El patrimonio del delfín de Aguirre

La jueza exige a la Guardia Civil que explique el retraso en la investigación de la grabación sobre el ático de González

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La jueza de Estepona Laura Sánchez Díaz se ha dirigido a la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga para que le informen del motivo "de la falta de cumplimiento" de la orden emitida hace siete meses para que se investigara "la integridad y la autenticidad" de las grabaciones de la reunión que mantuvieron los comisarios José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño con el expresidente madrileño Ignacio González sobre la propiedad del dúplex de lujo.

El que fuera hasta hace un mes el número dos de Esperanza Aguirre en el PP madrileño hasta su dimisión secreta (conocida este domingo), mantuvo una entrevista el 29 de noviembre de 2011 con los comisarios. Villarejo, que según aseguró a la jueza de Estepona participó en la reunión por orden de sus superiores, sostiene quegrabó la entrevista "por interés policial". Y es precisamente esa grabación, aportada por el diario El Mundo, la que la Guardia Civil debe investigar por orden de la jueza.

En concreto, la anterior jueza del Juzgado número 5 de Estepona, Isabel Conejo, firmó el 15 de julio de 2015, hace siete meses, un oficio en el que reclamaba al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga que designara a funcionarios especializados para que efectuaran las comprobaciones necesarias "para verificar la integridad y autenticidad de unas grabaciones aportadas por la entidad editora del diario El Mundo, así como el modo de asegurar su conservación y custodia".

DVD del periódico

Días después, el 4 de agosto del año pasado, el secretario del Juzgado entregó el DVD aportado por el periódico. Pero siete meses después, la jueza se ha visto obligada a reclamar, tal y como consta en una providencia de 4 de febrero, que le remitan "el resultado de las comprobaciones que se les requirió", "o en su caso informen sobre los motivos de su falta de cumplimiento".

En el juzgado, el agente aseguró a la jueza que la Policía Judicial inició la investigación sobre el ático de lujo del expresidente madrileño Ignacio González tras recibir la información de un confidente del caso Gürtel que apuntaba que el político habría percibido dos millones de eurosdos millones de euros a cambio de una recalificación de terrenos en el municipio madrileño de Arganda del Rey.

"De manera discreta"

El comisario Villarejo, que declaró como testigo el pasado 1 de febrero, elaboró un informe policial que consta ya en el Juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad malagueña en el que explicaba los hechos: "Se le solicitó de manera discreta [a Ignacio González] la posibilidad de que facilitara los datos que confirmaran su situación de inquilino en dicho ático, a lo que se excusó en aportarlos, no recordando ni el nombre de su arrendador, ni la cantidad que abonaba en concepto de alquiler, ni por supuesto en que entidad abonaba dicho importe".

El inmueble, un dúplex de lujo, fue adquirido por el ciudadano mexicano Rudy Valner en nombre de la empresa panameña Coast Investors, cuya matriz es la también panameña, Waldorf Investments Overseas. Esta última sociedad mantiene vinculaciones en su constitución con la firma que aparece en Gürtel Golden Chain Properties, cuyo propietario es Francisco Correa, número uno de la trama Gürtel.

El agente Villarejo va más allá en su informe, y llama la atención sobre la actitud del entonces vicepresidente madrileño durante la entrevista que fue grabada: "Solo se limitó a solicitar ayuda para que no trascendiera que era el inquilino de una sociedad offshore, aunque en ningún momento se manifestó enfadado o al menos molesto ante la insólita situación, que suponía la reunión en sí, que fue solicitada por él, ni las preguntas realizadas en un contexto de duda ante cada respuesta".

Sin traducción

Pero la investigación de la Guardia Civil sobre las grabaciones no es, ni mucho menos, la única que ha sufrido dilaciones. En la providencia de 4 de febrero, la jueza también da cuenta de que desconoce si se han traducido una serie de documentos que pretende remitir al Reino Unido: "No encontrándose traducida al inglés la comisión rogatoria de Londres", que se había reclamado el 6 de noviembre pasado.

Por este motivo, Laura Sánchez Díaz pide que se remita de nuevo a la empresa Seprotec, que realiza traducciones para el Ministerio de Justicia, la documentación en la que se comunicaba a las autoridades de Estados Unidos información adicional sobre las cuentas corrientes desde las que se realizaron los pagos para comprar el ático de lujo en 2008.

Los continuos retrasos en las investigaciones y en las comisiones rogatorias, como estos dos nuevos casos, han sido la norma en la investigación del caso del ático de González.

Archivos borrados en EEUU

Estas dilaciones ya han tenido consecuencias en el procedimiento, tal y como consta en una respuesta de las autoridades de Estados Unidos, que el 21 de septiembre comunicó al juzgado que el banco no disponía de la información reclamada: "Trasmitimos esa información al U.S. Bank que, por desgracia, nos ha informado de que, aunque las cuentas en relación con las transferencias electrónicas estaban abiertas en el momento en que estas se realizaron, no existe ningún registro relativo a esas trasferencias dado que han sido borrados de los archivos del U.S. Bank en virtud de su política de conservación de documentos".

Precisamente el 6 de noviembre de 2015 la magistrada Isabel Conejo reclamaba a las autoridades judiciales de Estados Unidos que remitiera de forma urgente la documentación del caso: "Se solicita que se practique la diligencia solicitada a la mayor brevedad posible para evitar la prescripción del delito".

Consuelo Madrigal

Los retrasos en las pesquisas y en las comisiones rogatorias obligaron a intervenir a la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, que en marzo pasado aseguró que había pedido al embajador de Estados Unidos, James Costos, que agilizara la comisión rogatoria en Delaware de la que depende el avance en la investigación del ático del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en el juzgado de Estepona (Málaga). La comisión, tal y como adelantó infoLibre, llevaba año y medio sin ser resuelta.

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En este sentido, la jueza que investiga el caso del ático también da cuenta en su providencia de la suspensión de las declaraciones de los testigos Enrique Cerezo y del comisario Enrique Rodríguez Ulla. En el caso del presidente del Atlético de Madrid, que ha sido acusado por los extrabajadores de Telemadrid de un presunto trato de favor a González, el testigo excusó su ausencia en el Juzgado de Estepona por un asunto médico.

En el caso del comisario Rodríguez Ulla, su testimonio se suspendió al coincidir en el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid con la declaración como imputada de la tesorera del PP, Carmen NavarroCarmen Navarro.

Asimismo la jueza, ante las vinculaciones aparecidas con el caso Gürtel, ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción de Málaga si debe enviar su investigacion al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que instruye la causa contra la trama liderada por Francisco Correa.

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