La marea antitaurina quita dinero público a los toros

La tauromaquia es, desde 2013, patrimonio cultural en todo el territorio español. Este amparo público obliga a "garantizar la protección, y a su vez, a desarrollar unas medidas de fomento y protección en el ámbito de la Administración General del Estado". La ley fue entonces aprobada en el Congreso con los únicos votos del PP.

Dos años después, el nuevo panorama político que comenzó a dibujarse tras el 24-M está propiciando una oleada de cambios en las políticas respecto a los festejos taurinos en lo relativo a su financiación.  ¿Dónde se subvencionan actividades de maltrato animal? ¿Cuánto dinero se dedica a ello? ¿Qué territorios se declaran libres de toros?

La autorización de estos espectáculos corre a cargo de las comunidades autónomas. Cataluña y Canarias son ejemplos de abolición de la tauromaquia, aunque a distintos niveles: la primera sólo ha eliminado las corridas, y la segunda lo ha hecho con todo tipo de festejos populares que incluyan el maltrato taurino.

Por su parte, los ayuntamientos podrán decidir el fin de estos festejos en las plazas que sean de titularidad pública, mientras que en el caso de los acuerdos contractuales con empresas privadas tendrán que establecerse indemnizaciones, de producirse una ruptura. Los consistorios pueden, además, suprimir las ayudas dedicadas a estas celebraciones, del mismo modo que lo pueden hacer con otras de tipo cultural y festivo.

Bien de interés cultural

Según datos del Ministerio del Interior, un total de cuatro comunidades autónomas –Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid– concentraron el 78% de los festejos taurinos celebrados en 2014.

Madrid es precisamente una de las comunidades que destina parte de su presupuesto a fomentar actividades de esta índole, con una cifra que asciende a los 101.990 euros. La previsión para el 2016, según el anteproyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, es destinar 1,3 millones para "asuntos taurinos", dentro del apartado de "promoción cultural". Andalucía, uno de los territorios con mayor tradición taurina, también dedica dinero público a la tauromaquia. En concreto, y según datos de la Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (ASANDA), la Junta destinó en 2014 un total de 95.000 euros, que fueron a parar a infraestructuras taurinas.

Castilla-La Mancha

y Castilla León, por su parte, declararon este tipo de festejos como bien de interés cultural, y esta última anunció la semana pasada su intención de implantar una cátedra universitaria de tauromaquia para abrir un espacio "de encuentro, de reflexión intelectual y de investigación". 

Territorios como Murcia también se suman a las comunidades que han declarado la tauromaquia como bien de interés cultural, y otros como Extremadura continúan ofreciendo ayudas económicas a este tipo de actividades, con partidas que ascienden a los 84.000 euros para este año.

Sin embargo, la tradición y el arraigo cultural al que apelan los defensores de la tauromaquia están perdiendo valor, ya no sólo entre grupos y asociaciones animalistas, sino también entre los partidos políticos que han incorporado la lucha por los derechos de los animales a sus programas. Son numerosos los municipios que han decidido romper con este tipo de festejos, y sumarse así a los territorios libres de toros.

Punto final al maltrato

Canarias fue la primera en decir no al maltrato animal con toros, cuando en 1991 aprobó la Ley de Protección de Animales. En 2010 fue Cataluña la comunidad que, con 68 votos a favor y 55 en contra, puso fin a las corridas de toros. 

Otras comunidades autónomas están decididas a seguir los pasos de las dos anteriores. Es el caso de Baleares, donde PSOE, Podemos y Mès presentaron el pasado 7 de octubre una proposición no de ley para que a partir de 2016 se erradiquen estos festejos, después de que 24 municipios ya se hayan declarado antitaurinos en Mallorca.

En Aragón, gobernado por el PSOE, se ha creado recientemente una comisión para "fomentar y proteger espectáculos taurinos", pero fuentes del Gobierno han indicado a infoLibre que "no se dedica ni un euro a financiar este tipo de festejos".

La postura de los dirigentes políticos es más clara en Zaragoza, donde, tal y como han informado a este diario, "se mantienen las ayudas a barrios rurales y verbenas siempre y cuando no estén dedicadas al maltrato animal". Fuentes municipales aseguraron que ya se han puesto en marcha iniciativas para erradicar el maltrato animal por completo, como un circo sin animales durante este verano. En Huesca el pacto de investidura por el que el socialista Luis Felipe Serrate llegó a la Alcaldía promovía una consulta ciudadana para decidir el futuro de la tauromaquia en la ciudad, con el objetivo de la "paulatina desaparición" de estos festejos.

Galicia es otra de las comunidades donde la irrupción de las mareas ciudadanas y los partidos nacionalistas han vetado las ferias taurinas. En A Coruña, el concejal de Cultura, Deporte e Coñecemento, José Manuel Sande, asegura: "Desde el principio llevamos en el programa que no apoyaríamos estos espectáculos, y fue una de las primeras medidas que aplicamos". En la ciudad se celebra una feria taurina en el mes de agosto, que tiene lugar en uno de los edificios más emblemáticos, el Coliseum. "Hicimos una extinción anticipada del contrato, porque consideramos que era un negocio subvencionado que había generado un gasto de más de dos millones de euros en 20 años", relata Sande, quien además añade que "este año estaba previsto un gasto de 40.000 euros", en una ciudad que "no tiene demasiada afición".

Los representantes de la Marea en Pontevedra, por su parte, propusieron también la abolición de las corridas de toros en el municipio, que fue finalmente aprobada el pasado mes de septiembre con el apoyo de BNG y PSOE. El gasto entre 2009 y 2014 ascendió a 122.786 euros en publicidad de los festejos, y 25.000 de 2001 a 2013 repartidos entre las distintas peñas taurinas.

Pero es en la Comunitat Valenciana donde se ha producido la mayor oleada antitaurina en los últimos meses. La denominada fiesta nacional fue también declarada como bien de interés cultural por el Gobierno del PP, estatus que el actual Ejecutivo autonómico pretende eliminar, junto con las subvenciones dedicadas a su apoyo. El alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís), anunció que no dedicará ninguna partida a favorecer el maltrato animal, y en Alicante, donde gobierna el tripartito integrado por PSPV-PSOE, Guanyar y Compromís, la intención también se inclina hacia la abolición.

Marisol Moreno, concejala de Protección Animal en Alicante, ha pedido que no se subvencione nada que tenga que ver con el maltrato animal, y que la plaza de toros deje de serlo. Pero, como consecuencia de un contrato con la empresa Toro Mediterráneo, el Ayuntamiento permanece atado hasta 2017. "Rescindir el acuerdo nos saldría más caro", explica Moreno en conversación con este periódico. "Como hay un tripartito, la competencia de la plaza de toros es del PSOE, y hasta 2017 no podemos hacer nada", lamenta, "pero yo estoy en contra de cualquier actividad relacionada con el maltrato". La concejala pide además que la plaza, de 10.500 metros cuadrados, se utilice para "actividades culturales".

En Gandía "nunca ha habido tradición taurina", señalan fuentes municipales a este diario, por lo que este año se ha suprimido la feria "instaurada por la antigua legislatura del PP, y de la que se debía prácticamente todo el coste". En Xàtiva fue Compromís –parte del tripartito que gobierna el territorio, junto con PSOE y Esquerra– quien ha pedido eliminar las corridas y declarar la ciudad antitaurina. El concejal socialista encargado de la gestión de la plaza de toros, Ignacio Reig, explica que se trata de "un tema a estudiar", y recalca que "habría que hacer una inversión mínima para darle a la plaza de toros –que costó 12 millones de euros– otros usos". Reig señala que "la propuesta de Compromís se estudiará, y no tendríamos problema en no celebrar más si conseguimos darle un uso alternativo".

Otros territorios valencianos como Sueca, Aldaia o Benifaió han trasladado su intención de hacer consultas populares al respecto, mientras que Alzira eliminará los bous al carrer, y Paiporta ha decidido destinar la subvención en tauromaquia a la compra de libros.

430.000 firmas en contra de enseñar tauromaquía en FP

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Similar a esta última es la decisión tomada por la Alcaldía de Villafranca de los Caballeros, en Toledo, que este verano anunció que destinaría los 18.000 euros de subvención taurina a un programa de material escolar gratuito para las familias de la localidad. El Ayuntamiento de Murcia, por su parte, pretende dedicar el dinero público a la lucha contra la pobreza infantil y en el Ayuntamiento de Madrid se retirará la subvención de 61.200 euros a la escuela taurina.

Aunque las festividades que emplean toros parecen ir remitiendo en todo el territorio español, aún existen lugares donde la tauromaquia ha vuelto este año a pisar fuerte. Es el caso de San Sebastián, donde el pasado mes de agosto regresaron las celebraciones taurinas de la mano del nuevo gobierno del PNV. Además, el mapa aún cuenta con puntos marcados en rojo donde el maltrato a los toros está respaldado por reglamentos regionales. Ejemplos como el toro de la Vega son de sobra conocidos entre la población, pero no es el único que se celebra en la actualidad, tal y como refleja este mapa interactivo elaborado por el partido animalista Pacma. 

La oleada antitaurina avanza con fuerza, pero muchos festejos se aferran al arraigo de la tradición. Está por ver en qué medida este primer impulso supone un cambio real, y si la conciencia animalista se ha integrado definitivamente en las nuevas formas de hacer política.