Seis ejemplos de cómo España vulnera los derechos de los ciudadanos, según la ONU

La ONU emitió el pasado mes de julio un escrito en el que criticaba duramente algunas de las medidas más polémicas que se desarrollan en España y que atentan gravemente contra los derechos de los ciudadanos, tal y como recoge la ONG para la defensa de los derechos y libertades civiles Rights International Spain (RIS).

Esta organización también viene denunciando una continua vulneración por parte del Gobierno de España de los derechos de aquellos colectivos más necesitados, y censurando la falta de independencia de los órganos judiciales y la politización en su toma de decisiones.

Estos son algunos ejemplos que denuncian la ONU y organizaciones como RIS.

1. Abuso policial

La ONU destacó en su informe el uso excesivo de la fuerza, habitual en los cuerpos policiales, así como la impunidad de los agentes, tanto en el marco de protestas ciudadanas como en tareas de control fronterizo. 

De este modo, reclamó a España la adopción de una serie de medidas para erradicar y prevenir estas prácticas, tales como el establecimiento de un mecanismo independiente que pueda supervisar la actuación policial, medios de grabación audiovisuales de los lugares donde se prive de libertad a las personas, prohibir la concesión de indultos a las personas declaradas culpables de delitos de tortura, y la investigación rápida, completa y efectiva de toda denuncia de tortura o malos tratos.

2. Centros de Internamiento de Extranjeros

Otro de los asuntos en los que puso especial énfasis gira en torno a la política de internamiento preventivo de migrantes en situación administrativa irregular, mediante Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).

Denunció la "facilidad con la que se decreta la privación de libertad de personas que no han cometido delito alguno", además de "los malos tratos que se cometen en el interior los centros y las penosas condiciones en las que se encuentran".

3. Discriminación racial y étnica

La ausencia de políticas adecuadas para combatir la discriminación racial y étnica es otro de los motivos de crítica hacia la gestión del Gobierno español. El Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica presenta importantes deficiencias para poder efectuar adecuadamente su labor, entre las que se encuentran su falta independencia y la escasez de recursos.

También criticó "el uso de perfiles étnicos por parte de la policía" como práctica habitual –unas actuaciones policiales ilegales que "todavía persisten"–, por lo que exigió al Gobierno de España la adopción de medidas concretas. La ONG RIS expuso recientemente el caso de la muerte del mantero de Salou como uno de los ejemplos más graves de malas prácticas policiales en España en relación con actos de racismo y discriminación.

4. Desapariciones forzadas

La ONU reprochó, una vez más, que España mantenga vigente la Ley de Amnistía de 1977, puesto que "impide la investigación de las violaciones de los derechos humanos del pasado, en particular los delitos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias".

Como también denunció RIS el mes pasado, la ONU señaló continuas trabas a la investigación de crímenes ocurridos durante la Guerra Civil y el franquismo, así como a la reparación de las víctimas. De este modo, hizo un llamamiento al Estado para que "derogue la Ley de Amnistía" y preste los servicios necesarios para que "se identifique a los responsables, se los enjuicie y se les impongan sanciones apropiadas, proporcionales a la gravedad de los crímenes y se repare a las víctimas".

5. Trabas en la interrupción del embarazo de jóvenes

La nueva reforma de la ley del aborto es también motivo de preocupación. La ONU solicitó en un informe que el Estado español asegurase el "acceso a todas las mujeres y jóvenes a servicios de salud reproductiva en todas las regiones del país y que las barreras legales no obliguen a las mujeres a recurrir al aborto clandestino que pone su vida y su salud en riesgo".

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6. Ataques a la independencia judicial

A principios del 2015, el Grupo Parlamentario Popular impulsó una enmienda al Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Enjuiciamiento Civil, "incluyendo una reforma encubierta a la ley de asistencia jurídica gratuita", que ya había sido denunciada por la RIS y condenada por la Relatora Especial de la ONU debido a que dificulta el acceso a un abogado de oficio. A raíz de ello, la ONG instó nuevamente a la relatora a "visitar en misión oficial España para examinar la situación y verificar si se está cumpliendo o no con las obligaciones internacionales en materia de acceso a la justicia".

Por otro lado, también denunció, junto a dos asociaciones de jueces, los ataques del Gobierno a la independencia judicial, con motivo del nombramiento del Presidente de la Sala Tercera, y las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal que suponen, a su juicio, un atentado contra la imparcialidad e independencia de los órganos judiciales.