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El TS rechaza que Garzón injuriara a la Guardia Civil por decir que se le envía a “asesinar inmigrantes”

Alberto Garzón, durante la jornada organizada por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), en el Ateneo de Madrid, este 1 de julio de 2015.

infoLibre,

El Tribunal Supremo ha inadmitido la querella interpuesta el pasado mes de abril por la Unión de Oficiales de la Guardia Civil contra el líder de IU, Alberto Garzón, por acusar durante un mitin al Gobierno de ordenar el asesinato de inmigrantes en la valla de Melilla. Reprocha en todo caso al parlamentario su exceso verbal, informa Europa Press.

Concretamente, Garzón manifestó que el Gobierno "es el mismo que mientras mandaba a la Guardia Civil a asesinar inmigrantes en la valla de Melilla (...) aprobaba una Ley de Extranjería que otorgaba permiso de residencia para extranjeros que comprasen viviendas de más de medio millón de euros".

En coincidencia con el criterio del Fiscal, que informó a favor del archivo, el alto tribunal señala que las palabras del político "tenían como objetivo enfatizar las diferencias con que eran tratados los inmigrantes en medios económicos y los extranjeros pudientes que realizaban inversiones en España".

El auto, del que es ponente el magistrado Alberto Jorge Barreiro, añade que que está claro que los términos en los que se expresó el diputado "resultan innecesariamente duros", aunque sus "excesos" han de ser entendidos "como una forma de resaltar el mero contraste de criterios políticos en el ámbito de la inmigración, jugando para ello con el resultado de los incidentes que habían tenido lugar en la valla de Melilla".

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"Debe primar la libertad de expresión e información"

Por ello, el Supremo incide que, "aunque es comprensible la queja de la parte querellante, no cabe subsumir en la norma penal el exceso verbal con fines políticos realizado en medio de un dircurso de una campaña electoral, pues ello nos llevaría a la penalizacón de los numerosos excesos retóricos de los mítines electorales".

Dicha penalización tendría consecuencas en un ámbito, el político, en el que según el alto tribunal "debe primar la libertad de expresión e información".

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