Los seis delitos arribuidos al tesorero

La Fiscalía Anticorrupción atribuye indiciariamente al tesorero de CDC Andreu Viloca, detenido este miércoles, un total de seis delitos, entre los que se encuentran cohecho, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos o subastas públicas y blanqueo de capitales, según informaron a Europa Press fuentes del Ministerio Público.

Viloca fue detenido por la Guardia Civil junto a otros seis empresarios y el director general de la empresa pública de la Generalitat Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell, y a todos ellos se les estaría investigando por su participación en mayor o menor medida en estas conductas delictivas.

El tesorero de CDC, Andreu Viloca, y dos miembros de la administración del partido han sido obligados a presenciar el registro policial de la Guardia Civil en la sede de CDC, ha informado en rueda de prensa el coordinador general de Convergència, Josep Rull.

Tras la detención del tesorero del partido, los trabajadores han podido abandonar la sede del partido salvo Viloca y estas dos personas de administración.

Según fuentes del partido, la condición de estas dos personas podría ser la de una "detención técnica" condicionada solo al registro, y a la espera de conocerse la condición que tendrán después.

El registro se ha producido en todas las plantas de la sede del partido en el 333 de la calle Còrsega, especialmente en la tercera, donde se encuentra el despacho del tesorero.

La operación sigue abierta pasadas las 12.00 horas y hasta este momento se han producido once registros: el de la sede de CDC, el de los ayuntamientos de Olot (Girona) y Sant Fruitós de Bages (Barcelona) y el de varias empresas. En ellos participan los fiscales Anticorrupción Fernando Bermejo y José Grinda. La operación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número uno de El Vendrell (Tarragona).

Los empresarios detenidos son Jordi Soler, Juan Luis Romero Gamero (presidente de Rogasa), Xavier Tauler Ferrer (Copisa), Antonio García Bragado, Sergi Lerma y un sexto de apellido Bassols. Todos ellos han sido detenidos a primera hora de la mañana.

Sospechas del PP

El PP sospecha que la empresa pública catalana Infraestructures.cat, cuyo director ha sido detenido en la operación, lleva cinco años sin ser auditada por la Sindicatura de Cuentas catalana, lo que supondría una irregularidad porque toda empresa pública con presupuesto superior a 150 millones de euros debe pasar ese examen.

Así lo ha asegurado el presidente del PP catalán, Xavier García Albiol, en declaraciones a su llegada al Congreso del PPE en Madrid acerca de la operación de la Guardia Civil que ha supuesto la detención también del tesorero de CDC.

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A su juicio, este asunto explica "por que tanta prisa" de formaciones como Convergencia "por marcharse de España". "No sea que las investigaciones sigan adelante", ha dicho.

Albiol ha asegurado que tan grave como estas detenciones es para su partido que la citada empresa pueda haber estado desde 2010 sin auditar, cuando es una obligación legal.

"Si se confirma, cuando se constituya el Parlament vamos a pedir la inmediata comparecencia del responsable de la Sindicatura para que nos lo explique. Su presidente lleva tiempo imputado y ahora el director gral ha sido detenido, ¿por qué lleva cinco años sin ser investigado?", ha agregado.