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Aborto

El descenso del número de abortos durante tres años consecutivos avala el éxito de la ley de plazos

  • El informe publicado por el Ministerio de Sanidad muestra el descenso del número de abortos en menores de 18, que con la reforma del PP requieren ahora el consentimiento paterno
  • Colectivos por los derechos de las mujeres ven probado que una legislación no restrictiva hace bajar el número de abortos

Publicada 23/12/2015 a las 06:00 Actualizada 22/12/2015 a las 23:23    
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Aborto

Imagen de una manifestación por el Día Internacional por la Despenalización del Aborto.

EFE
Hace cinco años que el Gobierno de Zapatero puso en marcha la Ley Orgánica de salud sexual y derechos reproductivos y de la interrupción voluntaria del embarazo. La norma impulsada por los socialistas permite el aborto durante las 14 primeras semanas del embarazo, pero también dentro de las 22 semanas si existe "grave riesgo para la vida o salud de la embarazada o anomalías en el feto". Y en cualquier momento si se detectan "anomalías fetales incompatibles con la vida". Además, la mujer tenía autonomía para decidir interrumpir su embarazo a partir de los 16 años, y sólo estaba obligada a informar a uno de sus progenitores, siempre y cuando ello no suponga un peligro grave, una situación de desamparo o riesgo de violencia.

Cinco años después, tras la reforma aprobada en solitario por el PP que obliga a la autorización paterna en menores de 18 años, el Ministerio de Sanidad ha hecho público el último informe [consultar el documento aquí] sobre el número de abortos llevados a cabo en España en el año 2014. Las cifras constatan un descenso por tercer año consecutivo, hasta situarse en 94.796. Bajada que, además, marca un récord histórico en el número de abortos desde que el año 2005 registrara 91.664. Desde aquel año el número abortos en España nunca había bajado de los 100.000.




Este descenso generalizado, que supone un 12,7% menos respecto al 2013, se refleja también entre las menores de 18 años. Es precisamente este colectivo –16 y 17 años–, que actualmente no requiere de autorización paterna, el principal afectado de la reforma de ley del impulsada por el Partido Popular. 

La principal crítica del PP a la norma del 2010 era su "manifiesta inconstitucionalidad", además de ser una práctica que "disminuye las garantías de la menor gestante, se impide a los padres ejercer su derecho a formar a sus hijos, les impite que le presten la asistencia y el apoyo familiar ante un hecho de gran trascendencia y se aminoran las garantías de la vida del nasciturus".

La ONU, crítica con la ley del PP

Frente a las afirmaciones de los conservadores, el Comité de las Naciones Unidas de derechos del niño y sobre la discriminación de la mujer advirtieron, a través de un informe en 2014, que "la exigencia del consentimiento de un tercero en el caso de las niñas menores de 18 años es contraria a las obligaciones establecidas en la Convención sobre los Derechos del Niño", de modo que manifestaron su preocupación por la modificación de la ley del 2010, y exhortaron al Estado español a que la retirase por ser "incompatible con las normas internacionales de derechos humanos". Lydia Vicente, directora ejecutiva de Rights International Spain, asegura en conversación con infoLibre que esta ley genera una mayor "vulnerabilidad para las menores, implica su total discriminación y está fuera de lugar" .

El grupo de expertos de la ONU alude también al riesgo que supone esta normativa para las menores. En la misma línea, recomiendan a España que la educación sexual y de derechos reproductivos sea obligatoria como parte del currículum regular, "incluyendo educación sobre comportamiento sexual responsable, prevención de embarazos tempranos y enfermedades de transmisión sexual".

También Carmen Miquel, experta en derechos de las mujeres en la asociación 
Alianza por la Solidaridad, incide en la necesidad de una educación sexual y en derechos reproductivos, en sintonía con Luis Enrique Sánchezpresidente de la Federación de Planificación Familiar Estatal, que apunta a la importancia de "una estrategia sexual y reproductiva para reducir el número de embarazos no deseados".

El riesgo que atribuyen los expertos a la reforma del PP, y el visto bueno a la ley de plazos, quedan avalados ahora por los datos, que apuntan a una bajada del número de abortos en las menores de 16 y 17 años. En concreto, el número de jóvenes de 16 años que abortaron en 2014 fue de un 19,31% menos que en 2013 (de 1.636 a 1.320), mientras que las mujeres de 17 años que interrumpieron su embarazo disminuyeron un 21,6% (de 2.374 a 1.861).

Marisa Soleto, portavoz de la Fundación Mujeres, considera "enormemente significativa" la bajada en el año 2014, y destaca que este descenso consecutivo se inicia "precisamente cuando se aprueba la ley de plazos, con lo cual se consolida la idea de que una legislación no restrictiva hace bajar el número de abortos", explica en declaraciones a infoLibre. Soleto denuncia, además, lo "innecesario de la reforma del Gobierno", y recalca que la mejor forma de bajar el número de abortos no está "en poner barreras al acceso".

La portavoz de la Fundación Mujeres, por otro lado, matiza que la bajada responde a múltiples causas, pero destaca que "en cualquier caso, se está produciendo en el contexto de una legislación acusada de provocar abortos". Coincide con ella Carmen Miquel, quien lamenta que el actual Ejecutivo, ahora en funciones, haya reformado una ley "sin tener en cuenta los datos" y reivindica la libertad de las mujeres y su derecho a decidir.

Miquel denuncia, además, que "la crisis y las políticas neoliberales han hecho que la agenda económica esté por encima de los derechos humanos, y que los discursos patriarcales campen a sus anchas generando un caldo de cultivo, no sólo en España, sino en toda Europa".

Luis Enrique Sánchez también celebra los datos del Ministerio, que asume como "muy positivos, ya que confirman que la ley de plazos, aparte de asegurar el derecho de la mujer a decidir, ha tomado medidas para mejorar el acceso a anticonceptivos y la bajada de tasas de embarazo no deseado".

"Todos los que aseguraban que la actual ley iba a disparar el número de abortos, se han equivocado claramente", asegura Sánchez, quien además añade que la reforma de ley del PP "agravará la situación". Se trata, para el presidente de Planificación Familiar, de una medida "injustificada" que generaría "numerosos problemas entre las chicas jóvenes": "No tiene sentido, y no se puede consentir", concluye.

El presidente de la asociación antiabortista Más Vida, sin embargo, disiente de estos análisis. En conversación con este periódico, Álvaro Ortega asegura que los datos reflejan "un absoluto fracaso para la sociedad", y entiende como "un drama que en España sigan muriendo vidas inocentes e indefensas, y también lo es para la mujer que lo sufre". Aboga por la derogación de la ley de plazos, al "considerar el aborto como un derecho, cuando la Constitución defiende el derecho a la vida de todos los seres humanos", y sostiene que la reforma del PP "es un parche que no aborda las graves consecuencias de la ley vigente". 

Reprocha al Gobierno de Rajoy que "prometió impulsar una ley para proteger al concebido, como intentó Gallardón", por lo que dice sentirse "profundamente engañado y decepcionado". 


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