El Gobierno renuncia a obligar por ley a los medios a eliminar los anuncios de prostitución

Los anuncios de prostitución que se publican en la prensa generalista no parecen tener precisamente los días contados. El Gobierno presentó este miércoles el nuevo plan de lucha contra la trata de mujeres y niñas, un documento que contiene una batería de propuestas para acabar con esta lacra pero que, sin embargo, no apuesta por poner coto a este tipo de publicidad. El plan, por tanto, no cumple en este ámbito con las expectativas de los colectivos feministas, que llevan años reclamando su prohibición. Los periódicos españoles ganan cuarenta millones de euros al año con este tipo de anuncios, según los últimos disponibles, que son de una comisión parlamentaria de 2007. 

En el texto presentado se apuesta por la "promoción de la suscripción de códigos de autorregulación" que favorezcan la eliminación de estos anuncios, así como por el impulso de una comisión para el estudio de fórmulas "tendentes su eliminación". Preguntado por los periodistas al acabar el acto de presentación del plan, el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, se limitó a precisar que su departamento negociará "con" los medios de comunicación y "no contra" ellos de qué forma se pueden insertar los anuncios de prostitución y de qué manera enfocar las informaciones relacionadas con la trata.

Pero la realidad es que esas posibles fórmulas ya las dejó claras el Consejo de Estado en un informe [consultar en PDF, aquí] de marzo de 2011. Entonces, a petición del desaparecido Ministerio de Igualdad, el órgano consultivo del Estado –cuyos informes no son vinculantes– resolvió que era posible "prohibir" o, al menos, "limitar severamente" los anuncios de prostitución en la prensa. Aunque recomendaba que la prohibición no se llevara a cabo a través del Código Penal –es decir, no pedía que la publicación se catalogara como delito–, sí reclamaba que se aprobara una norma con rango de ley para prohibirlos. Asimismo, reiteró que la autorregulación que ahora vuelve a proponer el Gobierno, se había mostrado "insuficiente y baldía"

En medio del debate sobre si una hipotética restricción podría colisionar con derechos fundamentales como la libertad de expresión o la libertad de prensa, la institución concluía que la prohibición estaría justificada "objetivamente" por la "prevalencia de bienes, valores y derechos superiores garantizados por el ordenamiento". Asimismo, el Consejo de Estado refrendó lo que vienen reiterando los colectivos feministas, pues opinó que las mujeres se convierten en estos anuncios en un "objeto de consumo", en "mercadería", y sufren "una desvalorización completa que pugna frontalmente con su dignidad como persona, que es incompatible con los bienes y valores jurídicos reconocidos en la Constitución y en las leyes".

La institución esgrimió de forma clara las razones por las que sí se pueden prohibir esos anuncios. A saber: porque su "carácter" hace que no deba promoverse la competencia o facilitarse la captación de clientes; porque pueden proteger actividades de proxenetas que sí están prohibidas por el Código Penal; porque son "expresivos del rol de las mujeres como meras mercancías", incluso cuando no incluyen imágenes o textos vejatorios; y porque así lo exigen las leyes de protección de menores, pues "la prensa escrita, al menos la generalista, tiene una gran difusión en la sociedad en general" y su acceso no se restringe a los mayores de edad.

El PSOE tampoco dio el paso 

Tanto el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como las ex ministras Leire Pajín y Bibiana Aído se mostraron durante la última etapa de socialista (2004-2011) en contra de estos anuncios e incluso llegó a haber contactos con los principales medios de comunicación para abordar su prohibición. No obstante, los socialistas nunca dieron el paso de eliminarlos por ley. Y eso que contaban con el aval del Consejo de Estado. Al final, como ahora, todo acabó por una descafeinada apuesta por la autorregulación que ya se habían impuesto algunos medios. 20 Minutos no los admite, igual que tampoco lo hacían los desaparecidos Público y La Voz de Asturias. También renunció a ellos La Razón, tras un acuerdo de colaboración con el periódico de El Vaticano, L' Osservattore Romano. 

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De hecho, tres meses antes de la publicación del informe del Consejo de Estado, el entonces el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ya había anunciado que el Ejecutivo no prohibiría las ofertas de comercio sexual y anunció que, aunque la institución permitiera al Gobierno intervenir en este tema, propondrían un mecanismo "si no legal, pactado con los medios, para que desde la autorregulación, este tipo de publicidad vaya desapareciendo poco a poco". También Rubalcaba había abogado meses antes por "pactar con los periódicos un horizonte acordado de supresión".

Es decir, el PSOE acabó por meter el proyecto en un cajón. A este entierro contribuyó la presión de los editores, que han mostrado siempre una oposición férrea a la prohibición. La argumentación de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) –donde se agrupa los principales diarios de España– es que la publicidad "de cualquier actividad legal sí está amparada por el artículo 20 de la Constitución". En España la prostitución se considera que es alegal. Lo que está penado por el Código Penal es el proxenetismo, mientras que la actividad de las prostitutas sólo pueden ser objeto de sanciones administrativas por parte de instituciones municipales o regionales.

En el centro de la cuestión está, no obstante, los suculentos ingresos que estos anuncios reportan a los medios de comunicación, especialmente en un contexto de caída de las ventas y descenso de los ingresos de la publicidad convencional. Los últimos datos disponibles –de una comisión parlamentaria celebrara en 2007– cifran en cuarenta millones de euros anuales lo que ingresan los periódicos españoles por publicar estos anuncios de prostitución.