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Elecciones 20-D

Economistas Frente a la Crisis aboga por un pacto de los partidos de izquierda

  • Reclama un programa económico compartido
  • Este debería contemplar, entre otros asuntos, revertir las reformas y cambios laborales que desde 2010 y aumentar el salario mínimo hasta 750 euros mensuales

infoLibre Publicada 27/12/2015 a las 17:12 Actualizada 27/12/2015 a las 17:39    
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Captura del post de Economistas Frente a la Crisis tras el 20-D.

Captura del post de Economistas Frente a la Crisis tras el 20-D.

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Economistas Frente a la Crisis considera que "los resultados electorales del 20-D muestran que la ciudadanía desea un cambio de políticas y ha apostado mayoritariamente por opciones políticas que representan valores y políticas progresistas". A juicio de esta iniciativa impulsada por un grupo de profesionales procedentes de distintas disciplinas, "esto es un hecho que ni puede ni debe soslayarse y que de hacerlo defraudaría a la mayoría que ha votado para construir una nueva senda de progreso".

Desde Economistas Frente a la Crisis consideran que se dan las condiciones "necesarias y suficientes para iniciar un proceso en el que las fuerzas progresistas, desde el gobierno o desde el gobierno y la oposición al mismo tiempo, lleven a cabo ese cambio estratégico" en la política económica.

En este contexto, demandan a  las fuerzas políticas de izquierda que impulsen, "sobre una base programática que es común a todas ellas", la puesta en marcha inmediata de un programa económico compartido que contemple, al menos, las siguientes actuaciones de política económica:

Medidas para aplicar de manera inmediata:


1. Revertir las reformas y cambios laborales que desde 2010 han deteriorado nuestro mercado laboral y reducido los derechos de los trabajadores, y en especial la reforma laboral de 2012 y sus sucesivos desarrollos.

2. Aumentar el salario mínimo, con carácter inmediato, para 2016, hasta 750 euros mensuales, fijando una estrategia de aumentos anuales que tenga por objetivo la minoración de la pobreza laboral para el fin de la legislatura.

3. Introducir una renta mínima para las familias con mayores dificultades, al menos para los 722.000 hogares sin ninguna renta de origen laboral y extender las prestaciones por desempleo hasta alcanzar en el primer año, al menos, el 70% de cobertura por desempleo.

4. Poner en marcha un plan urgente de lucha contra la pobreza infantil que suponga la eliminación de estas situaciones.

5. Introducir los cambios legales necesarios para generar una situación de auténtica segunda oportunidad para los hogares morosos por impago de un préstamo hipotecario, paralizar los desahucios y/o asegurar el realojamiento de los que se produzcan, promoviendo paralelamente un parque público de vivienda en alquiler.

Medidas de “corto plazo”, que deben ponerse en marcha en un plazo de seis meses:

6. Derogar la reforma de las pensiones de 2013 e implementar medidas urgentes para obtener financiación suficiente a corto y medio plazo, evitando el vaciamiento del Fondo de Reserva.

7. Abordar una reforma fiscal que asegure más ingresos y una distribución de la carga tributaria más justa, atacando con decisión el fraude, pero también modificando las principales figuras impositivas de nuestro sistema para gravar más la riqueza, las rentas elevadas y las provenientes del capital. Se trata de recuperar la capacidad del gasto necesaria para, entre otros, acabar de manera inmediata con los recortes en la dependencia, la sanidad y la educación, e iniciar la reversión de las privatizaciones.

8. Promover una reforma energética basada en un uso creciente de las energías renovables y en el progresivo abandono de la energía nuclear, que tenga por objetivo la sostenibilidad en su doble dimensión económica y medioambiental. Se trata, en definitiva, de abrir con decisión la puerta de la Transición Energética hacia una economía crecientemente descarbonizada.

9. Recuperar los órganos reguladores sectoriales,
fortalecer su independencia de los intereses económicos bajo su supervisión, y crear una banca pública que garantice un flujo adecuado de financiación a las pymes incorporando exigencias de sostenibilidad ambiental. El ICO y el mantenimiento del control público de Bankia, junto con la recuperación de una supervisión independiente especializada, constituyen instrumentos que ya podrían ser puestos al servicio de una política orientada al cambio del actual modelo productivo, auténtico responsable de los problemas económicos estructurales de nuestro país.

10. Pactar una senda de reducción del déficit público que tenga como prioridad la creación de empleo de calidad y que se acomode a la evolución del crecimiento y no al contrario, construyendo una posición común frente a las instituciones europeas que permita, simultáneamente, que nuestro país pueda seguir financiándose en condiciones adecuadas. Para ello, es necesario revertir la reforma del artículo 135 de la Constitución Española y blindar constitucionalmente los derechos sociales.

Puedes consultar la declaración de Economistas Frente a la Crisis ante la formación del nuevo Gobierno en este enlace.


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