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El presidente de Castilla y León dice estar “un puntín cabreado” con el Gobierno del PP

  • Juan Vicente Herrera lamenta el límite de déficit impuesto desde Madrid, al que considera "muy exigente"
  • El mandatario castellanoleonés cree "lógico" que al representar un tercio del gasto, las comunidades pudieran tener un disfrutar de un tercio del déficit, es decir, un 0,9%

infoLibre Publicada 14/10/2015 a las 18:59 Actualizada 14/10/2015 a las 19:32    
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El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.

EFE
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, no ha descartado la posibilidad de que la Comunidad tenga que acudir al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para hacer frente al limite de endeudamiento impuesto por el Gobierno al modificar las condiciones de los préstamos sufragados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) lo que ha provocado que Castilla y León haya incumplido en una décima el objetivo del déficit.

Esto ha provocado "extraordinarias cortapisas" ya que la Junta no ha podido contar en la elaboración de las cuestas del próximo año con 300 millones de euros del BEI o que pueda adherirse al Compartimento de Facilidad Financiera, por lo que Herrera no excluye que haya que ir al FLA y que se reconozca un "puntín cabreado" con las decisiones adoptadas por el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy.

De hecho, el presidente castellanoleonés ha tachado de "sarcasmo" que las comunidades que se acogieron al FLA gocen de las mismas condiciones ventajosas en materia de financiación que aquellas, como fue el caso de Castilla y León, que acudieron a los mercados tradicionales en busca del dinero necesario.

"Pero esto forma parte de las pendencias con el Gobierno, con este ministro de Hacienda o con el que haya en enero", ha precisado Herrera quien ha insistido en que Castilla y León no se conforma con que se le haya señalado como no cumplidora con el objetivo de déficit.

De hecho, Juan Vicente Herrera ha recordado que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado a principios del pasado mes de julio, Castilla y León se abstuvo en la votación sobre el reparto de los objetivos de déficit para 2016 al considerar "muy exigente" un déficit del 0,3% del PIB para todas las comunidades autónomas, como así se aprobó finalmente.

Al respecto, el presidente de la Junta ha recordado que el objetivo de déficit de España para 2016 es del 2,8%, por lo que a las comunidades autónomas, que representan el 33% de todo el gasto público, debería corresponderlas, "y sería lógico" el 33% de "ese esfuerzo general" de reducción que tiene que hacer España, es decir un déficit del 0,9%.

No obstante, Juan Vicente Herrera ha asegurado que el ministro Cristóbal Montoro "no lo entiende así" por lo que se ha reconocido "un puntín cabreado" con las decisiones que ha venido adoptando el Gobierno y que considera que no son "leales".

De hecho, ha significado que un "mal ministro de Hacienda determinó el disparate de 2011" cuando se alcanzó un déficit del 11 por ciento, pero cree que "un buen ministro puede enderezar y controlar la situación", aunque esto no concluye, según sus propias palabras, "que Montoro sea un buen ministro, aunque seguro que lo es porque Rajoy" lo tiene en su Gobierno.

Modelo de financiación autonómica "insuficiente"

Por otro lado, a pesar de que este año las entregas a cuenta por parte del Gobierno central suben un 7,2%, el modelo de financiación autonómica sigue siendo "insuficiente" para Herrera, ya que los 5.911 millones de euros que llegarán de dicho sistema no cubrirán los 6.073 millones de euros destinados a sufragar el coste de las tres consejerías denominadas "sociales", es decir Sanidad, Educación y Servicios Sociales.

Por ello, Juan Vicente Herrera considera que es un modelo "insuficiente que nació mal" a pesar de que algunos lo calificaron como "un traje a medida" para Castilla y León, y ha aseverado que el cambio de escenario económico "exige una urgente revisión" del actual sistema de financiación de las comunidades autónomas con el objetivo de "mejorar y garantizar la suficiencia del mantenimiento de los grandes servicios públicos" que se prestan a los ciudadanos.


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