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Corrupción

El Supremo abre causa contra la senadora del PP y exalcaldesa de Jerez María José García Pelayo

  • María José García Pelayo se enfrenta a delitos de prevaricación y falsedad documental en la adjudicación de contratos con empresas de la trama Gürtel
  • El PP acordó nombrar a García Pelayo miembro suplente de la Diputación Permanente del Senado, por lo que no perderá el aforamiento cuando, próximamente, se disuelvan las cámaras

infoLibre Publicada 24/09/2015 a las 17:04 Actualizada 24/09/2015 a las 17:52    
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La senadora y exalcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García Pelayo.

La senadora y exalcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García Pelayo.

EUROPA PRESS
El Tribunal Supremo ha abierto causa contra la senadora del PP y exalcaldesa de Jerez de la Frontera María José García Pelayo por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa y otro de falsedad en documento público en relación con determinados contratos administrativos realizados para Fitur 2004. Se contrató a empresas de la trama Gürtel como Special Events y Down Twon Consulting por 355.000 euros.

La Sala de lo Penal comparte "la trascendencia de los indicios" recogidos por el instructor del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, en la exposición razonada remitida al Tribunal Supremo el pasado 15 de junio. La Fiscalía informó a favor de la apertura de las investigaciones.

El PP acordó el pasado 9 de septiembre nombrar a García Pelayo miembro suplente de la Diputación Permanente de la cámara alta, lo que supone que no perderá su aforamiento cuando dentro de unas semanas se disuelvan las Cortes de cara a las elecciones generales.

El instructor de la causa será el magistrado Antonio del Moral, según se detalla en el auto dado a conocer este jueves en el que el alto tribunal asume la competencia sólo sobre la aforada García Pelayo y no sobre las otras siete personas incluidas en dicha exposición razonada.

Se trata de los presuntos cerebros de la red corrupta, Francisco Correa y Pablo Crespo; Isidro Cuberos, exjefe de prensa del exsecretario general del PP Javier Arenas; el director del IPDC, José Agüera; la funcionaria municipal Lourdes Montenegro y los empleados de la trama Gürtel Isabel Jordán y Javier Nombela. La investigación sobre todos ellos en relación con esta pieza de Fitur 2004 seguirá bajo competencia del juez De La Mata.

En el presente caso, el auto recuerda que el delito de prevaricación que se atribuye a la aforada es un delito especial propio cuya imputación difiere de lo que se pueda imputar a los no aforados. Y respecto al otro delito, el de falsedad, también se puede investigar por separado.

Aprobación de pliegos sin competencia

El auto, cuyo ponente es el magistrado Luciano Varela, destaca que la "detallada y bien articulada" exposición imputa a la senadora del PP la consciente adopción de resoluciones sobre la participación del Ayuntamiento de Jerez en Fitur 2004 como la aprobación de pliegos de condiciones de concursos para adjudicar contratos sin tener competencia para ello.

De la prolija enumeración de documentos aportados, según la Sala, puede inferirse la "incompetencia orgánica de quien dicta las resoluciones, la modalidad contractual ilícita con exclusión de competencia frente a los adjudicatarios, la constatación de que esos adjudicatarios ya habían pactado con terceros incluso antes de adquirir tal condición y el postergamiento en el tiempo de la elaboración de los documentos y el conocimiento presumible de que toda la simulación procedimental se construyó después de la ejecución de los servicios contratados.

"Sería la propia imputada -señala el auto en referencia a la exalcaldesa-, la que habría ordenado la confección de los expedientes después de la ejecución del os servicios por las adjudicatarias, a la que hizo el encargo sin condición alguna".

Después presuntamente dictó las nuevas resoluciones necesarias para que se llevaran a cabo los pagos.

Concluye que la valoración jurídica de los "hechos posibles" atribuidos a la aforada son suceptibles de ser calificados como constitutivos de un delito de prevaricación continuada y otro de falsedad en documento público. "Ambas calificaciones han sido extensa y atinadamente justificadas en la exposición del Juzgado Central".

En contra de los macroprocesos

La Sala de Admisión aprovecha para reiterar los perjuicios que causan los "llamados macroprocesos" frente al criterio de conexidad que invocaba el instructor para investigar en la misma pieza a la aforada y a los que no lo son.

En este sentido argumenta que esa conexidad debe ponderarse para evitar los macroprocesos, "cuando las pretendidas ventajas de dicha acumulación son de relevancia muy inferior a la de los perjuicios que conlleva".

Una poco leal interpretación de la norma –explica la Sala– ha venido dando lugar a una voracidad oficiosa de algunas instrucciones que recuerdan la implicación arrastrante de los ramos de cerezas y que podría poner incluso en cuestión la compatibilidad de tal oficiosidad con la percepción de imparcialidad de los órganos judiciales que así actúan".

Entre los perjuicios de los macroprocesos, el tribunal señala las dilaciones, la disparatada prolongación de las sesiones de juicio oral, con separaciones en el tiempo de pruebas que versan sobre hechos diversos y que en la flaqueza de la humana memoria se pueden traducir en un debilitamiento de los deseables beneficios de la inmediación.

En cuanto a la prescripción de los delitos alegada por la senadora, la Sala coincide con la Fiscalía en que no puede hablarse de que los delitos investigados hayan concluido porque su comisión no concluyó en el momento de la adjudicación de un stand para Fitur a las empresas de Gürtel sino que lo hay que tener en cuenta son las fechas de los distintos pagos efectuados posteriormente por el consistorio.

En la exposición motivada que remitió al Supremo, el juez De la Mata señalaba que las adjudicaciones a la red de Francisco Correa incurrieron en "groseras ilegalidades" y se hicieron "incumpliendo los estatutos" del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez (IPDC), del que era presidenta, y sin el aval de su Consejo Rector.

Según el juez, la entonces alcaldesa sabía que todos los documentos presentados por las empresas de Correa para hacerse con estas adjudicaciones y los propios documentos administrativos "se confeccionaron, se presentaron y se incorporaron a los expedientes en fecha posterior a la que se hizo constar en los mismos".

En concreto, se investigará la adjudicación del stand del Ayuntamiento de Jerez en la Feria Internacional de Turismo en 2004, la celebración de un espectáculo ecuestre en la plaza Mayor de Madrid y una muestra de flamenco que tuvo lugar en los jardines de Cecilio Rodríguez. Los adjudicatarios fueron tres empresas vinculadas a Correa: Special Events, Down Town Consulting y Teleanuncio.


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