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Desahucios

Colau pide a la Sareb que ceda 400 pisos vacíos o acudirá a la vía judicial

  • La entidad tiene 562 casas deshabitadas y hay 31.000 demandantes de vivienda en la ciudad
  • La ley de emergencia habitacional prevé que se pueda obligar a una cesión durante tres años

infoLibre Publicada 26/10/2015 a las 17:10 Actualizada 26/10/2015 a las 18:06    
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Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, durante la presentación este lunes de las medidas contra la emergencia habitacional.

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, durante la presentación este lunes de las medidas contra la emergencia habitacional.

EFE
El Ayuntamiento de Barcelona pedirá la semana que viene por escrito a la Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria (Sareb) que ceda 400 de los pisos vacíos que tiene en la ciudad. De no hacerlo en el plazo de un mes, el Consistorio recurrirá a la vía judicial. La ley catalana de emergencia habitacional prevé que se pueda obligar a esta cesión.

Esta decisión está recogida en una medida de gobierno que se presentará el viernes en el pleno municipal, según anunció este lunes la alcaldesa de la ciudad, Ada Colau, en rueda de prensa con la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, y el concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner.

La alcaldesa detalló que el llamado banco malo pretende ceder pisos durante tres años –Colau cree que deberían ser al menos cinco–, y que a cambio el Ayuntamiento los rehabilite y pague al menos 175 euros de alquiler, se ocupen o no. La regidora se mostró dispuesta a seguir dialogando con Sareb pero aseguró que no aceptará la rehabilitación de los pisos para que, después de tres años, Sareb pueda especular con ellos: "Queremos llegar a acuerdos por las buenas, pero si no se puede por las buenas, lo haremos por la ley".

Colau defendió que pedirán estos inmuebles a Sareb porque 
es la entidad que acumula más pisos vacíos en Barcelona –562 de los 2.591– y, a su juicio, la sociedad "no está siendo razonable" en la negociación.

"No podemos esperar"

Según los datos de la Alcaldía, actualmente hay 31.000 demandantes de vivienda en la ciudad, de los que 7.000 están en contingentes por necesidades especiales y 70 casos son de especial urgencia.

"Llevamos cuatro meses de buenas palabras y diálogo, pero tenemos prisa y no podemos esperar", dijo Colau, que confía en que Sareb y el Ayuntamiento eviten la vía judicial con un convenio cuyos criterios se quiere estudiar con otros municipios como Madrid y Zaragoza, y abordar el asunto también en el Área Metropolitana de Barcelona.

El artículo 7 de la Ley de Emergencia Habitacional y Pobreza Energética –aprobada en el Parlament tras una ILP de la PAH y la Alianza contra la Pobreza Energética– prevé que la administración pueda resolver la cesión obligatoria de pisos por tres años para incorporarlos al fondo de viviendas en alquiler para políticas sociales.

No se descarta dejar de trabajar con los bancos

Colau confía en pactar convenios durante las próximas semanas con esta y otras entidades y fondos de inversión propietarios de los 2.951 pisos que llevan vacíos más de dos años en Barcelona. Sareb y otras nueve entidades suman casi 2.000 de ellos: BBVA (510 pisos), Anticipa (210), CaixaBank (135), Unnim (120), Santander (111), Bankia (110), Banco Popular (90), Hipocat (80) y Criteria (70), según el Registro de Viviendas Vacías de la Generalitat.

Preguntada por los periodistas, la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, dijo que el Ayuntamiento no descarta dejar de trabajar con algunas de estas entidades si no colaboran: "Querríamos alcanzar acuerdos en positivo a favor de todos empezando por las familias, pero si grandes entidades que colaboran con el Ayuntamiento no tienen esta voluntad, existe esta posibilidad".

Ortiz añadió que el Gobierno municipal se reunió la semana pasada con operadores jurídicos para plantear un nuevo convenio sobre desahucios y lanzamientos, ya que con el actual se avisa a las personas desahuciadas con poco margen, por norma general una semana antes.

Se han puesto 12 multas y se tramitan otras 11

El concejal de Vivienda, Josep María Montaner, recordó que el Ayuntamiento ha interpuesto 12 multas coercitivas a grandes tenedores de pisos vacíos, 10 de las cuales han sido recurridas: una es de un piso okupado y otra no se ha pagado, por lo que la próxima semana se le impondrá una segunda sanción de 10.000 euros. Ada Colau añadió que se están tramitando otras 11 sanciones.

Montaner explicó que en Barcelona existen unas 10.400 viviendas protegidas, de las que 6.400 están gestionadas por el Patronato Municipal de Vivienda, y alrededor de 300 se encuentran en rotación por razones diversas.

Sobre el alojamiento de refugiados, Colau garantizó que se buscarán soluciones extraordinarias y complementarias para atenderles, "en ningún caso van a suponer una competencia de recursos" con las personas que ya viven en Barcelona y requieren atención, que no percibirán ningún cambio en los servicios sociales según apuntó.

Evitar el corte de suministro energético

Laia Ortiz avanzó que el Ayuntamiento se reunirá la próxima semana con empresas suministradoras de electricidad para elaborar un nuevo convenio que contemple la "corresponsabilidad" de las compañías y que eviten el corte de suministros. Con el actual las empresas avisan al Consistorio de los casos de pobreza energética y este se hace cargo de las facturas para evitar cortes.

Además, pondrá en marcha un servicio en fase piloto en los distritos de Nou Barris, Sant Martí y Sant Andreu para mediar con las suministradoras, proporcionar asesoramiento energético, gestionar conflictos por impagos y detectar los riesgos de la pobreza energética, que se enmarcará en su apuesta por prevenir la pobreza energética.

También impulsará una campaña de comunicación para dar a conocer a los ciudadanos las ayudas de pobreza energética, que se han incrementado un 188% del 2011 al 2014, pasando de 1.339 ayudas el primer año a 4.032 el año pasado, mientras que hasta principios de octubre se han otorgado 3.977, por un importe de 613.227 euros.

El Gobierno municipal ha acordado constituir una Unidad de Prevención de la Exclusión Residencial y la Pobreza Energética, que trabajará coordinadamente con los servicios sociales y tendrá un equipo transversal que alcanzará previsiblemente 20 miembros en unos dos años.


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