Dos dirigentes que hundieron Banco de Valencia ganaron 11,3 millones “gracias a sus relaciones con clientes” de la entidad

El que fuera consejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra y el ex director general de Bancaja Aurelio Izquierdo obtuvieron 11,3 millones de euros de "beneficio gracias a sus relaciones con clientes del Banco de Valencia", según confirma un informe realizado por dos inspectores del Banco de España para el magistrado que instruye en la Audiencia Nacional el caso Banco de Valencia, Santiago Pedraz.

Entre estos clientes se encuentran las empresas de la familia Calabuig, de la que cinco integrantes están imputados en la Audiencia Nacional por el presunto trato de favor recibido del Banco de Valencia en la operación vinculada a la empresa Aguas de Valencia: "Este informe cierra el círculo", explican fuentes de la Asociación de Pequeños Accionistas del Banco de Valencia (Apabankval), que destacan que los 11,3 millones podrían explicar el supuesto trato de favor de Banco de Valencia hacia los empresarios valencianos.

Además, tanto Parra como Izquierdo fueron arrestados en junio pasado junto al expresidente de la Comunidad Valenciana y Bancaja, José Luis Olivas,  por su participación en el agujero de 220 millones que sufrió Bankia por las inversiones de Bancaja en el Caribe mexicano. 

Según la información suministrada por Bankia a la Audiencia Nacional, Izquierdo habría percibido de Bancaja un total de 8,4 millones de euros. Además, tenía comprometidos otros 7,5 millones en derechos de jubilación. Izquierdo fue despedido en marzo pasado de la Fundación Bancaja, que no quiso informar de la indemnización abonada.

Rescate de 17.000 millones

El Banco de Valencia era una entidad financiera centenaria con presencia en la Comunidad Valenciana, pero que de la mano de su accionista dominante, Bancaja, emprendió una expansión por toda España. En noviembre de 2011 el Banco de España intervino la entidad financiera valenciana, que ha necesitado, según el Tribunal de Cuentas, más de 17.000 millones de euros para evitar su quiebra.

Caixabank logró el control de Banco de Valencia al precio simbólico de 1 euro, al mismo tiempo que asumía sus pérdidas, que la entidad dirigida por Isidre Fainé afrontó con la ayuda del Fondo de Reestructuración Ordenado Bancario (FROB).

El informe de los funcionarios del Banco de España, que actúan en calidad de peritos para el juez Santiago Pedraz, analiza el beneficio de la empresa IZPA, propiedad de Domingo Parra y Aurelio Izquierdo, en operaciones realizadas con las firmas Capital Costa y Capital Residencial.

"Muy difícil justificación"

En el caso de Capital Residencial, Parra e Izquierdo comenzaron a invertir en ella, según el documento de los peritos, en 2003: "En diciembre de 2008 ya era evidente la crisis del mercado inmobiliario, por lo que el precio satisfecho por el Grupo Calabuig y el consiguiente beneficio obtenido encuentra muy difícil justificación", completan los inspectores del Banco de España.

En este punto del informe, los peritos analizan las inversiones de Parra e Izquierdo: "Por lo que respecta a Casa Amiga Portugal, la inversión se realiza en agosto de 2007, por lo que estamos ante un elevado beneficio, de naturaleza especulativa, obtenido en poco más de un año y basado en un proyecto que no ha sido culminado". En esta operación, en la que invirtieron 2 millones de euros, el beneficio neto habría sido de 7,3 millones de euros.

Asimismo, los funcionarios indican que la financiación a la empresa Casa Amiga sirvió para repartir dividendos, de los que se beneficiaron Parra, Izquierdo y los Calabuig: "El reparto de dividendos no figuraba como finalidad de la operación, (no es una práctica habitual de las entidades financieras conceder financiación para repartir dividendos)".

Además, los peritos explican que en la financiación de Bancaja y Banco de Valencia de la empresa Capital Residencial se omitía la participación de Parra e Izquierdo en la misma: "Lo que suponía un incumplimiento de la buena práctica bancaria que obliga a que la entidad tenga constancia completa y correcta de los accionistas de las sociedades a las que concede financiación, con mayor motivo cuando esos socios son sus máximos dirigentes", indica el informe.

Un 138% de sobrevaloración

Otros beneficios de Parra e Izquierdo se producen en relación con la empresa Capital Costa. En concreto, el Grupo Calabuig abonó 12,4 millones por esta firma, cuya valoración en función del patrimonio de sus activos era de 5,2 millones, lo que suponía un sobreprecio de 7,2 millones: "Por tanto, el Grupo Calabuig adquiere a IZPA ([Aurelio Izquierdo y Domingo Parra] activos que previamente había vendido a esta sociedad pagando un sobreprecio del 138%, en función de unas expectativas de dudoso cumplimiento en un contexto de profunda crisis del sector inmobiliario en España y Portugal", resaltan los peritos judiciales en el documento, al que ha tenido acceso infoLibre.

El informe de los funcionarios del Banco de España resalta también que Banco de Valencia financió de forma "irregular" a una de las empresas particidadas por Izquierdo y Parra. Precisamente, este último formaba parte del comité de riesgos que aprobó un crédito de 3 millones de euros a Capital Residencial sin ningún tipo de garantía: "Lo que consideramos una manifiesta irregularidad. Entendemos que detrás de esta ocultación podría encontrarse la intención de Domingo Parra de no dejar constancia de su participación, aunque fuera minoritaria, en las actividades inmobiliarias de determinados clientes de Banco de Valencia", explican los peritos.

Abogado Muñoz-Cobo

Pero el informe advierte de otras irregularidades en la actuación de ambos banqueros, que percibieron los dividendos de sus inversiones mediante sociedades intermedias "para ocultar la participación que estaban llevando a cabo en las actividades empresariales inmobiliarias de determinados clientes del Banco de Valencia".

El caso Banco de Valencia se inició tras la denuncia interpuesta por el abogado Diego Muñoz-Cobo en nombre de la Asociación de Pequeños Accionistas del Banco de Valencia (Apabankval). El mismo se compone de una pieza principal, en la que se investiga la despatrimonialización de la entidad financiera valenciana, pero también de otras trece causas mediante las que el juez Pedraz trata de determinar si los antiguos administradores y directivos han cometido los delitos de apropiación indebida, en su modalidad de distracción de dinero, estafa y administración desleal.