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Corrupción política

El juez Castro solicita a la Audiencia Nacional la agenda de Granados con pagos del yerno de Villar Mir

  • En la agenda constan múltiples pagos de 300.000 y 400.000 euros efectuados por el empresario Javier López Madrid, yerno del presidente de OHL, al exgerente del PP
  • El magistrado cree que se amañó la contratación de las obras de un hospital en Baleares a favor de OHL y que luego la empresa financió de forma irregular la reforma de la sede del partido

infoLibre Publicada 18/02/2016 a las 14:03 Actualizada 18/02/2016 a las 19:12    
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El juez Castro, a su llegada a los juzgados el pasado sábado.

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, José Castro.

MONTSERRAT DÍEZ
El juez instructor del caso Son Espases, José Castro, ha pedido a la Audiencia Nacional que le remita el contenido de la agenda del exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, porque en ella constan múltiples pagos de 300.000 y 400.000 euros efectuados por el empresario Javier López Madrid, yerno del presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, al exgerente regional del PP Beltrán Gutiérrez.

El magistrado ha cursado esta diligencia para su investigación sobre el presunto amaño en la adjudicación de las obras del hospital de Baleares, Son Espases, y su posible relación con los trabajos de reforma de la sede nacional del PP, ubicada en la calle Génova de Madrid.

En concreto, bajo las iniciales "B.G", el encargado de las finanzas en la formación en Madrid figura en la agenda como el principal beneficiario. Las anotaciones fueron incautadas por la UCO de la Guardia Civil al presunto cabecilla de la operación Púnica y las pesquisas desarrolladas a raíz de su hallazgo han propiciado nuevas actuaciones, en este caso para esclarecer una presunta financiación irregular del PP de Madrid.

En la providencia dictada por Castro, el juez solicita asimismo cuanta información guarde relación con las obras llevadas a cabo, en concreto, en la primera planta de la sede del partido, que se encuentran en el punto de mira del instructor ante la posibilidad de que pudieran haber sido financiadas de forma irregular –sin coste alguno para el partido– por parte de OHL a cambio de resultar beneficiaria de la adjudicación de Son Espases. Unas obras que, sin embargo, acabaron en manos de Dragados, una de las filiales de Florentino Pérez.

Castro se compromete en su providencia, en caso de que estas investigaciones se encuentren bajo secreto, a abrir una pieza separada sobre estos hechos sobre la que igualmente será decretado el sigilo judicial a fin de no interferir en ellas.

En la misma resolución, el juez solicita a la Presidencia del PP que le informe de los trabajos de reforma llevados a cabo en la primera planta de la sede, y que le aporte estos datos junto al proyecto arquitectónico, el presupuesto, la licencia de obras, la empresa encargada de los mismos y las facturas que al respecto obren en su poder.

El instructor ya requirió al PP que presentara la documentación acreditativa de los pagos de las obras de remodelación llevadas a cabo entre los años 2002 y 2010 para profundizar sobre ello.

A finales del pasado año, el juez incorporó también al caso el auto con el que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata abrió juicio oral contra los extesoreros del partido Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, el exgerente Cristóbal Paéz y los socios del estudio de arquitectura Unifica, al considerar que la formación conservadora se habría nutrido de donativos ajenos a la contabilidad oficial con el fin de pagar, entre otros, gastos generados en campañas electorales, retribuciones y complementos de sueldo.

Es más, la resolución apuntaba a que el dinero opaco se empleó en el pago de distintos servicios y gastos en beneficio del PP como la realización de las obras de su sede central, en la que se abonaron 1,5 millones de euros en negro.

El PP entregó facturas por valor de 237.000 euros

El partido entregó facturas que ascienden a un total de 237.000 euros, si bien aseveró que no consta en sus archivos documentación que permita conocer cuáles fueron las empresas subcontratadas por los contratistas principales de la reforma.

Mediante un escrito, el PP explicaba que el inmueble fue adquirido por el partido mediante compraventa otorgada ante notario el 29 de marzo de 2006, fecha antes de la cual la formación era arrendataria del edificio. Fue tras la compra cuando, proseguía, se acometieron las obras de remodelación del mismo, siendo contratada para ello la empresa Unifica, cuyas facturas fueron en su día requeridas por la Audiencia Nacional en virtud de las investigaciones en torno a la presunta financiación ilegal del partido.

Comisiones de nueve millones

El juez Castro abrió esta nueva línea de investigación en el marco de la causa sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación de los trabajos del hospital, un proceso en el que, entre otros, se encuentran imputados el propio Villar Mir (OHL) y el expresidente de Baleares Jaume Matas.

Según la confesión efectuada en su día por el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Javier Rodrigo de Santos, el PP de Matas reclamó hasta nueve millones de euros a cambio de la concesión de las obras del hospital, que recayó finalmente, en diciembre de 2006, en manos de la unión de empresas liderada por Dragados tras un proceso que inicialmente se había decantado a favor de OHL.

OHL fue desbancada así como favorita después de que el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y el de Economistas variaran las puntuaciones inicialmente adjudicadas por la empresa privada Global PM. Preguntado por esta última empresa, De Santos explicó que se trataba de una mercantil afín al PP y, más en concreto, al exconseller de Interior y expresidente del partido en Palma, José María Rodríguez.

En su querella, admitida por Castro el pasado julio, el fiscal Horrach asevera cómo tras la "realidad formal" del proceso de adjudicación hay "una falsa apariencia de corrección y pulcritud, bajo la que subyacen maniobras criminales fraudulentas para manipular el concurso con finalidades espurias".

En cuanto a los presuntos autores de los hechos, el fiscal apunta que fue Matas quien "ordenó la manipulación del concurso" a través de la exconsellera de Salud, Aina Castillo, el exgerente del Ib-Salut Sergio Beltrán y el presidente de la Mesa de contratación, Juan Sanz –ya fallecido–, "para beneficiar ilícitamente" a la UTE liderada por OHL.

"Problema político" si no se adjudicaba a Dragados

Por su parte, Aina Castillo, quien también se ha prestado a colaborar con los investigadores, señaló del mismo modo que fue el propio Matas quien dio instrucciones para manipular el concurso, y que llegó a decirle que habría un "problema político" si la concesión no recaía en manos de Dragados, filial de ACS, presidida por Florentino Pérez.

La exconsellera relató cómo inicialmente Matas ordenó que la adjudicación se decantase a favor de OHL, si bien, cuando el supuesto trato de favor fue filtrado en la prensa, le comentó los inconvenientes que se producirían si una obra de tal "envergadura" no se adjudicaba a Dragados.
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