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Justicia

El juez Ruz denuncia que los casos de corrupción suponen una “carrera de obstáculos” para jueces y fiscales

  • El letrado participó en una jornada sobre la lucha contra la corrupción, organizada por Jueces para la Democracia y la Unión Pregresista de Fiscales
  • El periodista Jesús Maraña lamentó que "todavía nos seguimos encontrando con obstáculos" en el acceso a información oficial que debería ser transparente

Publicada 12/11/2015 a las 15:47 Actualizada 12/11/2015 a las 23:13    
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El juez Pablo Ruz, magistrado que instruye el caso Gürtel.

El juez Pablo Ruz.

EFE
El juez Pablo Ruz, instructor durante años de procesos como la trama Gürtel o el caso Bárcenas, denunció las trabas de índole procesal a las que deben enfrentarse jueces y fiscales en la investigación y enjuiciamiento de los casos relativos a la "corrupción sistémica" que existe en España.

Ruz, que participó el jueves en una jornada sobre la lucha contra la corrupción, organizada por Jueces para la Democracia (JpD) y la Unión progresista de fiscales (UPF), desde una perspectiva de "reivindicación de la función pública", comentó la demora de las macrocausas, que adjudicó, entre otros motivos, a las lagunas sobre las piezas separadas: "las piezas separadas –como es el caso Nóos– no tienen una regulación específica en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo tanto dan lugar a cierta inseguridad jurídica que genera dilaciones en el proceso de investigación", subrayó.

Destacó, además, las carencias en la protección de testigos y las deficiencias en la regulación de las recompensas a las denuncias por particulares. Abogó por "reformar la ley orgánica de protección de testigos, seleccionar los casos reales de protección y dotarles de medios para que se les proteja", e incluso lamentó que "jueces y fiscales hemos llegado a desaconsejar a la víctima que haga una mera solicitud para que se le aplique ese estatus de testigo protegido porque sabemos de su ineficacia".

Denunció también que otro de los problemas que ralentizan la fase de instrucción es la "barra libre" de cuestiones de nulidad por vulneración de derechos fundamentales, que impiden, en muchas ocasiones, que se estimen determinadas pruebas. "Se trata de una locura procesal donde todos esos problemas, que son más de evaluación de prueba, se trasladan a la fase de instrucción", recalcó.

Hizo referencia además a los privilegios procesales, como los concedidos por ocupar determinados cargos, o los aforamientos, "un claro anacronismo de nuestra legislación procesal".

Finalmente, reivindicó una mayor colaboración por parte de instituciones en la investigación de la delincuencia financiera. "Cuando un juez requiere la ayuda necesaria de alguno de esos expertos en materia económica –como el Banco de España, Hacienda, o la Comisión Nacional del Mercado de Valores–,  prácticamente tiene que luchar contra viento y marea para lograr una eficaz pericia en el procedimiento". Ruz abogó por dotar de equipos de peritaje específicos para las macrocausas "similares a los que funcionan en la Fiscalía Anticorrupción". El juez recalcó que "basta un simple acuerdo de colaboración entre el poder judicial, la Fiscalía y los departamentos ministeriales", y se preguntó si, después de "esta carrera de obstáculos", la respuesta a la investigación de los procedimientos por corrupción es establecer plazos de instrucción, tal y como se estipula en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal –que limitan los plazos de 18 a 36 meses–.

Opacidad en la obtención de datos

El acto fue presentado por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quien apuntó a la necesidad de "combatir la realidad del eslógan, de la respuesta fácil" y aseguró que "los problemas complejos nunca tienen soluciones simples". Asimismo, explicó que "los problemas sociales, como la corrupción, los tiene que resolver la sociedad" y rechazó la falta de recursos al destacar que "con lo que se tiene se puede hacer lo que se debe".

Por su parte, el fiscal de la Audiencia Nacional Daniel Campos, coincidió con Ruz a la hora de plantear una compensación a nivel procesal a quienes denuncien casos de corrucpción, especialmente por tratarse de "ámbitos donde por definición hay un círculo de silencio". Destacó asimismo que "el jurado no es idóneo para estos casos", que requieren "jueces especializados en la materia". Sin embargo, recordó Campos lo "sorprendente" que resulta que los jurados no puedan juzgar el delito de "prevaricación" pero sí el de cohecho o el de tráfico de influencias, por ejemplo. "¿No será que alguien quedó muy contento con el resultado del caso Camps?"

En cuanto a la investigación de casos de corrupción, la intervención de los diferentes expertos en la materia –tanto en investigación administrativa y policial como fiscal y judicial– coinciden en la opacidad a la hora de acceder a la información necesaria para facilitar dicha investigación. Tanto Carlos García-Berro, fiscal de la sección de delitos económicos de Madrid, como Ignacio García, miembro de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF), denunciaron la "opacidad en los datos" y las "dificultades legales para la obtención de pruebas".

Sobre la necesidad de transparencia como prevención de la corrupción trató también la mesa en la que participaron los periodistas Ignacio Escolar, director de eldiario.es, Javier Álvarez, redactor jefe de Tribunales en la cadena SER, y Jesús Maraña, director editorial de infoLibre. Maraña denunció los "obstáculos con los que nos seguimos encontrando cada día al solicitar información a administraciones públicas, por ejemplo sobre adjudicaciones y contratos; esa opacidad no es de recibo en términos de higiene democrática". Escolar explicó en detalle el escándalo de las tarjetas black desvelado por su periódico y Álvarez señaló la importancia de la investigación periodística en la lucha contra la corrupción. Maraña defendió la necesidad de que la información independiente resulte útil a los ciudadanos, y puso como ejemplo la publicación en infoLibre de los correos de Blesa que demostraban que en la cúpula de Caja Madrid se conocía desde 2006 "que las preferentes eran un producto averiado". Y recordó que esos correos, rechazados como prueba por el TSJM y la fiscalía en su momento, "han tenido que incorporarse después en la Audiencia Nacional a la investigación de las preferentes". Maraña añadió que "la excusa de que los correos pertenecían a la intimidad de los directivos de la caja es insostenible, y era bastante sencillo distinguir en los más de 8.700 correos los que afectaban a la intimidad y los que eran de interés público".

A preguntas de participantes en la jornada, Álvarez se refirió a la existencia de presiones en los medios cuando se trata de investigaciones sobre corrupción política. Escolar destacó la presencia de los bancos en el accionariado de los grandes medios españoles y Maraña defendió la necesidad de que también los medios sean transparentes: "los acuerdos comerciales opacos con grandes empresas o bancos sostienen a muchos medios supuestamente independientes cuya información está condicionada por esos acuerdos".
LA AUTORA Correo Electrónico


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