Fraude fiscal

Los seis casos de “politización” de la Agencia Tributaria que denuncian los técnicos de Hacienda

España deja de ingresar 75.000 millones de euros al año por las exenciones y tipos reducidos del IVA

Segundas oportunidades a defraudadores, informes trucados para salvar de la acción de la Justicia a imputados poderosos o destituciones de funcionarios que plantean sanciones contra empresas multinacionales. Son tan sólo algunos de los episodios que, según el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) –que se manifestó este jueves en Madrid para denunciar esta situación–, prueban la "politización" de la Agencia Tributaria. Las injerencias, a juicio de Gestha, sólo podrán solucionarse si se acaba con la "concentración de poder" en el organismo.

La concentración tuvo lugar frente a la oficina que el Parlamento Europeo tiene en Madrid, ya que Gestha ha planteado el problema a los 52 eurodiputados españoles. Y es que, para los técnicos de Hacienda, la Agencia Tributaria es un organismo "históricamente politizado", una situación que no ha hecho más que agravarse, su juicio, en los últimos años. "En esta legislatura se han visto casos muy sonoros, pero no se puede olvidar que esto viene de mucho tiempo atrás", denuncia a este respecto José María Mollinedo, secretario general de Gestha, que plantea varios ejemplos de la supuesta politización del organismo.

"Ahora mismo el ministro nombra al director de la Agencia, luego el director nombra a los directores de departamento, que designan a los subidirectores generales, y estos a los delegados especiales que están en la cabecera de las comunidades", explica Mollinedo, que también relata que son puestos de confianza "los delegados provinciales y los delegados de cada área". Y con ese método, a su juicio, "en el momento en el que hay una presión, se traslada inmediatamente" a los empleados.

"El problema es que existe una estructura muy jerarquizada, con muchos puestos ocupados por personas de libre designación con retribuciones variables muy abultadas que provocan que sean permeables a las injerencias políticas", denuncia el secretario general de Gestha, que plantea que "eso es, fundamentalmente, lo que se tiene que corregir". "La despolitización sólo se va a conseguir si se desconcentra el poder y se delimita con una normativa clara cuáles son las funciones de cada puesto", sostiene.

Investigación contra Jordi Pujol

Quizá uno de los ejemplos más flagrantes de injerencias políticas en la Agencia Tributaria, explica Mollinedo, haya sido desvelado por el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que compareció en el Congreso de los Diputados después de que, en julio de 2014, el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, confesase que había tenido dinero sin regularizar en el extranjero. "Pido que sepan separar los fallos de una persona, por muy significativos que hayan sido, y que esta declaración sea reparadora", señaló entonces Pujol.

En su declaración, Montoro lanzó un duro alegato contra Pujol. “No podemos descartar uno o varios delitos", llegó a asegurar el ministro, que también sostuvo que las investigaciones por posibles irregularidades fiscales contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña comenzaron en la época en la que José María Aznar era presidente del Gobierno. "Hay indicios de investigaciones desde antes de que llegara yo al Gobierno", sostuvo Montoro, que fue nombrado ministro por primera vez en el año 2000, en la segunda legislatura de Aznar.

"Una inspección se inicia y se acaba en seis meses o, en todo caso, en un año, si se tiene que prorrogar. Pero no dura diez años", denuncia Mollinedo a este respecto. Y es que el secretario general de Gestha sostiene que lo que realmente se elaboró contra Pujol fue "un dossier", lo que significa, a su juicio, que no se cumplió "el deber de perseguir el delito", lo que supone un "incumplimiento de la obligación" de la Administración.

Segunda oportunidad a los clientes de HSBC

Pero los casos polémicos no sólo se han dado en Gobiernos del PP. También en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Ejecutivo se produjeron episodios que, a juicio de Gestha, demuestran la politización de la Agencia Tributaria: entre ellos se encuentra "la segunda oportunidad que se ofreció a los titulares de cuentas opacas –los que se incluían en la Lista Falciani– en el banco HSBC en Suiza", sostiene el sindicato en un comunicado.

El caso se remonta a 2010, cuando el Gobierno tuvo conocimiento del nombre de más de 600 grandes defraudadores españoles incluidos en la conocida como lista Falciani, la relación de grandes fortunas con cuentas en el banco que el exempleado del banco HSBC sustrajo antes de dejar su puesto. Y es que Hacienda, en lugar de abrir una investigación para aclarar si existía o no fraude, entregó a la mayor parte de estos presuntos evasores un escrito para que presentasen declaraciones complementarias para tributar por los fondos que mantenían ocultos en un plazo de diez días.

"A estas personas se les otorgó la posibilidad de presentar unas declaraciones complementarias, y se les dio un tratamiento más que cuestionable", denuncia Mollinedo. Gestha, de hecho, presentó una querella en 2013 contra varios exaltos cargos de la Agencia Tributaria, entre ellos el exdirector general Juan Manuel López Carbajo. Y es que, además de las sanciones por posibles delitos fiscales, las irregularidades podrían haber supuesto "condenas para algunas personas que eran directores de entidades financieras" que les hubieran hecho quedar "inhabilitados para ejercer cargos de dirección", sostiene Mollinedo; en este sentido, la querella de los técnicos de Hacienda mencionaba expresamente a banqueros como la familia Botín.

Amnistía fiscal de 2012

El ministro Montoro la calificó de "gravámen especial", pero Gestha no duda de que lo que el Gobierno aprobó en 2012 fue una amnistía fiscal con todas las letras. En un principio, los evasores fiscales iban a poder regularizar sus bienes tributando únicamente un 10% de los mismos, si bien posteriormente las condiciones se flexibilizaron: los defraudadores tuvieron que pagar únicamente por los intereses generados por el dinero en los ejercicios que no hubieran prescrito, y además pudieron regularizar también dinero negro en metálico.

"Básicamente, lo que hizo el Gobierno fue garantizar que no se iba a investigar la declaración", denuncia Mollinedo, que asegura que "sin investigar, es imposible reconocer el origen de los fondos, así que pudieron perfectamente regularizarse fondos de procedencia ilícita". "Y el tiempo ha terminado dándonos la razón, porque ahora 705 personas que se acogieron a la amnistía están siendo investigadas por el Sepblac [acrónimo de Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales] por posible blanqueo", lamenta el secretario general de Gestha.

Investigación del caso Noóscaso Noós

Otra polémica sonada en la que se ha visto mezclada la Agencia Tributaria tiene relación con la investigación del caso Noós. Y es que el organismo dio por válidas tres facturas emitidas por el imputado Diego Torres a la empresa Aizoon, propiedad de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, lo que hubiera librado a la hermana del rey de una acusación de delito fiscal si se hubieran contabilizado esas facturas dentro del compendio de justificantes falsos que emitió la compañía. En ese caso, Aizoon no hubiera podido cometer este delito al no superar el límite legal de 120.000 euros presuntamente defraudados.

"Aizoon era la empresa a través de la cual Torres y Urdangarin deducían gastos personales en la empresa, además de utilizarla para detraer los fondos del Instituto Noós, la fundación que cobraba dinero público", explica Mollinedo, que relata que los acusados "facturaban a la empresa como si hicieran trabajos que en realidad no hacían". Pero, finalmente, "los peritos que designó la Agencia Tributaria aceptaron como válidas tres facturas que el fiscal había tildado de falsas, pero que se declararon como deducibles en el informe rompiendo todas las prácticas de la Agencia, todo con tal de que la cifra no superara los 120.000 euros", critica Mollinedo.

Finalmente, el juez Castro incluyó estas facturas entre los gastos supuestamente ficticios de la empresa Aizoon en el auto en el que acusó a la infanta Cristina de un delito contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

Multa a Cemex

La filial española de la empresa cementera mexicana Cemex fue sancionada en abril de 2014 por un importe de 455 millones de euros por Hacienda. Pero, antes de que esta multa fuera comunicada, se produjeron varias polémicas, que incluyeron la destitución de la inspectora encargada de sancionar a la empresa. El cese vino acompañado por las dimisiones de Ignacio Ucelay, su superior, y del director de la Inspección Luis Jones, en unas actuaciones que los sindicatos de inspectores y técnicos de Hacienda calificaron de "injerencias políticas".

Mollinedo, que entonces insinuó que personas cercanas a Montoro podrían haber asesorado a la cementera mexicana para salir bien parada del encontronazo con el fisco, se reafirma en que Cemex trató de "cancelar la deuda" a través de "vías políticas". "Si este tema acabó con la destitución de varios cargos de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes por ratificar la sanción, fue porque no siguieron las consignas de cancelar esa deuda" que venían de sus superiores, asegura el secretario general de Gestha.

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Las donaciones al PP, como las que recibe Cáritas

La Agencia Tributaria también ha tenido acciones controvertidas en el caso Bárcenas. Y es que hace unos meses remitió al juez Ruz un documento en el que aseguraba que el PP no habría cometido un delito fiscal al no tributar por las donaciones recibidas en el año 2008, ya que las donaciones a entidades sin ánimo de lucro "siempre" han estado exentas si cumplen el requisito legal de dedicarse al objeto principal de esta entidad. Hacienda sostenía que esta exención se aplicaba a organizaciones "como puede ser un partido, Cáritas o la Cruz Roja", ya que el beneficiario de la ventaja fiscal "es el conjunto de la sociedad".

"La Agencia aseguró en ese documento que de los papeles de Bárcenas no se podía deducir que las donciones al PP se hubieran utilizado para otros fines" distintos a los de una entidad sin ánimo de lucro, denuncia Mollinedo, que señala que el criterio del juez Ruz fue radicalmente diferente. Y es que Hacienda también se había visto obligada a remitir un informe al juez en el que admitía que, con los criterios fijados por el propio Ruz, el PP habría dejado de ingresar en 2008 un total de 220.167 euros en el impuesto de sociedades, lo que sí que supondría la comisión de un delito fiscal.

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