Operación Púnica

La Guardia Civil acusa al alcalde de Molina de Segura de malversación y tráfico de influencias

Un informe de la Guardia Civil en el que se analiza la actuación de la trama Púnica en la Región de Murcia acusa al actual alcalde del municipio murciano de Molina de Segura (71.577 habitantes), Eduardo Contreras Linares (PP), de ser el presunto autor de los delitos de malversación y tráfico de influencias, según la documentación a la que ha tenido acceso infoLibre.

El documento de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil plasma la presunta implicación del alcalde de Molina en los contratos del denominado Plan de Comunicación Digital, por el que departamentos del Gobierno autonómico murciano contrataron o tenían intención de contratar a empresas de la trama Púnica.

El plan se desarrolló en el Instituto de Fomento, departamento dependiente de la Consejería de Industria, cuyo entonces titular, Juan Carlos Ortiz, dimitió tras ser imputado por el juez Velasco en la Púnica. Y según la Guardia Civil, que cita "datos disponibles", con esta iniciativa "se habrían encubierto [...] los trabajos personales de reputación online del alcalde de Molina de Segura".

Sufragar otros gastos

Y para demostrar estas conclusiones, los agentes aportan en su informe el contenido de varias llamadas de teléfono entre el considerado conseguidor de la red corrupta, Alejandro de Pedro, y un empleado del Gobierno murciano, que fueron grabadas por orden del juez Velasco. En una de ellas se hace referencia a un contrato público firmado por la Consejería de Industria y Fomento, "y de la conversación se deduce que con dicho contrato se pretendía sufragar trabajos de reputación de dicho alcalde", indica el documento incluido en el sumario.

Pero los agentes basan su acusación en que Contreras conocía la maniobra de la red corrupta: "Este dato no sería desconocido para el alcalde de Molina de Segura, como muestra la conversación mantenida entre Alejandro de Pedro y [el que fuera alcalde de Cartagena con el PSOE] José Antonio Alonso Conesa el 30 de junio de 2014", especifican los miembros de la UCO, que a continuación transcriben la conversación, que dice:

Alejandro de Pedro: "Otra cosa, el tema de Murcia, porque me digas cómo lo hacemos. Nostros fuimos a la reunión por la mañana, ¿vale? y estuvimos con el alcalde del municipio éste, entonces...".

José Antonio Alonso Conesa: "De Molina".

Alejandro de Pedro: "Si, allí dijo la rubia que de eso se encargaba ella.... (refiriéndose a Mariola)".

El informe explica, además, que en ese momento de la conversación grabada entre Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa, el primero se queja de que salieron de la reunión "sin hablar de lo que hay que hablar, que es del dinero del que disponen para hacerlo". Y según los agentes Alejandro de Pedro asegura a su interlocutor que "la de Molina de Segura no para de enviarle notas de prensa, pero que hasta que no cierren el contrato no hay nada de nada".

Reunión con el conseguidorconseguidor

Los agentes destacan que de las conversaciones grabadas se desprende que el alcalde de Molina de Segura "habría acudido a una reunión con Mariola [María Dolores Martínez Robles, imputada en el caso] y Alejandro de Pedro, entre otros, para tratar de los trabajos a desarrollar".

Pero la conversación definitiva para la Guardia Civil es la mantenida entre Alejandro de Pedro y José Fidel, un empleado del Ejecutivo autonómico murciano, en la que el primero informa a su interlocutor "de que han metido los trabajos de Molina de Segura en el contrato adjudicado en el Instituto [Consejería] de Turismo de la Región de Murcia".

"Ilícito penal"

Con todos estos indicios, que se desprenden de las intervenciones de las comunicaciones decretadas por el magistrado Eloy Velasco, los integrantes de la UCO de la Guardia civil concluyen que la participación del actual regidor de Molina de Segura, Eduardo Contreras Linares, "en los hechos descritos, podría ser constitutivo de ilícito penal como presunto responsable de un delito de tráfico de influencias y malversación", resalta el documento policial.

Pero, a su vez, el informe del Grupo de Delitos contra la Administración de la UCO especifica que la imputada María Dolores Martínez Robles, conocida como Mariola, también era "conocedora y partícipe directa de la articulación del procedimiento de contratación pública que estaba concertado para adjudicar de antemano a las empresas de Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa, y de que dichos contratos sufragarían los trabajos de reputación online de cargos públicos de la Región de Murcia", entre los que se encontraba el alcalde de Molina de Segura

Reputación personal del alcalde

"En el caso concreto del Instituto [Consejería] de Turismo de la Región de Murcia, se ha comprobado que en los mismos, estarían incluidos los trabajos de reputación personal del alcalde de Molina de Segura, Eduardo Contreras Linares, a través de la creación de un diario digital en dicha población. María Dolores Martínez Robles [Mariola] conoce personalmente a esta persona, ya que ha estado muy unida al Ayuntamiento de dicha localidad, desempeñando desde 2003 el cargo de concejal del Partido Popular de Educación, Cultura y Festejos".

Contreras, que es ingeniero naval, ingresó en Alianza Popular en 1982. Es alcalde de Molina de Segura desde 1995 y fue diputado en el Congreso por el PP de 1996 a 2004. Además de regidor de la cuarta localidad en población de la Región de Murcia, Contreras es presidente del PP de Molina de Segura, al mismo tiempo que forma parte del Comité Ejecutivo Regional del PP y de la Junta Directiva Nacional de la formación presidida por Mariano Rajoy.

El presidente murciano

Pero en el informe de la Guardia Civil también aparece un documento escrito a mano en el que se cita una propuesta realizada al actual presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, que entonces era el consejero de Educación. En concreto, el apunte especifica: "Pedro Antonio Sánchez. 21.000 euros". Según ha trascendido, el presidente murciano no contrató a la trama Púnica.

En el manuscrito también aparecen los nombres de otras personas a las que presuntamente la trama Púnica les habría ofrecido sus servicios, como por ejemplo es el caso de los exalcaldes de Cartagena y Murcia, del PP, Pilar Barreiro y Miguel Ángel Cámara, respectivamente.

Otro de los nombres que aparece en el informe escrito a mano es el del imputado exconsejero de Industria Juan Carlos Ruiz, que también fue diputado en el Congreso del PP. Ruiz era el principal rival del ahora presidente murciano Pedro Antonio Sánchez, como sucesor de Ramón Luis Valcárcel como cabeza de lista del PP en las pasadas elecciones autonómicas. Y es en ese contexto, en el que el presunto conseguidor de la Púnica, Alejandro de Pedro, se ofreció a intermediar con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, a quien envió un correo electrónico: "Le he pedido que quiero verla por el tema vuestro de Murcia", especifica De Pedro en una de las conversaciones interceptadas por la Guardia Civil.

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