Unión Europea

Corrupción, Cataluña, toros y medio ambiente centran las demandas de los españoles ante la Unión Europea

Banderas de la UE ante la sede del Parlamento Europeo en Bruselas.

El pasado 18 de septiembre, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo instó al Gobierno español a apoyar investigaciones sobre los casos de bebés robados. Lo hacía después de haber recibido la petición de un ciudadano español que denunciaba que durante años se habían robado en España "con la indiferencia del Estado cientos de miles de niños que ahora tienen la identidad alterada", informaba este órgano comunitario en un comunicado. "Europa no puede mirar para otro lado, porque entonces de convertiría en cómplice", había señalado el peticionario buscando la reacción de las instituciones comunitarias.

Esta demanda sobre el caso de los bebés robados es una de las 581 solicitudes presentadas por ciudadanos de nacionalidad española ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo entre 2012 y 2014, el último ejercicio del que se ofrecen datos. Las materias sobre las que versan son de lo más variado. De lo más personal a lo más genérico. Pero hay cuestiones que se repiten con bastante frecuencia. Es el caso de las relacionadas con la corrupción en España, con la situación en Cataluña y la posibilidad de que esta comunidad se independice, con el medio ambiente, con los toros y con el sistema electoral.

No todas las demandas prosperan. Y, cuando lo hacen, el proceso no suele ser automático. Pero las peticiones sirven de termómetro a la hora de medir las inquietudes o preocupaciones de los ciudadanos comunitarios. De los españoles, en el caso que nos ocupa. También son útiles para detectar aquellos asuntos a los que los peticionarios no encuentran respuesta en sus países de origen.

Derecho de petición

El derecho de petición es uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos. En virtud del artículo 227 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, todo ciudadano, actuando a título individual o junto a otros, puede ejercer su derecho de petición ante el Parlamento Europeo. Lo mismo ocurre con las empresas, organizaciones o asociaciones con sede social en la UE. La condición es que el asunto pertenezca a alguno de los ámbitos de la Unión Europea y que le afecte directamente. En España, el derecho de petición está regulado por la Constitución y tanto Congreso como Senado tienen sus respectivas comisiones de peticiones.

La petición puede contener una solicitud particular, una queja u observación que tenga que ver con la aplicación del derecho comunitario. Pero también puede consistir en un llamamiento a que la Eurocámara se posicione sobre un asunto concreto. Esto permite que el Parlamento Europeo ponga el foco en cualquier violación de los derechos de los ciudadanos europeos cometida por un Estado miembro, una autoridad local u otra institución.

La página web de esta Comisión no ofrece todavía datos de las peticiones que le han sido remitidas en 2015. A la espera de este balance, fue en 2013 cuando más demandas se registraron sobre corrupción.

El año 2013 fue el de los papeles de Bárcenas y el año en el que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, vio cómo su estrategia de defensa en relación con su extesorero se desplomaba. En julio, el diario El Mundo publicaba una serie de SMS entre el jefe del Ejecutivo y Bárcenas que sirvieron para poner de manifiesto que el primero había mentido cuando aseguró que había cortado todo tipo de relación con el exresponsable de las finanzas del PP tras saber éste amasaba una importante fortuna en Suiza. Entre la espada y la pared, se vio obligado a comparecer en el Senado –el Congreso estaba en obras– para dar explicaciones.

Por estas fechas, un ciudadano español, Sebastián Carrillo Palomares, según identifica la Comisión de peticiones, se dirigió "directamente al presidente del Parlamento Europeo" para ofrecer sus opiniones sobre el grado de corrupción y fraude que se produce en España "a los más altos niveles de la élite política y entre los bancos, mientras que los ciudadanos normales sufren los efectos de la crisis, incluida la pobreza y un creciente desempleo, que afecta en particular a los jóvenes". Entre las cinco peticiones que dejaba por escrito una de ellas era la de que "los políticos culpables de corrupción devuelvan el dinero ilegal al Estado". Por aquellas fechas, el Partido Popular intentaba, sin éxito, llegar a un acuerdo con los grupos parlamentarios para aprobar un paquete de medidas de regeneración democrática y contra la corrupción.

"Corrupción en la familia real"

Otra de las peticionarias, Virgina Sotelo, reclamaba la intervención directa de las instituciones europeas en los casos de corrupción españoles. "Pide que se cree un órgano europeo para investigar los presuntos casos de corrupción en el sistema político y judicial español, especialmente en lo relativo a la financiación ilegal de los partidos políticos", figura en el registro de peticiones de esta institución.

Más genérica, pero también con la corrupción como telón de fondo, es la petición 1532/2013 "sobre la eliminación de la corrupción en España y otras cuestiones". Tras cuestionar las "estadísticas engañosas y malinterpretadas en cuanto a la balanza de pagos y el comercio exterior del país", el autor de esta petición llama la atención sobre "varios ejemplos de supuesta corrupción política" que, según afirma, "alcanza al Gobierno y a la familia real". El caso Nóos estaba en plena ebullición.

También de 2013 es la petición de A. A. M, declarada "improcedente" por la Comisión de Peticiones. Este es el resumen de la misma que se hizo desde la institución: "El peticionario indica que el primer ministro español está implicado en escándalos de corrupción, lo que considera intolerable para el país y para la Unión Europea. Señala que las empresas contratan a dirigentes por motivos políticos, lo que supone una dirección deficiente de las compañías públicas y del poder judicial. Propone que la UE adopte legislación que limite el número de políticos y de gestores públicos".

Cataluña y la independencia

La situación en Cataluña ha preocupado casi por igual a los españoles en los años 2013 y 2014. Fue en septiembre de 2013 cuando el Parlamento de Catalunya, a instancias de la CUP, aprobó una resolución que planteó la existencia de los llamados Países Catalanes como una "realidad cultural, lingüística e histórica compartida entre sus diferentes territorios".

En una de las 15 peticiones de españoles relacionadas con Cataluña, un ciudadano español solicita que dicha comunidad autónoma "publique un sitio web en el que informe a sus ciudadanos sobre las supuestas ventajas e inconvenientes que podría tener la independencia de esta región de España". En otra de ellas, su autor vierte algunas opiniones "sobre Cataluña y sobre la posibilidad de que consiga la independencia dentro de la Unión Europea". Y también hay quien denunciaba las declaraciones realizadas por la Asociación de Militares Españoles instando "a una intervención militar en Cataluña a fin de salvaguardar la unidad de España" y defendía "el derecho de Cataluña y de los catalanes a la autodeterminación".

En contraposición a la anterior, la petición 1009/2014 reclama al Parlamento Europeo "que haga todo lo que esté en su poder (económico, militar, humano y tecnológico) para evitar que Cataluña consiga la independencia del resto de España". "En su opinión, la independencia catalana conllevaría mayor exclusión social, pobreza, desnutrición infantil, desempleo y más desahucios", añade la ficha de la Comisión de Peticiones sobre este asunto que da por cerrado. Este órgano tiene la obligación de trasladar a quienes recurren a él cualquier decisión que se tome al respecto.

Estas demandas ponen de manifiesto que no sólo los políticos han recurrido a las instituciones europeas para buscar pronunciamientos respecto a una hipotética independencia de Cataluña. Los ciudadanos también han trasladado este debate a Bruselas. 

Animales y medio ambiente

Uno de los bloques que más inquietudes ciudadanas despierta es el de la defensa y protección de los animales y el medio ambiente. Y dentro de este, las corridas de toros y las fiestas populares en las que se maltrata a este animal.

Silvia Barquero, que escribió en representación del Partido Animalista, informó al Parlamento Europeo sobre su campaña, "activa durante los últimos ocho años, destinada a poner fin a aquellos festejos en los que se persigue y, en última instancia, se mata a toros como parte de un espectáculo". Se trata de la campaña rompeunalanza.com. Además, reclamó que se ponga fin a este tipo de festejos. "La peticionaria menciona el artículo 13 del Tratado de Lisboa, que exige a los Estados miembros de la UE que apliquen políticas públicas exhaustivas en defensa de los animales. Habida cuenta de que no se escucha su voz a escala nacional, pide la actuación del PE", señalan desde la Comisión de Peticiones. Fue registrada en 2013 y a día de hoy sigue "abierta a adhesiones". Es decir, que todos aquellos europeos que la compartan pueden sumarse.

Por otra parte, desde la plataforma «La Tortura No es Cultura» se ha reclamado que las instituciones de la UE "intervengan en la defensa de los niños y prohíban la participación de menores en cualquier actividad que implique la tortura o la muerte de animales". Esta propuesta está cerrada. Por lo general, suelen cerrarse aquellos asuntos sobre los que el Parlamento no se considera competente. Es la misma suerte que corrieron dos demandas ciudadanas registradas en el periodo estudiado en las que se exigía a la UE que pusiese en marcha los mecanismos necesarios para prohibir las corridas de toros en Europa.

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Por el contrario, la petición de "una investigación sobre la situación actual en relación con el bienestar de los animales en España y en otros países europeos" y la propuesta de una iniciativa para lograr "una amplia legislación europea en materia de protección de los animales" que obligue, a su vez, a España aponer en marcha normas al respecto siguen abiertas a adhesiones pese a haber sido registrada en 2013. El plazo expira en diciembre de 2015. Entre otros asuntos, se reclama a los eurodiputados que se fijen en "dos eventos tradicionales que se celebran en España, uno llamado el «Toro de la Vega» en Tordesillas (Valladolid) y otro «Toros Correbous» o «Bou Embollat» en Cataluña, que implican actos de brutalidad" contra estos animales.

En materia de medio ambiente, destacan las iniciativas relacionadas con la Ley de Costas. En 2012, el Parlamento Europeo creó un grupo de trabajo sobre la Ley de Costas española. Entre sus conclusiones se señalaba que la legislación no iba acompañada de planes para una mayor protección medioambiental de las zonas costeras en España.

A diferencia de lo que ocurre en las comisiones de peticiones del Congreso y el Senado, los autores de los escritos que prosperan en el Parlamento Europeo suelen ser llamados a declarar ante el órgano correspondiente para que expongan su caso.

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