Los nietos que buscaron a sus abuelos en las cunetas

Todas las honras fúnebres de Emilio Silva Faba consistieron en cavar un agujero al borde de la carretera que llega a Priaranza del Bierzo, en León. Fue fusilado junto a otras 13 personas el 16 de octubre de 1936 en una noche cerrada, tan cerrada que Leopoldo Moreira, uno de los detenidos, echó a correr y logró escapar en la oscuridad. Desorientado y asustado, vagó por el monte hasta que consiguió ubicarse y regresar a su pueblo, Pereje. La fuga apenas duró unas horas, esa misma mañana Leopoldo fue capturado por la Guardia Civil y acribillado a balazos.

Los restos de sus 14 compañeros fueron recuperados 64 años después gracias al empeño de Emilio Silva, nieto de Silva Faba, que buscando pistas para escribir un artículo sobre la vida de su abuelo, planteó la exhumación de sus restos. De aquella primera excavación se cumplen este miércoles, día 28, quince años. La de su abuelo, asesinado por defender una escuela pública y laica, se convirtió entonces en la primera identificación de las más de 6.000 que se han hecho hasta la fecha.

Cuando en el año 2000 Silva planteó la posibilidad de buscar la fosa común y exhumar los cuerpos, no existía ningún tipo de protocolo de actuación ni legislación que les amparase. Cuenta que lo primero que hicieron fue acudir al juzgado de Ponferrada, donde les aseguraron que aquello ni siquiera “les incumbía”. Tuvieron que recurrir, entonces, al Ayuntamiento de Priaranza del Bierzo para llevar a cabo un trámite conocido como “policía sanitaria mortuoria”, que se ocupa de todas las prácticas sanitarias sobre cadáveres, restos cadavéricos y humanos, y está concebido, según recuerda Silva, para “casos de epidemia”.

El consistorio les dio luz verde en julio de ese año, mientras que el dueño del terreno autorizó sin problemas la búsqueda. Así, tres meses después, comenzaban los trabajos. “El día que encontramos los restos llevábamos dos jornadas de trabajo y empezábamos a barajar la idea de que se habían perdido por las diferentes obras que había sufrido la carretera. Sin embargo, el día 28, mientras yo estaba llegando en coche, la excavadora encontró algo, me hicieron una señal y salí del coche corriendo. Fue muy impresionante, me acordé de mi abuela, que murió sin poder enterrar a su marido”, recuerda Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, creada poco después de la exhumación.

Con aquella primera victoria se despertó un movimiento social que empezó a poner sobre la mesa la búsqueda de las 114.000 personas desaparecidas desde la Guerra Civil como una cuestión prioritaria. Después de la ARMH, llegó la ley de Memoria Histórica y, lo que destaca Silva por encima de cualquier otra cosa, el agradecimiento de quienes perdieron a algún familiar durante la dictadura y pueden, ahora, darles una sepultura digna. Los primeros pensamientos de Silva cuando aparecieron los restos en aquella cuneta leonesa fueron, precisamente, para su abuela, Modesta Santín, que nunca se atrevió a hablarle del destino de su abuelo y que había muerto dos años antes cargando todavía con la pena y el silencio. “Mi abuelo había vivido en Argentina y EE UU, tenía cierto nivel económico y cultural, y cuando le mataron, le quitaron todo”, cuenta Silva. La historia le llegó, pues, a través de su padre que siempre terminaba su relato con un “esto no se cuenta fuera de casa”. El trabajo fundamental de Francisco Extebarría

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Todavía hoy desconoce la identidad de siete de los cuerpos encontrados junto al de su abuelo, cuyas características físicas están registradas en el Ayuntamiento de la localidad leonesa por si algún día alguien cree que entre los fusilados aquella noche de octubre de 1936 estaba un familiar. Para la identificación de las más de 6.000 personas ha sido fundamental el papel desempeñado por el reconocido antropólogo forense Francisco Etxebarría. “Ha sido como una bendición. Estuvo en la primera exhumación y desde entonces tanto él como su familia han colaborado con nosotros, pagándose ellos mismos los viajes y los hoteles. Son un pilar fundamental”, reconoce Silva. Etxebarría ha estado implicado en las investigaciones de los niños desaparecidos en Córdoba, Ruth y José, el caso de Lasa y Zabala; o el estudio de los restos de Pablo Neruda, Salvador Allende y Víctor Jara, en Chile. Su trabajo junto a la ARMH es ya un paradigma sobre cómo se debe llevar a cabo una exhumación.

Cuenta Silva que a lo largo de estos 15 años le han sorprendido especialmente la crueldad de los victimarios. “Hubo un sector que disfrutaba con estos asesinatos”, señala. Recuerda, entonces, las palabras de Pablo de Greiff, relator especial de la ONU en materia de Derechos Humanos que investigó la situación de las víctimas de la dictadura franquista: “Una de las cosas más perversas que había oído en su vida tuvo lugar en España, donde un padre de familia fue asesinado, el asesino se apropió de su casa, y a la familia, que no tenía donde irse, les alquiló una de las habitaciones”.

Estos 15 años, los miembros de la ARMH han pasado de trabajar motu proprio; a contar con subvención estatales gracias al impulso de la Ley de Memoria Histórica; y a volver a depender, otra vez, con la llegada del PP al Gobierno, de las donaciones. El pasado mes de mayo recibían el Premio Alba Puffin al Activismo en Derechos Humanos, dotado con 100.000 dólares, con los que pudieron sanear sus cuentas y garantizar que el laboratorio forense siga activo un par de años más. Sin embargo, Silva dice tajante que no quieren subvenciones sino “que el Estado asuma como propia” esta tarea en la que ellos llevan trabajando desde hace más de una década. Una cuestión de justicia, como recuerda Ignacio Martínez de Pisón en el número de octubre de tintaLibre: “Enterrar a los muertos es una de las obras de misericordia, hasta los pueblos más bárbaros permitían a sus enemigos retirar los cadáveres del campo de batalla para darles sepultura”.