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Corrupción

La Fiscalía denuncia a UGT de Asturias por posible fraude en las ayudas públicas

  • El sindicato habría inflado el coste de sus cursos de formación a la hora de justificar las subvenciones que recibía por ellos
  • Tras hacerse público el fraude de los cursos de formación en Andalucía, una persona informó a la Guardia Civil de que se esta produciendo una situación parecida en Asturias

infoLibre Publicada 22/12/2015 a las 17:21 Actualizada 22/12/2015 a las 17:53    
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El secretario general de UGT Asturias, Julio Rodríguez Braga.

El secretario general de UGT Asturias, Julio Rodríguez Braga.

EUROPA PRESS
La Fiscalía del Principado de Asturias ha presentado una denuncia ante el Juzgado de guardia de Oviedo por el supuesto fraude cometido por UGT al gestionar las subvenciones públicas a través de su fundación, el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), según ha informado la Fiscalía y recoge Europa Press. El sindicato habría inflado el coste de sus cursos de formación al justificar las subvenciones que recibía por ellos. 

La Fiscalía ha solicitado al Juzgado la incoación de las correspondientes Diligencias Previas para el esclarecimiento y comprobación de los hechos y, a la vista de la pluralidad de hechos objeto de la denuncia, la abundante documentación que incluye y, por consiguiente, la propia dificultad de la investigación, pide además que se declare la complejidad de la causa, por lo que el plazo para su instrucción se prolongaría durante 18 meses, con posibilidad de prórroga.

Las diligencias se iniciaron en el mes de diciembre de 2014 tras un informe presentado en la Fiscalía Superior por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, denunciando una relación de hechos que podrían ser constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública (en referencia al delito de fraude de subvenciones) y otro de falsedad documental.

Los hechos se referían a una supuesta actuación fraudulenta en materia de subvenciones públicas llevada a cabo desde un tiempo no precisado, pero que se remontaría a muchos años atrás, por el sindicato UGT, a través de su fundación IFES, con sede en Madrid y con delegaciones territoriales, para la realización de actividades formativas y de estudios sociales.

En el informe se indicaba que los hechos guardaban semejanza con los que se estaban investigando en Sevilla. Precisamente, a raíz de la amplia difusión pública de esa información, la unidad policial habría recibido información por parte de una persona sobre la existencia de hechos similares relacionados territorialmente con Asturias.

A fecha de hoy, las diligencias practicadas han permitido aflorar a nivel indiciario diversas conductas aparentemente delictivas que justifican la formulación de la oportuna denuncia. Estos hechos se concretan en los aparentes sobrecostes en la justificación de las actividades formativas llevadas a cabo por IFES, en relación con las subvenciones públicas percibidas desde 2010 hasta 2013, enmascarados en algunas ocasiones con facturación presuntamente falsa.

Esto, en una primera calificación penal, podría ser constitutivo de un delito de fraude de subvenciones del artículo 308 y de otro de falsedad documental de los artículos 392, 390 y 74, todos del Código Penal, sin perjuicio de que esta calificación pueda sufrir alguna modificación a lo largo de la instrucción judicial.

La dificultad que ha entrañado la investigación no ha permitido practicar la totalidad de la prueba que se entendía necesaria para el completo esclarecimiento de los hechos pero la finalización del plazo previsto por ley para el desarrollo de las Diligencias de Investigación abiertas por la Fiscalía obliga al cierre de las mismas.

La dinámica desarrollada en el ámbito de las actividades subvencionadas, las relaciones y vinculaciones de las entidades y sociedades implicadas, todas ellas conectadas con el sindicato UGT Asturias, y los demás datos incluidos en las Diligencias, aconsejaban prolongar la investigación. De hecho, se libraron para ello diversos oficios, que a fecha de hoy están pendientes de conclusión. Por ello, a criterio del fiscal instructor de las Diligencias, es preciso judicializar la investigación y que la misma continúe en sede judicial para aquellos hechos que no han podido completarse.

Respecto a los posibles responsables de los hechos, no ha sido posible su plena individualización, que deberá concretarse a lo largo de la investigación judicial.


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