Nueve candidatos con mácula para las generales

"La corrupción nos ha perjudicado mucho. La corrupción hace un enorme daño. A la gente le irrita, le molesta, le agrede, y con razón", aseguraba hace menos de un mes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una entrevista en TVE. No obstante, a pesar de la enorme presión ciudadana para que los partidos tomen medidas para excluir de sus listas a candidatos implicados en asuntos judiciales, en estas elecciones generales los investigados, imputados o incluso condenados por la Justicia siguen estando presentes en algunas candidaturas.

Cuando Rajoy realizó estas declaraciones no se conocía la composición de las listas del PP para las próximas elecciones generales, y el mandatario prometía actuar "exactamente igual" que hasta ahora en la lucha contra estos casos. Pero, a la hora de la verdad, la firmeza de Rajoy no ha sido tal: al menos siete de sus candidatos para las generales están vinculados a algún incumplimiento de la ley, ya sea relacionado con casos de corrupción o de otra índole: las listas incluyen desde condenados por delitos contra el honor hasta candidatos sancionados por el Banco de España.

El PP, sin embargo, no es el único partido que incluye candidatos que tienen o han tenido problemas con la Justicia. El PSOE o incluso Podemos también tienen entre sus listas nombres que se han visto envueltos en problemas judiciales –aunque en el caso del partido de Pablo Iglesias no tienen nada que ver con la corrupción–, mientras Ciudadanos ha cambiado a última hora a varios candidatos por otro tipo de faltas, como haber falsificado su currículum.

Sin duda, el candidato con más problemas en los tribunales es Juan Pablo Sánchez, aspirante a senador por Guadalajara en las listas del PP. Sánchez está imputado en nada menos que siete casos diferentes, relativos a su etapa como alcalde de la localidad de Pastrana, cuando habría otorgado licencias municipales de forma irregular. El archivo de estas querellas está recurrido por el denunciante, por lo que Sánchez estará imputado, al menos, hasta que en diciembre el juzgado decida si sobreseer de forma definitiva el caso o continuar tramitándolo.

Quienes sí que tienen ya una condena firme son dos pesos pesados del PP que también repiten en las listas para las elecciones generales: el actual portavoz de los conservadores en el Congreso y número uno por Almería, Rafael Hernando, y el cabeza de lista por Córdoba, Rafael Merino. Ambos fueron condenados el pasado octubre por un delito contra el honor de la formación magenta, al haber asegurado en 2013 en diferentes medios de comunicación que UPyD recibía financiación ilegal. Hernando y Merino, además, tuvieron que abonar a UPyD 20.000 euros como indemnización.

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Al pago de 15.0000 euros tuvo que hacer frente en 2012 la número uno de la candidatura del PP al Congreso por Ciudad Real, Rosa Romero, que fue sancionada por la comisión de dos faltas muy graves cuando era consejera de Caja Castilla-La Mancha –ocupó este puesto hasta la intervención de la entidad en 2009–. A Romero le costó 7.000 euros que la caja presentara "deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y contables", y otros 8.000 que Caja Castilla-La Mancha careciese de "los requerimientos de recursos propios mínimos".

Otro dirigente nacional del PP que también está envuelto en problemas con la justicia es el vicesecretario de Organización y número uno por Zamora, Fernando Martínez Maíllo, que se encuentra imputado en el marco de la investigación al antiguo consejo de administración de Caja España por la concesión irregular de créditos al entonces presidente de la entidad, Santos Llamas. Martínez Maíllo, por su parte, declaró nada más conocerse su imputación –tras ser nombrado número tres del PP el pasado junio– que no se considera imputado porque la primera citación que recibió para declarar en el caso Caja España quedó aplazada por "irregularidades en el proceso". El dirigente concluyó entonces que, mientras no reciba una nueva notificación donde diga que está imputado, no se considerará como tal.

María José García Pelayo, número dos en las listas del PP al Congreso por Cádiz, no está imputada, pero la Fiscalía la tiene en el punto de mira por supuestos delitos continuados de prevaricación y falsedad en documento público. Tal y como publicó hace unos días la Cadena SER, el Ministerio Público acusa a García Pelayo de estar implicada directamente en la operación por la que se otorgaron a dedo tres contratos a la trama Gürtel para organizar el puesto del Ayuntamiento de Jerez –ciudad de la García Pelayo que era alcaldesa– en la feria de turismo Fitur en 2004. Los contratos habrían sido elaborados una vez ejecutados los trabajos.

Por su parte, la exatleta olímpica Marta Domínguez podría ser suspendida durante cuatro años por dopaje si el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS, en sus siglas en inglés) decide aceptar la petición de la Federación Internacional de Atletismo. La vista se celebró hace unos cinco meses, y si bien aún no se ha tomado una decisión, la sanción podría acarrear a Domínguez –actualmente senadora del PP por Palencia– la pérdida de todos sus títulos conseguidos entre 2009 y 2013, entre los que se encuentra una medalla de oro en el mundial de 2009 y una plata conseguida en los campeonatos europeos de 2010.

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Pero no sólo son candidatos del PP los que tienen problemas con la Justicia. Andrés Bódalo, concejal de Jaén en Común en el ayuntamiento de Jaén, dirigente del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y cabeza de lista de Podemos para las generales en esa provincia, también fue condenado a finales de octubre a tres años y medio de prisión por haber agredido a un edil socialista del ayuntamiento de Jódar en 2012.  Bódalo ha interpuesto un recurso ante esta sentencia, que lo condena por haber golpeado con los puños a este edil en un altercado que se produjo a las puertas del consistorio, cuando tanto el candidato como varios de sus compañeros del SAT estaban citados a declarar por incumplir una ordenanza municipal mientras realizaban una protesta.

Este último no es el único episodio violento en el que se ha visto envuelto Bódalo, que ya a principios de octubre fue condenado a una multa de 120 euros por una falta de lesiones a causa de un altercado en el que participó en abril de 2014. La presencia del diputado de Amaiur, Sabino Cuadra, derivó en un enfrentamiento entre aquellos que –como Bódalo– defendían el acto de presentación de su libro y otras personas que querían impedir su celebración.

Por su parte, el PSOE tiene al menos un candidato que, si bien no ha sido condenado y ni siquiera está imputado, sí que está siendo investigado: el alcalde de Alcalá de Guadaíra y número tres de la lista por Sevilla, Antonio Gutiérrez Limones. Según la Fiscalía, existen indicios contra el regidor en el denominado caso ACM, que investiga desde hace dos años el presunto desvío de fondos públicos de la empresa Alcalá Comunicación Municipal para gastos particulares de sus directivos y también de cargos municipales. El Mundo informa de que la Fiscalía sospecha que Gutiérrez Limones se habría beneficiado directamente de estas irregularidades.