El letrado que demandó al Ayuntamiento de Madrid por incumplir la Ley de Memoria pide que testifique Carmena

El abogado Eduardo Ranz ratificó este miércoles la demanda interpuesta el pasado mes de noviembre contra el Ayuntamiento de Madrid en la que solicitaba que "se obligue" al consistorio de la capital a elaborar un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la dictadura y a que retire y redefina un total de 186 calles, 7 espacios públicos, 6 centros públicos y 1 placa de recuerdo homenaje. Además, en el escrito presentado ante el juzgado de lo contencioso-administrativo número 16 de la capital pide, como ya adelantó a infoLibre el pasado viernes, que testifiquen la actual alcaldesa de la capital, Manuela Carmena; la delegada de Cultura y Deportes, Celia Mayer; y el secretario general técnico del mismo área, José Enrique Martín Arahuetes.

El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, insta al consistorio madrileño a remitir de forma "completa" el expediente administrativo que ha incoado en virtud del derecho de petición ejercido por el letrado, al advertir de que no ha aportado hasta el momento los informes previos y la documentación que justifiquen sus "escuetas" respuestas. 

Después de que no obtuviesen respuesta afirmativa dos derechos de petición al consistorio de la capital para que procediese a la elaboración del catálogo de vestigios y al cambio de nombre de las calles, el abogado Eduardo Ranz –que ya ha denunciado por el mismo motivo a más de 60 alcaldes y a 15 Obispados y Arzobispados– interpuso el 24 de noviembre una demanda en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid. Tras admitirse a trámite, el juez le hizo llegar a Ranz el expediente administrativo del ayuntamiento el pasado 20 de enero.

"El Ayuntamiento tiene ahora dos opciones: oponerse a lo solicitado en la demanda, lo que supondría ser cómplices de la guerra civil y dictadura en el año 2016; o allanarse, dando cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica, y con ello solucionar un problema que tras 40 años de democracia subsiste en la capital de España", apunta el letrado a este diario. "Ellos sabrán, estamos a tiempo", sentencia.

Redefinición de 30 calles y retirada de vestigios

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid, por su parte, aprobó el pasado 22 de diciembre, con 36 votos a favor –Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos– y 19 en contra –PP–, que en un plazo de cuatro meses se elabore un plan integral para el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica –que será debatido junto con una declaración institucional de condena al franquismo– y que se propongan, en dicho texto, las modificaciones necesarias en el nomenclátor de calles y plazas de la capital. Además, ese mismo día la delegada de Cultura y Deportes, Celia Mayer, adelantó que Madrid empezará a aplicar la Ley de Memoria Histórica con la redefinición de 30 calles –23 de ellas coinciden con las recogidas en la demanda del abogado Eduardo Ranz– de 16 distritos y la eliminación de cinco vestigios. 

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El consistorio de la capital comenzó su retirada el pasado viernes, cuando quitó la placa conmemorativa del fusilamiento de ocho carmelitas en el cementerio de Carabanchel Bajo, que ha sido repuesta este miércoles después de que se desatará una gran polémica y el ayuntamiento tuviese que admitir que la retirada se hizo "por error". Además, el pasado lunes retiraron el monolito en recuerdo del Alférez Provisional y la lápida al falangista José García Vara. Finalmente, aseguraron que los próximos días harían lo mismo con otros cinco hitos a lo largo de la ciudad.

El grupo popular en el Ayuntamiento de Madrid amenazó con denunciar a Carmena y Mayer por un delito de prevaricación al retirar "a sabiendas de su injusticia" símbolos ajenos al franquismo. Finalmente, el PP comunicó este miércoles que suspendía su decisión después de que el Ejecutivo municipal recolocase la placa dedicada a los carmelitas.

Desde Ciudadanos, por su parte, anunciaron este miércoles que denunciarán ante la Comunidad la retirada de vestigios llevada a cabo en los últimos días al "afectar al patrimonio" de la ciudad, además de criticar a la delegada de Cultura y Deporte, Celia Mayer, que se haya erigido en "tribunal ideológico y revanchista", informa Europa Press. La portavoz de C's en el consistorio, Begoña Villacís consideró que el procedimiento penal no es el adecuado para este caso pero sí la vía administrativa. Las responsabilidades pedidas podrían conducir "a la inhabilitación" de Mayer porque "se han dado muestras suficientes para justificar que el encargado de tratar la Ley de Memoria Histórica, un tema tan sensible, no es el que debiera".