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Justicia

Los otros jueces recusados

  • Tras la decisión de apartar a López y Espejel, infoLibre recopila otros casos sonados en los últimos años
  • Hasta el año 2008, se interpusieron ante el TC casi una veintena de recusaciones, la mayoría de ellas rechazadas

Publicada 30/10/2015 a las 19:44 Actualizada 30/10/2015 a las 23:02    
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Fachada del Tribunal Supremo.

Fachada del Tribunal Supremo.

E.P
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió este viernes apartar definitivamente a los jueces Enrique López y Concepción Espejel del tribunal que se encargará de juzgar la Época I del caso Gürtel al aceptar –por 14 votos a 4 en el primer caso y 10 a 8 en el segundo– las peticiones de recusación planteadas por el PSOE y la Asociación de Abogados de Demócratas por Europa (ADADE). Un acuerdo adoptado que no deja posibilidad a recurso.

Sin embargo, no es la primera vez que se aparta a un magistrado al ser interpuesta una recusación atendiendo a alguna de las 16 causas recogidas en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). infoLibre recopila otros casos que saltaron a la palestra en los últimos años.

Tribunal Constitucional


Desde el año 1988, y hasta el 2008, se interpusieron casi una veintena de recusaciones contra magistrados del Tribunal Constitucional. Aunque la práctica totalidad fueron desestimadas, el 5 de febrero de 2005 quedó marcado en el calendario como el día en el que por primera vez se aceptó una de estas peticiones en el Alto Tribunal.


La decisión del TC –por seis votos a favor contra cinco en contra– se produjo al calor de la reforma del Estatut de Cataluña, aprobada en referéndum en junio de 2006. Un mes después, el 31 de julio de ese mismo año, el PP presentó un recurso de recusación contra el magistrado Pablo Pérez-Tremps por haber participado en los análisis previos a la redacción de lo que los conservadores consideraban "una Constitución paralela". Era la segunda vez que la formación, ya presidida por Mariano Rajoy, trataba de apartarle –el primer intento fue rechazado en enero de ese mismo año–. Sin embargo, en esta ocasión el Alto Tribunal consideró que concurría una de las causas recogidas en la LOPJ: "Haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo".

La ofensiva conservadora continuó. El PP pidió también, en este sentido, la recusación de otros tres magistrados: Roberto García-Calvo, por considerar que existía una falta de "imparcialidad"; la entonces presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, porque su esposo elaboró bajo encargo de la Generalitat catalana un dictámen utilizado como base en la redacción del Estatut; y Jorge Rodríguez Zapata, que elaboró un estudio en la misma línea. Todas ellas fueron rechazadas.

Tribunal Supremo


En junio del año 2011, el Tribunal Supremo decidió apartar, por 13 votos a favor contra 2 en contra, a cinco de los seis jueces encargados de juzgar al exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo. Era la primera vez que el TS apartaba a varios jueces por falta de imparcialidad. En concreto, fueron retirados del proceso el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra; el ponente inicial, Adolfo Prego; y los jueces Juan Ramón Berdugo, Joaquín Giménez García y Francisco Monterde

El exjuez de la Audiencia Nacional también consiguió, a finales de ese mismo año y con el mismo resultado, que otros cinco magistrados encargados de juzgarle por su investigación del caso Gürtel fuesen apartados al considerarse que estaban contaminados para celebrar el juicio al haber formado parte de la sala que admitió a trámite la querella presentada contra Garzón.

Audiencia Nacional


En enero de 2005, la Sala de Justicia de la Audiencia Nacional aceptó la recusación presentada contra el juez Javier Gómez-Bermúdez, impidiendo así que pudiese presidir el tribunal que iba a juzgar al entonces presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y a los exconsejeros Ángel Corcóstegui y José María Amusátegui, por el caso de las jubilaciones millonarias de 43,7 y 108 millones de euros, respectivamente, que cobraron estos últimos al abandonar la entidad financiera.

Así, la Audiencia Nacional adoptó esta decisión al considerar que Gómez-Bermúdez tenía "interés directo en la causa". "Al haberse modificado la composición de los magistrados que integraban la Sección Tercera, sin justificación inicial alguna, y luego con una justificación ulterior insuficiente, se ha podido crear una apariencia de falta de imparcialidad", según señalaron en su resolución.

Audiencias provinciales


A nivel provincial también se han producido algunos casos sonados de peticiones de recusación que han terminado con jueces apartados. Se puede destacar el de la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, que en octubre de 2013 fue apartada parcialmente de la instrucción de la operación Pokémon. En concreto, aunque la magistrada se mantuvo como instructora de la causa principal, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo aceptó la petición de recusación interpuesta por Miguel García Gesto –empresario implicado en el caso que alegó "enemistad manifiesta" entre el juez instructor y el imputado– y prohibió que De Lara se ocupase de todas aquellas diligencias que hiciesen referencia al industrial.

La Audiencia Provincial consideró que el haberse dado un enfrentamiento personal "puede proyectar o provocar un estado anímico de confrontación pública, (...) no cabe duda puede afectar a la apariencia de imparcialidad que debe mantener la magistrada de instrucción frente a las partes procesales".

Otro caso sonado a nivel provincial se produjo en febrero de 2008 a raíz del juicio por el accidente del avión Yak-42 en Turquía, en el que murieron 62 militares españoles. En este caso, la Audiencia Provincial de Zaragoza estimó el escrito de recusación presentado por Chapman Freeborn Airmarketing, contratista de la aeronave, contra el juez Ángel Dolado, encargado de seguir el juicio civil en el que se esclarecerían las responsabilidades económicas del siniestro. 

La empresa alegaba en la petición de recusación "carencia de imparcialidad" del juez, mientras que el tribunal, en la resolución, no atribuyó al magistrado "relación o vínculo con alguna de las partes", sino "un interés, una inclinación o predisposición en su contra".
EL AUTOR Correo Electrónico


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