La Policía insiste en la necesidad de detener a los Pujol para evitar que “sigan moviendo el dinero”

La negativa del juez José de la Mata a que la operación lanzada el 27 de octubre contra el clan Pujol, incluyese detenciones, entre ellas y como adelantó infoLibre la del patriarca de la familia y expresidente de la Generalitat, no ha aquietado a la Policía.

Fuentes conocedoras del caso han confirmado a este diario que la unidad contra la delincuencia económica, la UDEF, no ha cejado en su intento por convencer al juez de que ordene los arrestos desde la operación del 27 de octubre, bautizada como Hades. Su principal argumento es este: que los Pujol “siguen moviendo el dinero” que supuestamente tienen repartido por varios paraísos fiscales. Y que esa libertad de movimientos puede dar al traste con lo investigado hasta ahora. Según lo investigado, los Pujol trasladaron desde Andorra hasta el paraíso fiscal de Belice, en el Caribe, nada menos que 900 millones de euros.

La primera petición de arrestos, la del 27 de octubre, llegó apenas cinco días después de que otra sonada operación, la bautizada como Petrum, se saldara con el envío a prisión del actual tesorero de la formación independentista, Andreu Viloca. Desarrollada por la Guardia Civil, la Petrum se centra en las supuestas mordidas a cambio de contratos públicos pagadas por empresarios a CDC a través de la fundación Catdem.

En ese caso, el hallazgo de una agenda que acredita cómo Viloca se reunía con empresarios que de inmediato donaban fondos a Catdem para a renglón seguido obtener una adjudicación pública fue clave para que Anticorrupción reclamase el encarcelamiento de Viloca. Y para que el juez, Josep Bosch, el titular del juzgado 1 de El Vendrall, lo acordase.

A diferencia de lo sucedido con la Petrum, ni el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ni la Fiscalía Anticorrupción son partidarios de practicar detenciones en el caso que desencadenó los registros del día 27 y en el que originalmente solo se investigaba a Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán.

Y no son  partidarios porque –sostienen otras fuentes también conocedoras del caso- no creen que meter en un calabozo o en la cárcel a ninguno de los miembros de la familia investigados –que son todos- resulte aquí una medida “proporcionada”. Ni útil.

En última instancia, apunta uno de los consultados, el encarcelamiento no evitaría en ningún caso el riesgo de que la pista del dinero pueda perderse. Y ello porque la familia Pujol dispone, presuntamente, de una amplísima red de contactos y testaferros.

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Las fuentes jurídicas consultadas este lunes recalcan que no hay “solicitud formal” de la UDEF para que se produzcan arrestos. Y, en efecto, no la hay. “No pones por escrito que quieres una detención salvo que sepas que el juez te la va a conceder”, replica de modo gráfico otra de las fuentes consultadas al tiempo que insiste en su mensaje original: que la Policía sigue “pidiendo” esas detenciones.

Observadores ajenos a la investigación pero que la siguen muy de cerca subrayan dos hechos que conceptúan como relevantes: el primero, que el arresto de uno o varios vástagos de Jordi Pujol –por no hablar del suyo propio- implicaría un golpe de efecto político formidable en el sentido literal del término, es decir, de enorme magnitud.

Pero, también, de imprevisibles resultados. A priori, beneficiaría al PP catalán, de cuyas filas procede el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Pero el hecho de que buena parte del independentismo catalán –es decir, también buena parte de los catalanes de a pie- se haya aferrado a la idea de que las investigaciones que afectan a CDC y a los Pujol constituyen una “cacería política” entraña el riesgo de que una oleada de arrestos tenga un efecto bumerán.