Propuestas de campaña contra la independencia

A menos de una semana para las elecciones al Parlament de Cataluña convocadas para este domingo, hay una conclusión clara: el debate sobre la independencia ha monopolizado la campaña y la discusión en torno al sí o el no a la secesión y sus derivadas ha sido el punto central de todos los debates. Pero, ¿qué proponen quienes rechazan la independencia? ¿Cuáles son sus ideas para mejorar el encaje de Cataluña en España? Estas son las respuestas de las organizaciones empresariales, sindicales y de los partidos no independentistas.

Los empresarios fueron de los primeros en pronunciarse en campaña. El pasado miércoles, el Círculo de Economía –entidad que preside el catedrático de Política Económica de la Unidad de Barcelona Antón Costas y en cuya Junta Directiva se sientan representantes de Sabadell, La Caixa, Roca y Colonial, entre otras firmas– admitió que los comicios del 27-S se celebran en un "clima político excepcional" caracterizado por un sentimiento "ampliamente mayoritario" a favor de "la mejora del autogobierno", el cambio del modelo de financiación y el "reconocimiento político" de la personalidad de Cataluña.

Así las cosas, el Círculo apostó por reflejar en el ordenamiento "legal y constitucional" esas particularidades de la identidad catalana, y consideró que "las elecciones del 27-S junto con las elecciones generales de diciembre abren una nueva ventana" para hacerlo posible a través del "acuerdo y la reforma", una actitud que contrapone al "quietismo y la resistencia la cambio que ha caracterizado" al actual Ejecutivo central. La entidad sostuvo que debe respetarse tanto el mandato de las urnas como la ley, y se muestra favorable a una "consulta legal, acordada y bien informada" si los independentistas logran la mayoría absoluta.

Si eso no ocurre, advirtió la organización –que rechaza expresamente una eventual declaración unilateral de independencia–, el resultado de las urnas no puede interpretarse en el sentido de que la sociedad catalana es partidaria de la situación actual y de que no hacen falta cambios: "No es así", reiteró el Círculo. En definitiva, los empresarios creen que el día después del 27-S habrá que "reconciliar el principio de legalidad del Estado de Derecho con el principio democrático", lo que implica tanto "respetar las reglas" como "encontrar cauces legales" para cambiarlas si la sociedad lo demanda.

Posiciones enfrentadas

El Círculo de Economía no es la única organización de este tipo que opinó sobre la independencia, aunque sí la que lo hizo con más matices. El pasado viernes, las patronales bancarias AEB y CECA alertaron en una nota de los "riesgos" que, a su juicio, comportaría la independencia, en un movimiento similar al de las entidades británicas en la antesala del referéndum celebrado en Escocia en el verano de 2014: "Todas las entidades afrontarían graves problemas de inseguridad jurídica que les obligarían a reconsiderar su estrategia de implantación", sostuvieron. Los banqueros llamaron al orden constitucional para no poner "en grave riesgo" la "financiación a familias, PYMES y a los sectores productivos y generadores de empleo".

En una línea similar a la de la banca, varias de las grandes empresas catalanas agrupadas en la patronal Foment del Treball suscribieron a principios de septiembre un manifiesto para reflejar su "máxima preocupación" ante la posible independencia. Los grandes empresarios también negaron que el 27-S tenga un carácter excepcional e hicieron hincapié en que son "unas elecciones autonómicas". Foment completó ese pronunciamiento con una serie de propuestas económicas que suenan a conocidas en boca de la patronal: bajar impuestos, invertir en infraestructuras y racionalizar la Administración fueron algunas de esas recetas.

Y este lunes entró en campaña el Banco de España, que advirtió del "riesgo de corralito" en una Cataluña independiente. Justo en el extremo opuesto, una treintena de patronales de PYMES y Cámaras de Comercio de menor entidad, los autodenominados Empresarios con el Parlamento de Cataluña, suscribieron otra declaración el 3 de septiembre para expresar su "apoyo incondicional" a un proceso que permita que "los ciudadanos puedan expresar libre y democráticamente su voluntad sobre el futuro del país", así como para destacar su "compromiso" de "adaptar a esa voluntad" la actuación de sus empresas.

CCOO y UGT piden reformas

Los sindicatos tampoco son ajenos a la controversia. "La independencia no favorecería a los trabajadores catalanes", advirtió este lunes el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, quien abogó por una reforma de la Constitución que facilite la consecución de un "nuevo encaje territorial" –"un Estado federal", precisó en un acto el pasado 10 de septiembre– como alternativa al "agotamiento" del esquema actual y a "un choque de trenes que parece inevitable". Su homólogo en UGT, Cándido Méndez, se mostró igualmente partidario de modificar la Carta Magna y se opuso a la independencia de Cataluña.

Horas después, sin embargo, las federaciones catalanas de ambos sindicatos matizaron o enmendaron esa posición. CCOO de Cataluña sostuvo en un comunicado que su respaldo al derecho a decidir de los catalanes es "total" y reivindicó su "voz propia" con respecto a la de CCOO. Asimismo, UGT de Cataluña dijo tener una "posición soberana" y calificó de irrenunciable e inegobiable el llamado derecho a decidir. "Cataluña ha de ser lo que decidan libremente sus ciudadanos", reiteró el sindicato.

Senado, financiación y Constitución

Entre los partidos que no apoyan la independencia hay propuestas de todo tipo para lograr un encaje satisfactorio de los catalanes en el Estado. El Partido Socialista defiende, por ejemplo, una reforma de la Constitución –que ratificarían todos los españoles en referéndum– para zanjar temas como la financiación y que reconozca el carácter singular de Cataluña. Este domingo, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, aseguró que ese modelo garantizaría "la integridad y la articulación de la unidad de España", y confirmó que, entre otras cuestiones, trasladará el Senado de Madrid a Barcelona para que "la España federal tenga presencia en Cataluña".

El programa del PSC reitera la apuesta por la transformación del Estado de las Autonomías en un Estado federal caracterizado por una "definición precisa" del reparto de competencias, por la transformación de la ya citada Cámara alta en un Consejo Federal donde estén presentes los Gobierno autonómicos y por la constitucionalización de un sistema de financiación regional que considere los "principios de solidaridad y ordinalidad". Precisamente sobre financiación, se pide un pacto fiscal federal que impida que las Comunidades Autónomas "más dinámicas" pierdan "incentivos a seguir creciendo y aportando al conjunto". Y es que los socialistas, le dijo este martes el portavoz en el Congreso Antonio Hernando al presidente Mariano Rajoy, opinan que "cumplir la ley no es suficiente para resolver el problema de fondo".

Precisamente en el cumplimiento de la ley es en lo que más ha incidido hasta ahora el candidato conservador a la Generalitat, Xabier García Albiol, quien centra su discurso de campaña en el rechazo frontal a la independencia. Sin embargo, y aunque no es frecuente que desgrane otras ideas, lo cierto es que su programa sí plantea otras medidas, como la reconversión del Senado en una Cámara de "primera lectura" de las leyes que afecten a las autonomías. En materia económica, Albiol señaló este lunes que es partidario de que la Generalitat pueda "gestionar sus propios impuestos", y el PP afirma que hay que garantizar que el principio de solidaridad no implique un "gasto inútil de recursos públicos".

Los conservadores incluyeron en su programa otras medidas, como la apertura de sedes de los museos del Estado en Cataluña, donde se exponga de forma "temporal y rotatoria" sus colecciones, así como ofrecer como asignatura optativa en los institutos el estudio básico de las lenguas oficiales españolas –catalán, gallego y euskera–. "El PP tiene un proyecto de futuro para los catalanes más conveniente y atractivo que la ruptura –reza ese documento–: España también es de los catalanes, y es necesario, por otro lado, reconocer la realidad plural de la sociedad catalana".

Reformas con o sin consulta

La propuesta de Unió para por introducir en la Constitución una disposición adicional que reconozca la existencia de la "nación" catalana y que blinde cuestiones como la financiación, la presencia del catalán en el sistema de enseñanza o la presencia de Cataluña en instituciones europeas. El sistema, apunta el programa para el 27-S, debería respetar "los principios de ordinalidad y de esfuerzo fiscal" y garantizar que la solidaridad no implica "un agravio" los catalanes. Se propone igualmente la creación de una Agencia Tributaria catalana y un "concierto fiscal" que permita a Cataluña gestionar y decidir sobre todos sus impuestos.

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La particularidad de la reforma que sugiere Unió es que no tendría que ser "necesariamente" refrendada en una votación. El argumento de los exsocios de Convergència es que en una reforma más amplia de la Carta Magna Cataluña podría salir "malparada", motivo por el que apuestan por aplicar esas modificaciones únicamente a través de una nueva disposición. Su candidato, Ramón Espadaler, se mostró confiado este martes de que "la aritmética del nuevo Parlamento español y la constatación de la realidad nos conducirán al diálogo".

Catalunya Sí que es Pot, por contra, fía todas las opciones de lograr un nuevo escenario satisfactorio para todas las partes a un "proceso constituyente" propio para Cataluña, que reconozca la "plena soberanía del pueblo catalán como sujeto" y que "no esté subordinado a ningún otro marco". Ese proceso, afirma la candidatura que integran Podemos, ICV, EUiA y Equo, implica "decidirlo todo" y no configura de antemano el resultado final de la relación que Cataluña deba tener con el Estado: "Una república catalana –sostiene– es tan compatible con un horizonte independentista como con uno federalista o confederalista".

Finalmente, Ciudadanos aboga por transitar hacia un Estado federal con Alemania como modelo, por clarificar las competencias de cada nivel de la Administración y por cambios en el Senado que lo conviertan en el instrumento que juegue un papel clave en la coordinación de políticas entre el Estado y las autonomías. El programa del partido de Albert Rivera no menciona expresamente cambios en la Constitución ni medidas concretas que favorezcan la integración de Cataluña, sino que describe ideas para la mejora del modelo autonómico en su conjunto.