que se establezcan mecanismos suficientes para asegurar que el material béclio no se emplea para "cometer graves violaciones del derecho internacional".

7. Pakistán

El informe señala que "Pakistán está implicado en un conflicto interno en el que se hace un uso de la fuerza desproporcionado" y donde "hay ataques indiscriminados", especialmente por parte de las fuerzas armadas pakistaníes. Se critica que la información facilitada por el Gobierno español "no permita saber qué unidades concretas de las fuerzas armadas son receptoras y usuarios de armas españolas", lo que impide realizar un seguimiento de su uso tras la materializarse la exportación.

En concreto, y durante el pasado 2014, España exportó a ese país material de defensa por un total de 1,4 millones de euros, entre piezas para rádares, recambios para vehículos blindados y bancos de prueba para componentes digitales. Las ONG piden mayor información sobre "las unidades concretas de las fuerzas armadas receptoras y usuarias del material de defensa español", así como una evaluación del riesgo de uso indebido del material exportado.

8. República Centroafricana

De acuerdo con el documento de Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón, el caso de la República Centroafricana es uno de los más graves, ya que en enero de 2015 la organización Conflict Armament Research denunció que armas y municiones fabricadas en una decena de países –entre ellos España– fueron introducidas de contrabando para su uso en crímenes de guerra y de lesa humanidad, frecuentes en el país africano, que atraviesa un escenario de conflicto y de crisis de derechos humanos desde 2013.

En el caso de las armas españolas, la citada denuncia sostiene que munición española exportada originalmente a Camerún en 2014 fue desviada a la República Centroafricana, y que acabó en las manos de milicias violentas. Ello evidencia, a juicio de estas entidades, que las reexportaciones no autorizadas existen y que el sistema de control de exportación español es un "fracaso". En ese sentido, las ONG reclaman una investigación independiente y exhaustiva que determine qué errores se han cometido y las medidas a adoptar para evitar que se produzca en el futuro un caso de similares caracterísitcas.

9. Venezuela

Aunque el 3 de abril de 2014 el Gobierno suspendió cautelarmente y por tiempo indefinido las licencias de exportación de material antidisturbios a Venezuela por la situación de "inestabilidad interna", durante 2014 se dio luz verde a la exportación de material de defensa. Los contratos, en total, alcanzaron los 29 millones de euros. En cuanto a las exportaciones realizadas, en 2014 España vendió a Venezuela municiones, dispositivos y compontentes de vehículos terrestres, cartuchos y esposas.

Las ONG reclaman al Gobierno que analice caso a caso si existe o no "un riesgo sustancial" de que el material exportado se emplee para "cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional y de los derechos humanos". Nuevamente, muestran su preocupación por el desconocimiento de las unidades concretas de las fuerzas armadas venezolanas en las que reclaan las armas españolas y la ausencia de un seguimiento del uso que sobre el terreno se hace de las mismas.

10. Ucrania

Las organizaciones critican que España reanudase las exportaciones de armas de caza y tiro deportivo a este país en julio de 2014, ya que persisten las "violaciones de derechos humanos" y los "abusos" en Ucrania. Consideran que no ha desaparecido el riesgo de que el material se emplee en sucesos graves por parte de fuerzas gubernamentales y grupos paramilitares, y piden que una investigación "pormenorizada e imparcial".

Durante 2014, sin embargo, el Gobierno autorizó una licencia de exportación de material de defensa, consistente en armas de pequeño calibre. Las ONG exigen "suspender las transferencias de armas de fuego, municiones y otro material" hasta que desaparezca "el riesgo de que ese material se use para cometer abusos" como los ocurridos en el pasado.

Otras operaciones bajo sospecha

Al margen de las diez operaciones descritas, que las organizaciones califican como "especialmente preocupantes", existen otros 16 casos en los que consideran que "es necesario disponer de mayor información para poder emitir una opinión informada" ya que, si bien no existen indicios concluyentes que permitan afirmar que se ha hecho un uso ilegal de las armas españolas, sí existen aspectos que suscitan dudas.

Los países implicados en esas operaciones de venta de armas que las entidades autoras del informe observan con una cierta preocupación son Brasil, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Guatemala, Indonesia, Jamaica, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, México, Qatar, República Dominicana, Tailandia y Túnez.

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Mejorar los controles

Como recomedaciones de cara al futuro las entidades proponen, en primer lugar, mejorar la evaluación del riesgo de las exportaciones autorizadas. Para ello consideran que es necesario considerar el historial "pasado y actual" del país receptor, su capacidad para utilizar las armas de acuerdo con el derecho internacional, la existencia de un registro de personas autorizadas a usar esas armas y la puesta en marcha de mecanismos de rendición de cuentas y vigilancia independientes como "factores decisivos" de la evaluación.

En segundo lugar, apuestan por avanzar en cuestiones de transparencia, de forma que las estadísticas oficiales reflejen con mayor precisión el tipo de producto que se exporta y el usuario final del material correspondiente a las operaciones autorizadas –identificando las unidades militares o policiales concretas que van a emplear el material español–. Finalmente, se reclama un aumento de los controles administrativos y mayores recursos para la Subdirección General del Ministerio de Defensa encargada de evaluar las solicitudes de exportación.

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