Derechos humanos

Ningún partido garantiza el refuerzo de los derechos humanos de cara al 20-D

Ningún partido contempla medidas concretas para reforzar los derechos humanos

Los principales candidatos que se postulan para la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones de diciembre han aceptado incluir mayor protección de los derechos humanos en sus propuestas de reforma constitucional, pero ninguno ha concretado sobre las medidas necesarias para ello, mientras que el PP ha rechazado cualquier planteamiento sobre esta cuestión.

Así lo comunicaron este jueves las organizaciones no gubernamentales Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermón, quienes han iniciado una campaña que propone reformar la Constitución con el fin de que los derechos humanos dejen de ser "derechos de segunda". Las tres organizaciones se han reunido en la última semana con Alberto Garzón, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y Javier Maroto, y prevén un encuentro con Albert Rivera el próximo 24 de noviembre.

El directo de Greenpeace, Mario Rodríguez, destacó que "el medio ambiente importa" a los candidatos, aunque reparó en la disparidad de compromisos. PSOE y Ciudadanos, por su parte, hablan de reforzar los derechos medioambientales sin concretar cómo, mientras que Podemos e IU se han comprometido a evitar distinciones "entre derechos de primera y de segunda", pero sin medidas enfocadas a ello.

Chema Vera, director de Oxfam Intermón, resaltó la importancia del acceso universal a la sanidad y la creación de una renta mínima para "la reducción de la desigualdad extrema", ambas propuestas contempladas por PSOE, IU y Podemos. Destacó asimismo la participación ciudadana y la transparencia, que también se encuentran entre las medidas de Ciudadanos, y finalmente se refirió al derecho a la vivienda como una garantía con "claroscuros". "Nos habría gustado una concreción mayor, y mucha más contundencia en equipararlo con otros derechos de la Constitución", añadió Vera.

Proteger a "los más vulnerables"

El blindaje de los derechos humanos en la Constitución, explicaron los representantes de las ONG, se traduciría en un aumento de las garantías en la protección de derechos tan básicos como la vivienda o la libertad de expresión. "Cualquiera que es desalojado forzosamente no puede acudir a un juez para reclamar el derecho a la vivienda", explicó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional. "El proceso sigue y es desahuciado, a no ser que negocie con el banco. Con esta reforma constitucional se refuerza el derecho a la vivienda y se ofrece la posibilidad de acudir al juez, de modo que disminuirían radicalmente los desahucios", concluyó. 

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Beltrán se refirió también al derecho de reunión y manifestación, y lamentó la "invisibilidad" de medidas destinadas a su regulación y protección. "Todo el mundo habla de la ley mordaza, pero no vale de nada derogarla porque volvemos a una ley del 92 que es mala, o recuperamos la del 83", señaló.

El director de Greenpeace se refirió a la necesidad de "acabar con ese tsunami de corrupción que se ha llevado por delante la costa y paisajes muy valiosos del interior, o que permite a una empresa contaminar un río y que no pase nada". Señaló que protegiendo el derecho medioambiental los ciudadanos podrían denunciar este tipo de actividades, "porque a veces es difícil que la administración que ha sido permisiva con estos proyectos quiera acudir a los tribunales".

Los tres coincidieron en que es "muy positivo que por primera vez en 40 años" los derechos humanos estén presentes en el debate electoral, pero demandaron un mayor compromiso por parte de las fuerzas políticas y aseguraron que continuarán trabajando para que estos alcancen el blindaje que requieren durante la próxima legislatura, sea del color que sea.

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