Tres ONG exigen la retirada de una hidroeléctrica española en territorio indígena en Guatemala

Las organizaciones no gubernamentales Alianza por la Solidaridad, Amigos de la Tierra y la Asociación de Mujeres de Guatemala AMG han presentado este miércoles una campaña conjunta para frenar la construcción de una central hidroeléctrica, perteneciente a la empresa española Ecoener-Hidralia, en Santa Cruz de Barillas (Guatemala), un territorio indígena. Las ONG denuncian que el proyecto empresarial ha generado un "grave conflicto social y ambiental en el municipio, donde viven 130.000 personas".

Como protesta, proponen una recogida de firmas entre la ciudadanía con el fin de presionar a las instituciones implicadas. El jueves celebrarán un acto (en Ecooo, en c/Estrada, 11 de Madrid a 19h) en el que se contará con la presencia del naturalista y divulgador ambiental Joaquín Araújo, el coportavoz de Equo, Juantxo López Uralde, representantes de las ONGs implicadas y el cantautor y poeta Ángel Petisme, además de "guatemaltecos que sufren ya los impactos de la hidroeléctrica y la criminalización por parte de la empresa". Lo presentará el también naturalista Luis Miguel Domínguez, gran conocedor de Latinoamérica.

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El proyecto de la empresa de origen gallego Ecoener-Hidralia se remonta a 2008, y desde sus inicios los pueblos indígenas Q'anjob'al, Chuj, Akateko, Popti' de Barillas se han opuesto a la construcción de una represa en el río que articula su territorio: el Río Canbalam. "La central hidroeléctrica supondría la apropiación del agua del Canbalam, frente al derecho ancestral a su uso por parte de los pobladores de la zona", además de "graves impactos ambientales, incluyendo movimientos de tierra, inundación de una amplia zona, pérdida de biodiversidad y destrucción de sitios sagrados", señalaron las organizaciones.

La situación se ha visto agravada a consecuencia de las "altas cotas de vulneración de derechos humanos: asesinatos, secuestros, amenazas, agresiones a mujeres y encarcelamiento de líderes comunitarios" obligando al presidente del país a decretar el Estado de Sitio durante 18 días. Los conflictos han desembocado además en el encarcelamiento de dos líderes opositores a la central "por delitos que aseguran no haber cometido", además de otras cinco personas condenadas por "defender sus derechos y su territorio". La Asociación Mujeres de Guatemala ya formalizó una queja al Defensor del Pueblo español que fue admitida a trámite y la pasada semana, dos líderes encarcelados fueron absueltos de cargos que la Justicia consideró no probados.

"Todo lo ocurrido en estos siete años está documentado y recogido por los informes de Alianza por la Solidaridad, Amigos de la Tierra y la Asociación de Mujeres de Guatemala, que revelan los impactos en los derechos colectivos de los pueblos de la zona, así como otras vulneraciones de derechos humanos", concluyen.