Refugiados políticos
Interior tiene más de 12.000 solicitudes de asilo pendientes de resolver, dice Eurostat
La Oficina de Asilo y Refugio del ministerio del Interior acumulaba a finales de junio un total de 12.055 expedientes sin resolver de solicitantes de asilo, es decir, personas que han pedido formalmente protección a España y que están en territorio nacional esperando recibir una respuesta de la Administración.
Así lo revelan las últimas estadísticas de Eurostat, que ofrecen la perspectiva mes a mes desde 2008 y reflejan cómo el progresivo incremento experimentado desde 2012 en el volumen de solicitudes de asilo que ha venido recibiendo España va acompañado de un aumento en los expedientes en tramitación.
En concreto, en 2012 se registraron 2.588 peticiones de asilo, que ascendieron a 4.502 en 2013 y alcanzaron las 5.947 al cierre de 2014, empujadas fundamentalmente por el volumen de desplazados que estaban produciendo tanto la guerra en Siria como en Malí y después, en Ucrania, las tres nacionalidades que generan hoy más refugiados en España.
Ya el 2012 arrancó para la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) con 2.715 expedientes pendientes de resolver, y aunque la cifra fue variando, el año terminó con 2.700 peticiones tramitándose.
Aunque en enero de 2013 se contaban 2.660, los meses siguientes incrementaron notablemente la cifra: en julio ya eran 3.920 y al final de diciembre se contaban 4.345 en espera de resolución.
Durante 2014 la tendencia se aceleró: 5.865 solicitudes sin resolver al cabo del primer trimestre, un total de 6.410 al término del mes de junio y con 7.525 cerró diciembre. A estas se han acumulado las realizadas durante los primeros seis meses de 2015, pasando de 8.175 pendientes en enero a 12.055 en junio.
De ellos, un total de 2.250 son menores y la mayoría no han cumplido los 14 años. El grupo más amplio proviene de Siria, con 3.815 peticiones pendientes. Le siguen ucranianos (1.910) y Mali (1.835). También hay palestinos, iraquíes, cameruneses, argelinos, congoleños, afganos y de otros países donde los derechos humanos no están protegidos.
En 2014 solo 384 recibieron el estatuto
Aunque por ley las solicitudes de asilo deberían culminar en seis meses, la demora se puede prolongar más de un año, provocando así disparidad entre las solicitudes que se registran, las que se tramitan y las que se resuelven. Interior calcula que habrá recibido 15.000 peticiones al cabo de este año, pero eso no significa que se resuelvan tantos expedientes ni que se conceda protección a todos ellos.
En 2014, por ejemplo, se presentaron 5.947 solicitudes de asilo y de ellas fueron admitidas a trámite 4.768. Ese mismo año, la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio –que es el organismo encargado y se reúne mensualmente– se pronunció sobre 3.614 expedientes, pasando el resto a engrosar la lista de asuntos pendientes. En 2.029 de estos casos se negó la protección, así que al final fueron 1.583 nuevos refugiados de los que solo 384 recibieron el estatuto.
El atasco empieza en las citas
Según los expertos consultados por Europa Press, la acumulación de expedientes en tramitación responde tanto a las dificultades propias del procedimiento de asilo, que requiere de al menos una entrevista personal y un estudio en profundidad de cada caso, como a la falta de medios personales y materiales; pero sobre todo, dicen, a una falta de voluntad política.
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Coinciden en señalar que podría articularse un mecanismo extraordinario, como se hizo con los procesos de nacionalidad o dotar a la OAR de los recursos necesarios.
La situación afecta a todo el sistema y se nota desde el primer paso, cuando se formaliza la petición. Para registrar formalmente la petición es impresdincible acudir a la administración y someterse a una entrevista. Sin embargo, fuentes consultadas por Europa Press critican que se organizan pocas al cabo de la semana, generando así una lista de espera con centenares de potenciales refugiados sin ningún tipo de protección ni acceso a los recursos de acogida. En lugares como Madrid, se tarda cuatro meses en conseguir una cita, según denuncian ONG como CEAR o ACCEM.
Las personas que ya han registrado la petición reciben un permiso de residencia (la conocida tarjeta roja) para estar documentados mientras se resuelve su expediente y si han de acceder a los recursos de acogida. En principio, esta tarjeta tiene validez por seis meses y no permite trabajar en España, aunque si el afectado tiene que renovar el documento porque la administración se demora demasiado, recibe permiso para poder buscar un empleo.
