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Caso Púnica

La Guardia Civil denuncia el “uso espurio” que hizo Granados de su cargo de secretario general del PP de Aguirre

La entonces presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, escucha un comentario que le hace al oido el consejero de Presidencia, Francisco Granados, en un acto de partido en 2010.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil justificaron su petición al juez que instruye en la Audiencia Nacional la operación Púnica, Eloy Velasco, para acudir a la sede del PP madrileño y copiar los correos electrónicos corporativos de Francisco Granados, en el "uso espurio" que hizo de su cargo de secretario general del partido que presidía Esperanza Aguirre, según consta en un oficio de 14 de julio de 2015 dirigido al magistrado.

Este documento pertenece a una parte del sumario del caso Púnica, de la que el juez Velasco ha levantado el secreto de sumario y a la que ha tenido acceso infoLibre. Granados, que fue número dos de Aguirre entre 2004 y 2011, permanece en prisión preventiva desde el 31 de octubre de 2014. Los agentes de la UCO basan su opinión sobre la actuación de Granados en el PP madrileño "en los indicios que se vienen acumulando en la causa". Este es el principal motivo por lo que se consideran "de gran interés los correos electrónicos que haya podido mandar o recibir desde dicha cuenta corporativa".

Otros miembros del PP

La Guardia Civil consideraba que estos mensajes podrían "contribuir a aportar nueva información sobre instrucciones o comunicaciones que mantenía con otros representantes del partido en relación al favorecimiento de determinados empresarios en materia de contratación pública o urbanismo o cualquier otra información que revela la comisión de delitos de los investigados en el marco de las presentes diligencias".

Estas justificaciones convencieron al juez Velasco, que acabó enviando a los agentes a la sede del PP madrileño el 17 de julio de 2015 para que volcaran todos los archivos informáticos de la cuenta de correo corporativo de Granados [francisco.granados@pp.es], pero también de las de los exalcaldes José Carlos Boza Lechuga y José Miguel Moreno "al objeto de verificar que se han prevalido de sus cargos para el beneficio de terceras personas en la adjudicación de contratos públicos y en el desarrollo de promociones urbanísticas".

Cadena de correos

Precisamente una cadena de estos correos, incluidos en los nuevos tomos, muestra el distanciamiento entre los dos presuntos "cerebros" de la red corrupta: Granados y Marjaliza. El problema entre ambos tuvo su origen en la realización de unas operaciones de compra-venta de un chalet en Marbella (Málaga) cuyos gastos sufragaba Marjaliza, pero que sin embargo disfrutaron Granados y su mujer, Nieves Alarcón.

Unos días antes, el 9 de julio de 2015, el juez Velasco hizo otro requerimiento al PP madrileño de documentación que, según el oficio de los agentes de la UCO, "atestiguó la participación de Francisco Granados en la autorización del pago de unos trabajos facturados a Alejandro de Pedro al Partido Popular de Madrid".

"Peaje" a los empresarios

En el mismo sentido, el número dos de la trama Púnica, David Marjaliza, aseguró en su declaración al juez de la Audiencia Nacional que el presunto líder de la red corrupta, Francisco Granados, aprovechó sus cargos en la Comunidad de Madrid para controlar las ventas de suelo del Gobierno regional y la adjudicación de vivienda protegida y de obra civil, y solicitar "el pago de un peaje a los empresarios interesados en dichas adjudicaciones para la consecución de las mismas".

Esta confesión, que se conoce gracias a un escrito de 19 de noviembre de 2015 de la Fiscalía Anticorrupción dirigido a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, es solo una parte de las más de 13 horas de testimonio de Marjaliza, cuyo contenido permanece secreto, y por las que el juez Velasco acordó la rebaja de la fianza del número dos de la trama, ahora en libertad después de haber abonado una fianza de 100.000 euros.

Granados y su esposa Nieves Alarcón abrieron, según el sumario, una cuenta en la entidad financiera BNP Paribas con fondos procedentes de la entidad Credit Lyonnais en el año 2000, que fue cancelada en 2007, cuando sus cerca de 1,7 millones de euros se transfirieron a otro depósito abierto en Suiza en la entidad UBS a nombre de la sociedad costarricense Droz&Co, cuyo beneficiario era su socio, David Marjaliza.

Canal de Isabel II

Asimismo, los nuevos tomos del sumario redundan en los indicios conocidos hasta el momento sobre la presunta utilización del Canal de Isabel II como intermediario en el pago en negro a las empresas del informático Alejandro de Pedro por sus trabajos de reputación online para el Ejecutivo madrileño y su expresidente Ignacio González. Las empresas de De Pedro –Eico y Madiva–, recibieron una "facturación ficticia" a través de dicha empresa pública, según varios testigos del caso Púnica.

En su declaración como testigo, Agustín, el hermano pequeño de Alejandro de Pedro, aseguró que los 140.000 euros que le debía la Comunidad de Madrid por los trabajos de posicionamiento online se iban a abonar con cargo a un contratista del Canal de Isabel II, contralado por Ignacio González.

Documentos manuscritos del gerente de Aguirre contienen apuntes de la presunta caja b de la campaña de 2007

Por otra parte, del sumario de la Púnica también se desprende que el chalet de lujo situado en Valdemoro (Madrid) que fue encargado y construido –pero cuya adquisición no llegó a materializarse– por Francisco Granados fue un regalo del constructor Ramiro Cid, según un informe de la UCO, que añade que este empresario ha sido promotor de suelo y vivienda de en la localidad "y adjudicatario recurrente de ventas de suelo público con ese fin".

Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, afirmó este jueves que no ve "ninguna novedad" en las últimas informaciones aparecidas sobre la supuesta relación del Canal de Isabel II con empresas de la trama Púnica y defendió que la empresa pública de aguas "nunca ha pagado facturas infladas".

"No veo ninguna novedad, ni nada en esa noticia. El Canal de Isabel II nunca ha tenido una inspección de ordenadores y documentación por la Guardia Civil, el juzgado que instruye el caso no ha pedido ninguna documentación al Canal de Isabel II", señaló.

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